El desarrollo de la civilidad, que nos determina, ha estado marcado por la aceptación de obligaciones y deberes para tener, así, pleno acceso al ejercicio y beneficio de los derechos. No podría haber sido en el sentido contrario; pertenecer y ser protegido en una comunidad implica acatar las disposiciones generales de convivencia y de ser; incluso, para gozar del paraíso eterno se debe cumplir el precepto de los Diez Mandamientos.
¡Pagaré los impuestos siempre y cuando esté de acuerdo en qué se gastarán! proclaman desde el sector empresarial. En el sector del transporte condicionan su desempeño a la no aplicación de la ley; desean que sean el DUI y el NIT los documentos que los califiquen como conductores, exigen que la PNC suspenda la supervisión de los conductores, paralizan el servicio en respaldo a la ilegalidad, en fin, evidencian la ausencia del Estado en el ordenamiento ciudadano. Estos son ejemplos del pasivo asumido por las nuevas autoridades gubernamentales. La actitud de estos sectores evidencia los grados de involución en la civilidad; también, son indicadores de la necesidad de una nueva comunidad, de nuevas y ágiles normas de pertenencia y de convivencia.
Abordar la superación de este pasivo es potestad de todos los que queremos beneficiarnos de la estabilidad social que proveen nuevas formas de cooperación y solidaridad, de los que disfrutaremos de los logros económicos, es potestad de la sociedad en pleno. Debemos construir nuestra convivencia. Lastimosamente no existe la punta del ovillo que nos indique el quid del que hacer, todas las situaciones adversas debemos resolverlas al unísono; todas estas situaciones son los resultados históricos del régimen económico-social que ha estado rigiendo las relaciones entre los salvadoreños. Por ello, es muy saludable, para el proceso de transición, la convocatoria que realizó el Presidente Funes a personas y partidos políticos a fin de constituir un sistema consultivo.
El criterio de urgencia, para abordar la superación de este pasivo de la sociedad, está formado por el ineluctable compromiso político de reducir la inestabilidad social, por un lado, y, por otro lado, el país está formando parte del andamiaje de la política exterior de la Administración Obama –conjuntamente con Brasil y Chile. Hemos sido convocados a las grandes ligas, la tarea es mantenernos en las grandes ligas sin necesidad de enviar contingentes de soldados a acompañar aventuras militares de otros países en otros países.
La iniciativa del Presidente Obama está sustentada en la Directiva Presidencial sobre la Política para el Desarrollo Mundial; quizá, el considerando principal, de esta Directiva Presidencial, es el de la Estrategia de Seguridad Nacional. En www.america.gov puede leerse: “Por medio de una agresiva y positiva agenda de desarrollo y recursos adecuados, podemos fortalecer a los socios regionales que necesitamos que nos ayuden a detener conflictos y contrarrestar redes delictivas internacionales; consolidar una economía mundial estable e inclusiva con nuevas fuentes de prosperidad; impulsar la democracia y los derechos humanos; y finalmente posicionarnos para enfrentar de mejor manera los principales desafíos mundiales al aumentar la cantidad de estados prósperos, capaces y democráticos que puedan ser nuestros socios en las décadas venideras”.
Los potenciales condiciones que tiene nuestro país, ha llevado a la Administración Obama a considerarnos como uno de los “socios regionales”. Ahora bien, nuestra política es mantenernos en esa categoría; y, por ser parte de esa categoría política, obtener los mejores y mayores beneficios a través de convertir las potenciales condiciones en concretas y tangibles condiciones que beneficien a los más desposeídos, “los eternos indocumentados… los tristes más tristes del mundo,”.
Es oportuno, entonces, hacer registro del aporte de la ciencias sociológicas. En Hacia un nuevo orden estatal en América Latina la Tesis 2 (de veinte que se exponen) plantea que “La reestructuración de la economía mundial implica una inevitable reinserción en ella de los países latinoamericanos. Tal reinserción puede ser devastadora si se da a través del mero incremento de la capacidad exportadora a costa de la desorganización de la matriz productiva interna. Para volverla fecunda, el Estado y los actores sociopolíticos deben combinar un necesario incremento de las exportaciones con una endogeneización del desarrollo.” Para defender esta Tesis los autores argumentan que “Cuando la articulación con la economía internacional es más difícil de resolver o se resuelve perversamente, por condiciones económicas o políticas negativas, el costo social será más alto. En cambio, cuando el Estado tiende a racionalizarse y a tener mayor eficacia en sus políticas, tanto de articulación con la economía externa como de regulación e integración de actores en el sistema de toma de decisiones, mediante procesos de negociación, pactos o intercambios políticos, los costos sociales también serán menores y los procesos de reinserción socialmente más sólidos. Tal racionalización implica entre otros aspectos perfeccionar el sistema impositivo, eliminar selectivamente los subsidios al sector empresarial privado y público y fortalecer y crear mercados.”
En teoría política del Derecho de Integración se sustenta que para la resolución de la interrogante ¿Quién quiere integrarse conmigo? se debe partir de cimentar el conglomerado de condiciones internas que permitan navegar en el mar de la interdependencia y del intercambio mutuamente beneficioso. Se requiere ser un sujeto político-económico interesante y no necesariamente interesado.
Sí así son las cosas, ¡estamos haciendo buen camino!
