El fiscal general, Romeo Barahona, reveló a la Asamblea Legislativa que los daños ocasionados por la fábrica Baterías de El Salvador (Récord) en el cantón Sitio del Niño, en San Juan Opico, tienen un valor de 3 mil 964 millones de dólares.
Barahona visitó a la comisión legislativa especial que investiga la contaminación por plomo producida por la fábrica, que fue cerrada hace tres años. El funcionario aprovechó para solicitar a los diputados apoyo de 100 mil dólares para contratar a peritos extranjeros que puedan seguir con las investigaciones de campo.
Los casi 4 mil millones fueron determinados después de una evaluación inicial que realizaron peritos del laboratorio internacional Ana Lab Corporation, personal del Ministerio de Salud y del Ministerio del Ambiente, que evaluaron la contaminación en el aire, el agua, la tierra y los habitantes en un radio de mil 500 metros en el cantón Sitio del Niño.El valor pecuniario del daño es casi tan grande como todo el presupuesto general de la nación durante un año, y equivale a una cuarta parte de todo lo que El Salvador produce en el mismo período.
El documento también plantea que hasta 2008 el número de denuncias presentadas en la Fiscalía por los habitantes de la zona ascendía a 65, en las que se compilan 115 personas como supuestas víctimas, siendo todas estas interpuestas bajo el delito de contaminación ambiental agravada y lesiones.
En la reunión, Barahona justificó la participación de los peritos internacionales alegando que en el país no existían laboratorios que pudiesen evaluar la contaminación por plomo. Y añadió que para poder terminar la investigación es necesario contratar nuevamente a peritos que evalúen la zona a profundidad, para lo que es necesario un refuerzo presupuestario de 100 mil dólares.
Esta nueva solicitud de financiamiento que hace Barahona se suma a las que hizo con anterioridad en otras áreas, como los 22 millones que solicitó para el centro de intervenciones telefónicas, el aumento de 4.7 millones de dólares en el presupuesto de 2011 y los 19.2 millones para la implementación del nuevo Código Procesal Penal.
En cuanto al proceso judicial, la Fiscalía solicitó que a los imputados Ronald Antonio Lacayo, Sandra Cecilia Lacayo y José Ofilio Gurdian Lacayo no se les envíe a prisión. Todos estos fueron directores de la sociedad Baterías de El Salvador en diferentes períodos de 2003 y están acusados de contaminación ambiental agravada e infracción de reglas de seguridad, a quienes además se les realizó un embargo de 141 millones 900 mil dólares.
Barahona también detalló el gasto institucional en que la Fiscalía ha incurrido producto de la investigación del caso, el cual asciende a 233 mil 327 dólares. Entre estos están los servicios de laboratorio internacional valorados en 208 mil 418 dólares y los pasajes y viáticos de los peritos extranjeros valorados en 22 mil 782 dólares.
La comisión, liderada por el diputado Orlando Arévalo, citó a Barahona con el fin de solventar dos de los objetivos que dieron lugar a la creación de la misma: conocer a quién le corresponde indemnizar a las personas que salieron afectadas por los altos niveles de plomo en la sangre y saber quién será el responsable de retirar la escoria y cenizas de plomo que continúan contaminando el lugar. Barahona explicó a los diputados que en ambos casos la resolución será conocida hasta que el proceso está concluido, ya que ambas situaciones serán determinadas mediante sentencia.
La explicación de los niveles de escoria y ceniza de plomo estuvo a cargo de Bruno Urbina, jefe de la Unidad de Ambiente de la Fiscalía. Urbina expuso que la cantidad de escoria y cenizas que se encuentra decomisada dentro de la bodega de la fábrica es de 8 mil 446.24 metros cúbicos. Este volumen equivale a un cubo de un poco más de 20 metros por lado.
Asimismo, Urbina manifestó que como Fiscalía no se puede tomar ningún tipo de resolución por el momento, dado que estos restos tóxicos están bajo decomiso y que todavía representan un valor, dado que se pueden neutralizar para poner a la venta el plomo, lo que significa que los dueños continúan siendo los representantes legales de Baterías de El Salvador y serán estos los que decidan qué hacer con los residuos.
La vista pública del caso está prevista para el 30 de mayo de este año y se espera que para ese entonces se definan los aspectos de indemnización y retiro de escoria.
