La junta directiva de la Asamblea Legislativa discute modificar el decreto transitorio de retiro voluntario de la institución para asegurar que quienes se acojan a él no tengan que pagar impuestos sobre la renta por la compensación obtenida. Este sería el último paso de un episodio que comenzó con el descubrimiento de que la mayoría de los más de mil 600 empleados del parlamento son contrataciones hechas por los partidos políticos y, en gran parte, innecesarias.
Con 72 votos, la Asamblea Legislativa aprobó hace un mes el decreto de retiro voluntario para sus empleados. Los parlamentarios establecieron que aquellos empleados que se acogieran a él gozarían de una compensación económica, según el tiempo de servicio prestado, que va de un mínimo de dos salarios hasta un máximo de 12 salarios, siempre que no rebase los 30 mil dólares.
La decisión choca con el espíritu de la modalidad bajo la cual la mayor parte de empleados se incorporó a las oficinas legislativas: no por Ley de Salarios, sino por contrato. El régimen de contrato se debería aplicar cuando el trabajo en una institución es excepcional, no permanente y, por lo tanto, la institución empleadora puede dar por terminada la relación laboral cuando acaben las razones por las cuales se hizo la contratación, sin ningún cargo económico para el empleador.
Cuando se hizo pública la situación, a finales de enero pasado, prácticamente todos los dedos de los mismos diputados apuntaron al pecenista Ciro Cruz Zepeda Peña, entonces presidente del parlamento, como el principal responsable del clientelismo laboral en la Asamblea. Sin embargo, la ley interna del Órgano Legislativo también obliga al resto de directivos a dar el visto bueno a todas las contrataciones en la institución.
Roberto Lorenzana, vicepresidente de la Asamblea por el FMLN, explicó que hasta el jueves 8 de marzo se tenía cuenta de 100 empleados que se habían acogido al decreto. “Ha existido dudas alrededor de si se tiene que pagar o no impuesto sobre la renta en la compensación. Para que no haya confusión se están discutiendo cambios”, reconoció el diputado efemelenista.
Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea Legislativa, también del FMLN, aseguró que todo es una cuestión de términos: cambiar la palabra compensación por la de bonificación. El cambio permitiría que aquellos empleados que se acojan al decreto, según el monto de dinero que obtengan, no paguen entre el 10% y el 30% de impuesto sobre la renta.
Según el artículo 4 de la Ley del impuesto sobre la renta, solo son no grabables las compensaciones que reciben por el desempeño de sus funciones los diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales de países extranjeros. En cambio, la misma normativa establece que no se cobrará impuesto sobre la renta a las bonificaciones por retiro voluntario que no excedan de un salario básico de 30 días por cada año de servicio.
Reyes se excusó de valorar el éxito del plan de retiro voluntario, el cual pretendía ser parte de un proceso de racionalización de los recursos financieros del órgano legislativo y reducir la planilla del parlamento, que aumentó en 536 plazas entre 2010 y 2011.
“Hay personas que ya han planteado su renuncia voluntaria en los términos que el decreto establece (…) Pero es muy temprano para valorar los resultados del mismo”, dijo Reyes.
