Ya he explicado en una columna anterior que, en el campo de la seguridad ciudadana, la teoría preventiva distingue entre la prevención de la delincuencia y la prevención del delito; y que cada una de estas estrategias profilácticas tiene sus propios objetivos, métodos y responsables directos.
En pocas palabras, la prevención de la delincuencia persigue que menos personas (especialmente niños, niñas y jóvenes) desarrollen conductas delictivas; en cambio, la prevención del delito busca que se cometan menos hechos delictivos. El éxito del primer tipo de prevención se formula en términos de “menos delincuentes”; por el contrario, el éxito del segundo tipo se plantea en términos de “menos delitos”. Así de sencillo.
Con relación específica a la prevención de la delincuencia, la cual se suele conocer también con el nombre de prevención social de la violencia y la delincuencia (en una suerte de expresión extensa, redundante y abigarrada), se dice que, en un sentido general, esta se viabiliza a través de una adecuada política social.
Estas diferenciaciones teóricas son cada vez menos desconocidas en El Salvador. De hecho, uno de los intentos más ambiciosos –hasta ahora– de organizar y fortalecer el trabajo del Gobierno en la línea de la prevención social de la violencia y la delincuencia ocurrió en el año 2007, en la Administración Saca. Ese año se diseñó el llamado Plan Nacional de Prevención y Paz Social, el cual estaba compuesto por seis ejes estratégicos: 1) Familia y Educación; 2) Comunidad y Salud Pública; 3) Ordenamiento Urbano y Seguridad Vial; 4) Desarrollo Laboral y Empleo; 5) Espacios Públicos y Recreación, y 6) Atención de Factores de Riesgo Directo.
La institución directamente responsable de coordinar la ejecución de ese plan era el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, con el acompañamiento estrecho de la Secretaría de Juventud y del CNSP. Estas tres instituciones debían articular las acciones de un poblado grupo de instancias gubernamentales, entre las que se encontraban: la PNC, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, la Comisión Nacional Antidrogas, el INSAFORP, el FISDL, el ISDEMU, el CONCULTURA, el ISNA, el INDES, el Ministerio de Defensa y el ISTA.
Aquel esfuerzo fue notable en cuanto al diseño de una política pública de prevención social de la violencia y la delincuencia. Sin embargo, como acostumbra suceder con estas iniciativas tan desmedidamente ambiciosas, no fue posible pasar con éxito del diseño del plan a su implementación coordinada y eficaz. Pareciera que la dificultad de integrar una estrategia visionaria con una táctica operativa es parte del inventario permanente de las necesidades de la institucionalidad pública del país.
Entonces, como hoy, saltaron preguntas típicas de este tipo de procesos de coordinación interinstitucional a gran escala, como por ejemplo: ¿Cómo se hace la prevención social de la violencia y la delincuencia? ¿Y quién es responsable en primer orden de garantizarla? Estas interrogantes aún deben ser respondidas por el actual Gobierno, el cual pareciera estar en la misma necesidad de organizar de mejor forma el trabajo de prevención que lleva a cabo.
En cuanto a la primera pregunta, si damos por cierta la noción teórica de que la prevención social de la violencia y la delincuencia se hace viable por medio de la política social, esta debe apuntar a promover el desarrollo humano. Así, la política social contribuye indirectamente a prevenir un amplio conjunto de “problemas sociales”, entre los que figuran: la pobreza, el hambre, la falta de educación, el inacceso a la salud, la desigualdad de género y, por supuesto, la violencia y la delincuencia (los Objetivos de Desarrollo del Milenio son un buen ejemplo de los propósitos de una completa política social).
De ese modo, la prevención social sólo de la violencia y la delincuencia es una pretensión que puede confundir. Es más, pretender que la política social esté enfocada a atender con exclusividad el problema de la violencia y la delincuencia implica caer en el error de “criminalizar” esta política.
Teniendo en cuenta que las políticas sociales típicamente incorporan ejes de trabajo en materia de salud (individual, familiar y comunitaria), educación, vivienda, desarrollo urbano, empleo, recreación, etcétera, cabe hacerse la segunda pregunta: ¿Quién es responsable en primer orden de garantizar la prevención social de la violencia y la delincuencia impulsando la política social? Y de inmediato salta la interrogante: ¿Qué hace el Gabinete de Seguridad Pública conduciendo ese tipo de esfuerzos? ¿Acaso eso no le compete al Gabinete Social?
Fácil respuesta: el Gabinete de Seguridad Pública no tiene por qué andar dirigiendo el trabajo de prevención social de la violencia y la delincuencia. En todo caso, este debería de apoyar las iniciativas que se realicen en esa línea. Pero, en el fondo, eso es un trabajo del Gabinete Social (el cual se complementa y robustece con la participación decidida del resto de la sociedad, en un esquema de corresponsabilidad de la acción preventiva).
No cabe duda de que la crisis delictiva que vive el país es una situación excepcional, frente a la cual es preciso disponer de medidas igualmente excepcionales (tanto en el plano preventivo como represivo). Para ello, conviene recordar que así como hay tipos de prevención también hay tipos de políticas sociales.
Es probable, por ejemplo, que al país le convenga pensar su política social orientándola a dar atención especial –no exclusiva– al problema de la violencia y la delincuencia. De ser así, el Gabinete de Seguridad Pública tendría una función consultiva clave que cumplir con relación al Gabinete Social. No obstante, aun cuando fuese verdad, esto no debiera implicar que haya que cambiar de responsable directo de la ejecución de la política social, puesto que eso solamente serviría para desarticular la estructura administrativo-organizacional del Gobierno.
Ahora bien, ¿cuál tipo de prevención sí debe impulsar el Gabinete de Seguridad Pública? Pues la prevención del delito, la cual se realiza por medio de acciones tales como: anticipar al delincuente, aumentar la presencia policial, incrementar la eficacia de la Policía, vigilar a personas sospechosas, controlar los lugares propicios para la perpetración de crímenes, entre muchas otras.
Mientras este desorden conceptual y –como consecuencia– administrativo no se corrija, más esfuerzos como el del Plan Nacional de Prevención y Paz Social quedarán en el papel, con buenos documentos de diseño de políticas públicas de prevención pero con una pobre implementación de las mismas. La débil implementación de estas políticas se debe, entre otras cosas, a complicaciones administrativas y organizacionales de las instituciones de Gobierno, entre las que se encuentran algunas tan básicas como la inadecuada identificación de las instancias responsables de las acciones concretas.
En 1998 apareció uno de los primeros documentos serios sobre prevención de la violencia y la delincuencia escritos en el país. El texto se titulaba La Prevención de la Delincuencia Juvenil en El Salvador: Hacia la Formulación de una Política Social Integral, y fue escrito por el equipo técnico del CNSP. Desde entonces, han surgido decenas de programas y proyectos en esta línea. Según el Mapeo de institucionalidad pública, instituciones no gubernamentales y cooperación internacional en temas de seguridad y prevención de la violencia en América Central, presentado por el BID el año pasado, se estima que en este momento en El Salvador existen en marcha alrededor de 22 proyectos importantes en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.
¿Cómo le ha ido al Gobierno en la ejecución de sus programas y proyectos preventivos? ¿Qué resultados se han alcanzado? ¿Se han invertido inteligentemente los fondos utilizados? Por lo pronto, ni siquiera sabemos con exactitud a quién hay que hacerle estas preguntas.
