Por la noche, el patio principal de la cárcel de Mariona es una foto en blanco y negro. Se trata de una explanada rodeada de cercos, de filosos alambres y vigilada por una torreta que más que alumbrarla, la escruta. Los internos están enjaulados por la noche y el patio queda vacío. Desde el interior, Mariona zumba y grita. Manfred Chelenbarguer es el encargado de la infraestructura del sistema penitenciario nacional. A él, un particular juego de pelota, que se desarrollaba en este patio, le había metido en un quebradero de cabeza: “¿Ve aquella casa?”, me preguntó, señalando una chabola detrás del cerco de la prisión. “Desde ahí lanzaban pelotas al patio y al caer aquí desaparecían de inmediato. Venían rellenas de droga”. Tuvieron que hacer más alto el cerco y destinar patrullas de policías y de soldados para controlar los goles que les metían desde la chabolita.
Ahora estoy sentado con Ceily Pérez, la directora del penal de Metapán, hablando de un juego parecido al que me explicaba antes Chelenbarguer. Le comento que según los internos de este penal, a ellos también les pueden pasar pelotas desde fuera. Y Ceily ríe, asintiendo.
Todo aquí tiene un tono menos dramático. Si un preso se asoma por el muro que delimita el ínfimo patio de esta prisión, puede ver a los alumnos de la escuela municipal; y si ese mismo preso, en el fragor del “fútbol macho”, le mete a la pelota una mala patada, esta irá a dar a la escuela, donde un estudiante con un poco de muslo podría regresarla. Total, presos y estudiantes son vecinos y unos y otros pueden gritarse para pedir los balones.
Que las cosas sean menos dramáticas no quiere decir que sean menos serias. El tema de los balones de fútbol es la regla 13 de las 62 que ha elaborado, por ejemplo, el sector 4 del penal de Metapán: “Quien perdiera la pelota deberá cancelarla en un máximo de ocho días”. Los ocho días son para dar margen a que algún estudiante la devuelva.
Cada cierto tiempo, en los sectores se postulan candidatos y los presos votan en una especie de comicios internos en los que se elige al representante y al segundo representante. Asimismo se aprueban las leyes de cada recinto. Siguiendo con el reglamento del sector 4 –que es el más estricto-, se castiga, por ejemplo, desde no lavar los utensilios de cocina (tienen cocinas con todos los aperos necesarios) hasta tatuarse, pasando por desordenar el turno del uso del control remoto (tienen televisores de plasma con un servicio de cable de más de 60 canales), “darse a las bromas y luego pedir respeto”, discutir de forma “acalorada”, contarle a las autoridades sobre la vida interna del recinto o “intimidar o aprovecharse” de los nuevos. “De la reja para acá, nosotros mandamos”, me dijo sonriente Mármol, un reo con el físico de un boxeador de pesos completos.
Voy a ponerle una trampa a la directora Ceily: “¿Y ustedes saben qué hacían sus internos antes de llegar aquí?” Se gira en su silla y levanta el teléfono para repetirle la pregunta al alcaide. En seguida tengo ante mí un gráfico de pastel impreso en una hoja. En un país donde la norma es que el perfil de los internos sea completo misterio, tal como lo reveló El Faro el pasado febrero, la velocidad de este trámite parece magia. El gráfico mismo aclara el asunto: el 98% de los 219 huéspedes de esta cárcel se dedicaban a cinco oficios: 150 policías, 36 militares, 25 ex funcionarios públicos, 3 vigilantes privados y un sacerdote. A estos se les suman cuatro internos más que han rebotado en el recinto por ser familiares de personas con algunos de esos oficios.
Desde 1996, esta cárcel fue destinada exclusivamente para albergar a ex policías y a otros que, por el trabajo que realizaban, corrían serio peligro en cualquier otro penal. Si asumimos -como lo hace el director general de centros penales, Douglas Moreno- que en El Salvador quienes realmente tienen el control de las cárceles son los reos, resultará que la de Metapán está controlada por una población penitenciaria mucho más educada que el resto.
Las primeras cifras del sistema penitenciario extraídas de un inédito censo de ocho cárceles, indican que solo el 17% de los internos terminaron el bachillerato. En esta prisión, en cambio, el 70% son al menos bachilleres, puesto que es requisito para ser agente policial. La mayoría de los internos de Metapán estaba habituado, antes de ser apresados, a la disciplina marcial y a convivir –muchas veces en régimen de acuartelamiento- con extraños; a imponerse normas de convivencia.
El promedio de hacinamiento carcelario del país es del 300%, es decir que donde debería haber un preso hay tres. Algunos reclusorios son ejemplos de mayor sobrepoblación, como Cárcel de Mujeres, donde hay cinco internas en el lugar de una. En Metapán, “solo” hay 39 reos de más. Dicho de otro modo, donde se supone que caben cuatro, hay cinco. Aún así, lo reducido de este edificio obliga a algunos a dormir a cielo abierto, porque no caben en los dormitorios; pero en ningún caso comparten catre o colchoneta, o duermen en el suelo, o en diminutas hamacas que penden de cualquier rincón, o de pie, cerca del inodoro, como suele pasar en otras prisiones.
La lista de particularidades sigue: el último motín aquí ocurrió cuando los reclusos anteriores a 1996 se enteraron de que serían desalojados para ubicar a policías; no ha habido un solo muerto o lesionado de gravedad por riñas internas; nunca se ha denunciado ninguna extorsión desde el interior; jamás se ha detectado a algún visitante introduciendo droga, ni se ha descubierto sustancias ilícitas en el interior, mientras que las dos únicas veces que se detectó celulares dentro, fueron denunciados por un interno. Aquí no hay necesidad de apartar a los reos condenados por el delito de violación, para evitar que sufran un destino siniestro. En Metapán los mismos presos sirven de maestros a otros menos educados y ocho se han graduado como pastores del Tabernáculo Bíblico Bautista para oficiar actos religiosos a sus compañeros.
Pese a todo lo anterior, la cantidad de personas que gozan de la fase de confianza solo son 15. En parte porque el equipo técnico de este penal, que es el responsable de evaluar a quienes han cumplido suficientes años como para aspirar a este beneficio, fue despedido en abril del año pasado. Las autoridades aseguran que los miembros del equipo eran sospechosos de dejarse sobornar para otorgar beneficios, o de venderlos directamente. Del equipo técnico, que por ley debe estar formado por un abogado, un trabajador social, un sicólogo y un pedagogo, solo sobrevivió la abogada. El problema es que ella sola no consigue el quórum suficiente para tomar decisiones y la directora se ha visto en la obligación de recurrir a préstamos: el penal de Santa Ana presta a su trabajadora social y el de Sonsonate a su sicólogo. Con dificultades consiguen reunirse solo una vez a la semana, lo que dilata el análisis de cada reo durante meses.
Los representantes de los internos creen que si hubiera un equipo técnico completo habría tantos internos gozando de beneficios alternativos, que el penal estaría por debajo de su capacidad, pero Douglas Moreno no está convencido: “Por tener mayor educación, tienen más juicio crítico y eso les permite fingir mejor. Ellos dicen que están listos para la reinserción, pero ellos saben manipular mejor que otros internos. No piense en ellos como policías. Ahí dentro la mayoría son asesinos o secuestradores”.
Los números no dejan mentir. La directora Ceily no solo tiene a la mano las estadísticas de los oficios que desarrollaban los internos, sino también otro cuadro bien detallado: la de los delitos que cometieron. El 55% de ellos son homicidas, secuestradores o violadores.
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El ex director de ANDA, Carlos Perla, vive en la Colonia Escalón y duerme en el segundo nivel de un camarote, en el que más vale ser ordenado en el sueño o tener los huesos duros. Una vuelta de más y el durmiente acabará en el piso. En su cama hay unas sábanas desordenadas, unos sprays para el asma y un ventiladorcillo redondo que quizá conseguirá refrescarle la cabeza en medio de este vaho oloroso y caliente.
En la particular nomenclatura del recinto, la Colonia Escalón queda justo frente a la Colonia Tutunichapa. El primer sector se ganó ese apodo porque tiene el privilegio de albergar a solo 25 internos y si se le compara con “La Tutu”, el aire es más respirable y el laberinto interno de cortinas y catres mucho más fácil de descifrar. Entre ambas colonias hay un pequeño patio con una cocinita de dos hornillas, el televisor de plasma que decora una pared y unos lavaderos. Ahí pasa sus días Perla, agobiado por su asma, aguardando su turno para usar el control remoto, como todos los demás.
Aunque Perla es sin duda el más célebre de los habitantes de este lugar, no es el único que ha generado portadas o abierto noticiarios. En parte porque algunos de los crímenes cometidos por ellos son mucho más complejos que los cometidos por el común de los reos del país, y por otro lado, porque casi todos comparten otra gran particularidad: de alguna manera se había depositado confianza en ellos. Confianza para que administraran nuestro dinero; para que nos protegieran, para que fueran nuestros guías espirituales... y, en cambio, nos robaron, nos secuestraron y mataron o nos violaron. Por eso sobre sus delitos suele haber más conmoción y un señalamiento que los ha hecho más noticiosos… o al menos más espectaculares.
Fue noticia, por ejemplo, que el padre Carlos Hernández era orientador espiritual en un colegio salesiano de Santa Ana. Fue noticia que cada cierto tiempo mandaba llamar a un niño con el pretexto de aconsejarle y fue noticia que abusó de él, que lo violó, y que cuando se supo perseguido, huyó de la ley durante dos años. Hasta que se entregó y fue condenado a 26 años y ocho meses por violación agravada y agresión sexual agravada en perjuicio de un menor.
