Opinión /

Ciudadanos y votantes


Domingo, 3 de abril de 2011
Carlos Calles

Es muy probable que la situación política que se está perfilando en el país no sea la óptima, pero es mucho mejor que la existente. Los regímenes autocráticos estructuran sus políticas, y los correspondientes mecanismos de implementación y de ejecución, inspirados en sus intereses particulares; están convencidos de que los intereses generales se fortalecen y desarrollan en el devenir de las satisfacciones de los gobernantes y apoderados del poder. Esta manera de hacer gobierno no nos es extraña a los salvadoreños, es la que prevalece; pero también es la que se está conjurando de nuestra convivencia política.

Tocqueville expone que “la democracia no da al pueblo el gobierno más hábil, pero crea lo que el gobierno más hábil es a menudo incapaz de hacer: esparce por todo el cuerpo social una inquieta actividad, una fuerza abundante y una energía que no existe jamás sin ella, y que, por poco que las circunstancias sean favorables, puede engendrar maravillas.”

El satisfactorio cumplimiento de los acuerdos, político-económicos, que conllevan la visita del Presidente Obama, abonará en la fortaleza de la inflexión política que se ha configurado en nuestro país; pero el ejercicio político va más allá, es la construcción de la sociedad en la que la participación de la población dote de la requerida soberanía política para navegar en la turbulenta interdependencia económica. También para afrontar el cómo encarar las crisis energética, climática y de seguridad alimentaria.

La participación consciente está en relación directa a cómo las comunidades se perciben en su rol de ciudadanos, no puede ocultarse que una gran parte de pobladores se perciben solamente como electores y que, por lo tanto,  como su accionar se limita solo cuando hay procesos electorales, desatienden el desenvolvimiento de los gobiernos, pero acunando descontentos por insatisfacciones. Insatisfacciones que son generadas por la retroalimentación entre desconocimiento y la no administración del deseo.  Esta práctica además de mantener vigente el divorcio entre la agenda institucional o gubernamental y  la agenda social o pública, aumenta su distancia provocando los conocidos niveles de aceptación o rechazo al accionar gubernamental que están registrados en el Latinobarómetro y en otras mediciones de gobernabilidad y/o calificación del desempeño gubernamental. Ante la presión hostil de los “insatisfechos reclamantes” se recurre a modelos, teorías y tecnologías que han demostrado ser eficaces en otras circunstancias; convirtiéndose las organizaciones gubernamentales de todo nivel en acopiadores, pero sin la certeza de qué se quiere resolver y qué puede resolverlo; manteniéndose los problemas públicos en la incertidumbre y la irresolución.

Varias investigaciones determinan que innumerables programas de modernización del Estado y de la práctica política han fracasado debido a que en sus etapas iniciales se ha perdido el respaldo público; por estas investigaciones se ha determinado que estos programas han carecido de la construcción de viables alianzas políticas para superar los legítimos rechazos que atentan a la sustentabilidad de los proyectos.

Si asumimos como hipótesis general de que en cuanto mayor sea la disparidad entre los dos tipos de agenda, mayor será la intensidad y frecuencia de conflictos dentro del sistema político; entonces para elevar los niveles de sincronización debemos de:

  1. hacer acopio de herramientas teórico-política para la comprensión de que definir un problema es de alguna manera delimitar la probabilidad, tipo y alcance de su solución;
  2. trabajar en la comprensión de que sí es cierto que la agenda institucional es del gobierno, los problemas que la componen se originan en el sistema político;
  3. establecer que el trabajo de generalización de intereses y solución de conflictos, civilizado y civilizatorio, político, es la razón de ser y la función social propia del ámbito público, que por definición y dinámica, es (debe ser) igualmente accesible a todos los ciudadanos que quieran presentar y justificar sus demandas, sin discriminación, privilegios, fueros y monopolios; y
  4. establecer que para que un asunto tenga acceso a la agenda institucional necesita cumplir los requisitos:
    1. que sea objeto de atención amplia o al menos de un amplio conocimiento del público;
    2. que una buena parte del público considere que se requiere de algún tipo de acción; y
    3. que a los ojos de los miembros de la comunidad la acción sea competencia de alguna entidad gubernamental.

De lo anterior se desprende que se debe difundir la información. Para expandir la información, argumentar la evidencia, persuadir de su conveniencia en el gran público, es de gran importancia particular el uso generalizado de las nuevas tecnologías de difusión de información y conocimiento. Pues la calidad, la gestión, lo oportuno y la prontitud son claves determinantes para que la información se convierta en el insumo de competitividad tanto para los demandantes como para los oferentes de soluciones públicas a problemas sociales.  

Las cuestiones definidas genérica y sencillamente, sin tecnicismos, que presentan aspectos nuevos y de significación duradera para grandes números de población, son las que tienen mayor probabilidad de expandirse al gran público y de involucrarlo. Así, la atención constante y sistemática del cuerpo electoral será efectiva para convertirle en sujeto que en forma progresiva toma conciencia del por qué vota y para qué vota, ¡tiene disponibilidad de defender su voto!; se desarrolla como sujeto político crítico de las políticas públicas que se diseñan e implementan, son ciudadanos en el goce del derecho político de decidir. Es allí y entonces cuando se generan las maravillas a las que aludía Tocqueville, es como podremos revertir la vulnerabilidad que caracteriza la actualidad salvadoreña.

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