¿La Sala de lo Constitucional puede juzgar decisiones tomadas por 15 magistrados de Corte Plena? Es un debate de filosofía del derecho que en la mayoría de países del mundo está resuelto: los tribunales constitucionales son la última instancia de un país para reclamar justicia. En El Salvador, este debate empezó cuando los magistrados de la Sala de lo Constitucional que asumieron en julio de 2009 intentaron desempolvar numerosos procesos abiertos contra Corte Plena que los tribunales anteriores simplemente habían decidido engavetar.
Formalmente, la disputa entre magistrados que ahora ha llegado a manos de la Fiscalía General, se centra en una serie de demandas contra Corte Plena originadas en despidos de varios empleados del Órgano Judicial. El caso más antiguo se remonta a 1996 y después de 15 años el máximo tribunal aún no lo han resuelto. Pero esa es la explicación formal de la disputa.
Cuando los nuevos magistrados comenzaron su trabajo anunciaron que una prioridad iba a ser atacar la mora judicial en el máximo tribunal del país. Entre la tarea no hecha por sus predecesores encontraron numerosas demandas contra la Corte y centenares de expedientes de denuncias de corrupción o anomalías contra jueces que nunca habían prosperado. Además, en el área administrativa se encontraron con un despilfarro y abuso de recursos en favor de los magistrados, y con una red de corrupción que se manifestaba con la venta de plazas de trabajo en la misma Corte Suprema.
Dado que la presidencia del Órgano Judicial y de la Corte Suprema recae en quien ejerce la presidencia de la Sala de lo Constitucional, cuando Belarmino Jaime comenzó su plan de recorte de prebendas y de medidas contra la corrupción, pronto se encontró con la resistencia de algunos de los otros magistrados de la Corte. En este proceso hubo incluso enfrentamientos verbales tensos entre algunos de ellos, que terminaron poniendo a los cuatro nuevos magistrados en un bando y a Ulices del Dios Guzmán y otros ocho magistrados en el otro.
En septiembre del año pasado, los magistrados aseguraron en una entrevista con El Faro que algunos de sus colegas protegían a jueces acusados de corrupción y eso dificultaba las posibilidades de depurar el Órgano Judicial. El cisma también se produjo cuando llegó el momento de desenterrar las demandas contra la Corte.
Hace dos semanas, nueve magistrados pidieron al fiscal general, Romeo Barahona, que abra la puerta para que la Asamblea Legislativa realice un antejuicio a los magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González. Los demandantes piden a la Fiscalía investigar si sus compañeros han cometidos delitos al atribuirse la posibilidad de juzgar las denuncias contra la misma Corte.
Si la demanda prosperara, la Fiscalía podría llegar a determinar que hay delito que perseguir y, por lo tanto, la Asamblea Legislativa tendría que abrir un antejuicio que podría terminar incluso con destitución.
Ahora, un coro de organizaciones cívicas y de la academia de todo signo ideológico se alza para pedir respeto a la institucionalidad y, de paso, asegurar que a quienes han demandado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional los mueven sus intereses personales.
El martes, un heterogéneo conjunto de organizaciones de diferentes tendencias acudió ante la Fiscalía para pedir que desestime la demanda. Consideran esta como un hecho inédito en la historia democrática del país que pone en riesgo la institucionalidad de El Salvador. Esta petición la rubricaron las universidades José Matías Delgado, Tecnológica, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, la Iniciativa Social para la Democracia, Fusades, ANEP, MIRE, Fundaungo, la Cámara de Comercio, el ex presidente de la Corte Suprema Domingo Mendéz y el Centro de Estudios Jurídicos.
Un día antes, el lunes, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas hizo una declaración pública defendiendo a los magistrados y acusando a los demandantes de servir a intereses ajenos a la justicia. En el comunicado, la UCA califica la iniciativa de los nueve magistrados como una ofensiva contra la Sala de lo Constititucional que beneficia intereses particulares: 'Como suele suceder con las personas e instituciones que trabajan de cara a la verdad y la justicia, hoy los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional son víctimas de ataques y acusaciones. Todo parece indicar que hay un acuerdo amplio para librarse de estos funcionarios que han resultado tan incómodos. Y el trabajo lo están realizando sus pares magistrados de la CSJ, quienes ya en el pasado se han mostrado muy dispuestos a servir a los poderes fácticos del país.'
El pronunciamiento señala que la motivación detrás de la demanda de los nueve magistrados tiene como punto de partida la 'incomodidad' que han provocados sus sentencias a 'poderes fácticos': 'Sus sentencias han declarado inconstitucionales prácticas de los principales poderes del Estado: el traspaso de recursos no ejecutados del Presupuesto General a la Presidencia de la República; la elección de los diputados por medio de listas cerradas y bloqueadas, y la imposibilidad de candidaturas independientes; y el monopolio de la investigación que ostenta la Fiscalía General de la República.'
El Procurador General para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, se unió al coro de defensores de la Sala y pidió que el caso se resuelva en Corte.
Además, este miércoles, se sumaron otras tres universidades, una ONG adicional y cuatro gremios de jueces. La Mesa por la Justicia Penal, que aglutina a todas esas, declaró en un pronunciamiento público que las razones reales que tienen los magistrados acusadores son celos profesionales respecto de sus colegas, aparte de resentimiento por las medidas anticorrupción que los demandados impusieron al llegar a sus cargos. 'Algunos de ellos se creían con el derecho de ser quienes debían constituir la Sala de lo Constitucional y además ejercer la Presidencia de la Corte; segundo, que no estuvieron ni están conformes con las acciones de depuración administrativa emprendidas por el actual presidente; tercero, porque se ha puesto en el conocimiento público el nepotismo, abanderado incluso por algunos de los magistrados denunciantes, imperante en el Órgano Judicial; y, por último, pero no menos importante, es el malestar causado por algunas medidas de contención (aunque todavía no de supresión) del despilfarro de los recursos públicos en dicho Órgano del Estado', dijo la Mesa en su boletín.
La Mesa denuncia que esos mismos magistrados que ahora piden la intervención de la Fiscalía son los responsables de una campaña de boicot al trabajo de Corte Plena y los vincula a las amenazas de destitución que han cobrado voz en partidos políticos como el PDC. 'Todo porque estos cuatro magistrados han decidido asumir con responsabilidad la función jurisdiccional que les ha encomendado la Constitución', dice el organismo.
La Mesa la integran las facultades de Derecho de la Universidad de El Salvador y la de la Universidad Evangélica. También la Universidad Monseñor Romero, Fespad, y cuatro asociaciones de jueces y magistrados del país.
Ulices del Dios Guzmán, uno de los magistrados que más se ha enfretando a los cuatro de la Sala de lo Constitucional, dice que es un caso que debe resolver la Fiscalía. Cuando se le pidió que explicara qué sospechas de comisión de delitos tienen se rehusó a hacerlo: 'No puedo opinar sobre algo que debe resolver otra institución', dijo a El Faro.
¿Dónde nace el caso que delibera el Fiscal General? El origen de la disputa que ha trascendido hasta la Fiscalía empezó por un empleado despedido. El uno de marzo de 1996, la Corte Suprema de Justicia destituyó por “faltas graves” a su jefe de Finanzas, Hugo Zelaya Monteagudo. El funcionario despedido argumentó que sus faltas nunca fueron probadas y que nunca tuvo derecho a defenderse. Sus argumentos los hizo formales ante la misma mesa de 15 magistrados que componen Corte Plena, esos mismos que lo destituyeron.
El de Hugo Zelaya es el más viejo de los expedientes, solo uno de más de 22 casos similares: funcionarios judiciales destituidos por la Corte Suprema de Justicia que alegan que fueron despedidos injustamente. El grueso de estos casos llegó en 2002, luego de que “el informe Vidales” reveló que había jueces, abogados y empleados del Órgano Judicial con títulos falsos o irregulares.
“El informe Vidales” es una investigación realizada por mandato del Fiscal General de la República, quien nombró como fiscal especial a Roberto Vidales. Dicha investigación determinó, entre otros hallazgos, que había jueces, abogados y empleados del sistema judicial que habían obtenido su título académico de forma irregular. En unos casos se acusó de estafa a las universidades y en otros a los estudiantes, por hacer trampa.
La mesa de 15 magistrados de la Corte Plena, esa que conforman los magistrados de cuatro Salas, empezó a acumular expedientes de empleados y abogados que la acusaban de actuar injustamente. Y en lugar de resolverlos, los magistrados simplemente los fueron engavetando. Cada caso con sus particularidades. Hasta 2009, ni uno de estos casos había sido discutido formalmente en Corte Plena.
En 2009, después de nueve años de administración de un solo presidente de la Corte, Agustín García Calderón, estrenaron silla en la Sala de lo Constitucional los nuevos magistrados, que pronto denunciaron que habían encontrado un derroche y abuso de recursos de parte de sus compañeros y de sus predecesores, así como una red de corrupción consentida por las anteriores administraciones.
El primer enfrentamiento entre los cuatro nuevos empezó con el debate por cómo gastar el dinero de Órgano Judicial.
Después siguió el enfrentamiento por la política de austeridad promovida por Belarmino Jaime: rebajar de 600 a 300 dólares el dinero para gasolina que recibe cada magistrado, recortar el número de carros asignados a cada uno, de tal manera que en lugar de dos o tres, cada magistrado solo pudiera disponer de un vehículo del Estado.
Jaime también encomendó a un magistrado, Sidney Blanco, investigar los principales vicios de corrupción en la Corte Justicia. Este descubrió que era una práctica generalizada dentro de la Corte la venta de puestos de trabajo. Hallaron que la jefa de recursos humanos vendía por hasta 5 mil dólares plazas dentro de la Corte. La investigación llegó a la Fiscalía General, que hasta el momento no ha avanzado en el caso.
Estos magistrados pronto se ganaron el mote de 'Los 4 fantásticos' o 'Los 4 jinetes del Apocalipsis', según la valoración sobre su trabajo. No solo por sus sentencias, sino también por el talante con que llegaron a la Corte Suprema de Justicia en julio de 2009, pontificando sobre probidad y denunciando abusos en el Órgano Judicial y en la misma Corte. La primera gran sentencia que emitieron, en julio de 2010, abrió la puerta a las candidaturas no partidarias y a las listas abiertas para diputaciones; otra eliminó el uso discrecional y arbitrario de la famosa partida secreta de la Presidencia de la República, y una más puso límites a los medios de comunicación en el uso del derecho a la libertad de expresión para salvaguardar el derecho al honor y a la buena imagen de los individuos.
El debate por el caso de Hugo Zelaya comenzó hasta enero de 2010. Desde entonces fue un combate formal por atribuciones. Dentro de la Corte ya es conocido como Corte versus Corte. El funcionario destituido en 1996 era lo de menos, los magistrados de Corte Plena, alegaron que la Sala de lo Constitucional no podía ser juez y parte. Los magistrados de Corte Plena se quejan de exceso de atribuciones para cuatro magistrados. Los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional defienden que tras 10 años de archivar expedientes, es necesario resolver casos como el de Zelaya.
La Sala de lo Constitucional alega supremacía como tribunal constitucional y que no tienen por qué inhibirse de conocer las demandas, ya que aunque la demanda es contra la Corte Plena de la que ellos forman parte, ellos no se sienten aludidos porque no eran magistrados cuando llegaron las denuncias. Los nueve magistrados de Corte Plena dicen que no y por eso llevaron una demanda a la Fiscalía, el 1 de abril pasado. En un principio, eran once contra cuatro, ahora son nueve.
En Corte Plena es una cuestión de correlaciones. Después de 21 meses de haber llegado a los cargos los magistrados demandados, el máximo tribunal está dividido así: en un lado de la mesa están Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Marcel Ortestes Posada y Mirna Perla. En el otro, Ulices del Dios Guzmán, María Luz Regalado, Mario Valdivieso, Miguel Ángel Cardoza, Rosa María Fortín, Miguel Trejo, Lolly Claros, Evelyn Núñez y Néstor Castaneda, único de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional que es de la administración de Agustín García Calderón y que ha votado disidentes en las sentencias recientes de la Sala.
