El país está en un punto crítico, en el cual hay que tomar trascendentales decisiones. Conviene, entonces, escuchar las voces ciudadanas y los lamentos de miles de madres de familia por el presente y futuro de sus hijos. En este sentido y para evitar la ansiedad colectiva, hay que reconocer que -en la vida de los salvadoreños- la palabra crisis ha sido una constante: terremotos, inundaciones, sequías, epidemias, sabotajes, conflictos y migraciones. Las alarmas de emergencias suenan frecuentemente.
Una crisis no le asusta a los connacionales. Lo que le estremece a los ciudadanos son las frases trilladas de innumerables dirigentes políticos frente a la actual crisis. El tiempo apremia. Los timbrazos les están sonando a los partidos políticos para construir un proyecto de país. Una opción es crear un mecanismo de cooperación pública-privada para edificar El Salvador que queremos. También se sugiere leer la realidad nacional con un enfoque integral (dimensión política, económica, social y ambiental) y establecer prioridades de inversión pública para los próximos veinte años.
Área Política: El país tiene un considerable capital sociopolítico (acuerdos de paz, elecciones, movimientos sociales, alternabilidad, libertad de expresión y más), lo que sucede es que los partidos políticos le están dando la espalda al proceso de mundialización y localización que se lleva a cabo a escala planetaria. Al encerrase en las “cuatro paredes del Centro de Gobierno”, la gestión pública es condicionada por el calendario electoral y la obtusa disputa por el control del aparato estatal. La ciudadanía sigue pasiva y con temor a represalias. Para muestra un botón: el presidente estadounidense, Barack Obama, fue a visitar este año la cripta de San Romero cuando miles de compatriotas aún tienen aprensión de hacerlo.
Área Económica: El PIB crece poco y las finanzas públicas están en aprietos. La inversión extranjera directa apenas llegó a 200 millones en 2010. Las remesas familiares crecieron 2% en 2010 y se espera que aumenten 5% en 2011. Los precios de azúcar y café muestran una positiva tendencia, al contrario del petróleo y los alimentos. Los precios de la canasta básica siguen al alza y se deteriora la economía familiar. El déficit fiscal (con pensiones) es 4.2% y la deuda pública 51.5% del PIB. La carga tributaria es aproximadamente 14% del PIB y la meta es subirla al 17%, lo cual demanda un pacto fiscal. Sin ello no hay proyecto de país. Sin crecimiento tampoco.
Área Social: La pobreza se reduce por dos vías (1) acceso a servicios básicos (educación, salud, vivienda, agua y saneamiento), y (2) creación de empleo y mejora del ingreso familiar, lo cual requiere de políticas de estado, de un proceso de descentralización y del fortalecimiento de las capacidades subnacionales. La regeneración del tejido social local es una acción preventiva que debe ser parte de la lucha contra la pobreza y del desarrollo local sostenible, y dejar de ser una pieza funcional de la estrategia de combate a la delincuencia e inseguridad.
Área Ambiental: El deterioro del agua, la pérdida del suelo fértil, el caos urbano y la vulnerabilidad socioambiental son señales suficientes para elaborar y aplicar una política y una ley de ordenamiento y desarrollo territorial. Estos temas siguen a la cola de la gestión pública y se continúa pensando que basta y sobra con legislar, cuando lo que se requiere son capacidades técnicas y financieras a nivel nacional y subnacional para ejecutar las políticas y cumplir las leyes. En concreto, los timbrazos más fuertes suenan alrededor del rescate del río Lempa, el fortalecimiento de la matriz energética y la modernización del sistema de transporte colectivo.
