Bienvenidos de vuelta a la realidad cruda y peluda. Corresponde ahora atender los asuntos más relevantes de la vida nacional. Hambre, por un lado. ¿Qué proponen los aspirantes a cargos de elección popular en Guatemala para atender la desnutrición crónica? ¿Esperar a que la economía crezca lo suficiente para que los alimentos lleguen algún día a quienes carecen de ellos?
Violencia, por la otra parte. ¿Cuán lejos debemos y podemos llegar los guatemaltecos en el combate al narcotráfico? ¿Tenemos que someternos a las políticas dictadas desde Washington?
En el tema de la desnutrición hay por lo menos un sistema ya diseñado en el país con la pertinencia necesaria. Otra cosa es que el gobierno actual haya preferido desestimarlo y, por lo tanto, desfinanciarlo.
En el segundo tema hay una discusión nacional pendiente. Guatemala carece de los recursos necesarios para afrontar el combate al narcotráfico y cuenta con prioridades tan urgentes como la de atender el hambre de miles de sus pobladores.
Pero al mismo tiempo, el Estado necesita marcarle un alto a la pe-netración del crimen organizado en sus instituciones y establecer un nivel mínimo de control sobre su territorio. Trazarse estos modestos objetivos, sin embargo, requiere de una inversión incesante. Si el Estado carece de una Policía medianamente profesional y de un Ejército apto para estas tareas, ¿cuánto tiempo y dinero requerirán para alcanzarlos? Y, luego, ¿cómo habrá de mantenerlos constantemente capacitados y libres de contaminación de la mafia?
Esto sin haber entrado a considerar aún que el precio por rescatar a las instituciones y por recuperar de manera permanente el control del territorio supone un costo en términos de violencia que el país aún no encara de manera directa. Si usted atiende el debate público en México, ese país se encuentra en medio de una batalla desesperanzadora.
Los medios recogen expresiones de rechazo a la política antinarcóticos del presidente Felipe Calderón. Hay manifestaciones públicas constantes en diferentes ciudades. Los críticos del Gobierno sostienen que el país se ve envuelto en una guerra inútil porque el rescate de territorios y de instituciones son logros efímeros. La participación del Ejército mexicano en las operaciones provoca rechazo. Se cuentan por docenas los casos documentados de abusos de militares contra civiles.
Para México, como para Guatemala, esta es una guerra injusta y absolutamente desigual. Los estadounidenses demandan las drogas, con su dinero financian y arman a las organizaciones de traficantes, les permiten lavar buena parte de sus ganancias y sin embargo exigen a sus vecinos que luchen contra el trasiego. Algún dinero brindan para el combate más allá de sus fronteras, entrenan a las fuerzas antinarcóticos y luego las denuncian por cometer atropellos. Pero en América Latina no parece existir la convicción de que es necesario encontrar junto a Estados Unidos una salida más razonable a esta guerra. ¿Es ese el papel que nos corresponde jugar como nación? ¿Propiciar un debate regional auténtico respecto al tema? Para eso, sin embargo, tendríamos primero que tener convicción sobre nuestros límites y nuestra capacidad de alcance. Discutir internamente este tema.
