Opinión /

Lo público y lo privado


Martes, 26 de abril de 2011
Carlos Calles

Es en el escenario de la lucha por el poder donde mejor se explayan las capacidades y cualidades no muy sacras de las personas; los niveles de sacralidad dependen del cómo se ha estructurado la lucha política por el poder, para ejercer gobierno y, así, establecer la concepción de sociedad que tienen y diferencia a las partes. La marrullería es una astucia tramposa o de mala intención –tal como la define la Real Academia de la Lengua- que es denunciada por los adversarios de quienes la realizan; como toda cualidad o calidad humana depende de la otredad, son categorías que no existen per se, existen en y definen a las relaciones entre personas humanas, existen al ser calificadas por otros y/ o por los receptores de la acción.

Si esta práctica se realiza en un escenario estrictamente de la política, los contendores tienen que proveerse de la correlación de fuerzas y las herramientas necesarias para evitar que se realice, por un lado; y si, por otro lado, se realizara, tener capacidad para revertir y derrotar esa práctica. En caso contrario, reconocer la derrota coyuntural, táctica o estratégica. Pero si se entrelazan escenarios, usualmente se recurre a la descalificación moral del marrullero acusándolo de innoble, patético, de doble discurso, y otros muchísimos más desacreditantes epítetos. Quizá por ello, Samuel P. Huntington asegura que las culturas carentes de una firme separación entre religión y política, entre los dominios espiritual y secular, “no son hospitalarias para la democracia”.

Recurrir al escenario de la moral para utilizarlo en las confrontaciones políticas, es recurrir a la sensibilidad religiosa del gran público para desprestigiar al contendor y así corroer su fuerza; en este sentido, el profesor de ciencias políticas de la Universidad de Chicago, Stephen Holmes, sostiene que la despolitización del conflicto religioso va acompañada por la desacralización del conflicto político. Con ello se logra la fuerte separación de los ámbitos público y privado; los grados de separación entre estos ámbitos están en relación directa al grado de madurez de la ciudadanía.

En los Estados Unidos hay un fuerte enfrentamiento entre los Republicanos y los Demócratas en torno al presupuesto; los primeros dominan la Cámara de Representantes y los otros el Senado. El presupuesto es el debate coyuntural;  el leitmotiv, el esencial motivo,  es el tipo Estado. Los Republicanos pelean por un Estado reducido en una sociedad en la que la prestación de servicios sea ofrecida por la empresa privada, los Demócratas por un Estado que preste servicios en el marco de políticas sociales. La actitud republicana está inspirada en concepciones del Tea Party que está a favor de una austera agenda de «gobierno pequeño» frente a los percibidos excesos presupuestarios de los demócratas a costa de los contribuyentes.

Para imponer los intereses Republicanos, estos han recurrido al chantaje contra la Administración Obama condicionando la aprobación del presupuesto; marrulleramente consiguieron llegar al límite temporal del  8 de abril para lograr las reducciones en el gasto público, sí para ese fecha no hubiera habido acuerdo las oficinas «no esenciales»  habrían cesado sus funciones. Según los entendidos, en 1995 Bill Clinton supo administrar de mejor forma una situación semejante, pese a tres semanas de cierre de oficinas federales. Esta marrullería es similar a las demandas, que en su momento, hizo ARENA, a través de Alfredo Cristiani, al presidente Funes en torno también a la aprobación del presupuesto.

En esta pugna Republicanos–Demócratas, que es un enfrentamiento político por el carácter del Estado, se realiza con más de algún eufemismo pero sin recurrir a las descalificaciones morales; ello es debido a que el desarrollo de la vida política estadounidense ha producido y madurado un fuerte contraste entre lo público y lo privado que impide que los antagonismos políticos se cristalicen en oposiciones religiosas y viceversa. El resultado obtenido favorece a los intereses republicanos, por lo que algunos o muchos programas sociales serán afectados perjudicando a los más indefensos y, más preocupante, a los más necesitados, entre ellos la comunidad inmigrante de latinoamericanos.

En el ámbito político salvadoreño y dadas las condiciones de desarrollo de la vida política en nuestro país, en donde no tenemos muy bien delimitado el ámbito público del privado, no sorprende que ARENA califique de injusta e inmoral la inclusión de GANA  a conformar las Juntas Receptoras de Votos; tampoco sorprenderá los calificativos con los que nominaran al interesante eufemismo de “interpretación auténtica del Código Electoral”. Para tener un acercamiento cabal en entender los acontecimientos políticos de El Salvador y por qué no los de Estados Unidos, debemos dimensionarlos en lo específicamente político. Escenario que se caracteriza por la dicotomía amigo-enemigo; dicotomía semejante a la moral del bien y el mal, a la dicotomía estética de lo feo y lo bello, o lo económicamente lucrativo y no lucrativo. Carl Schmitt lo describe mejor: “el enemigo político no tiene que ser moralmente malo, ni tiene que ser estéticamente feo…. Basta que sea existencialmente distinto y ajeno en una forma particularmente intensa. Así, en circunstancias extremas pueden ocurrir conflictos con él. Estos son conflictos que no pueden resolverse ni por referencia a una normas comúnmente sostenidas ni por la intervención de una tercera parte desinteresada y, por tanto, imparcial.”

Es con ese marco de referencia  planteado por Schmitt que se resolverá la puga entre Republicanos y Demócratas en Estados Unidos; ahora bien, para efectos domésticos en El Salvador debemos construir la acción ciudadana que abra paso y dé piso a que las marrullerías reduzcan su frecuencia y, cuando aparezcan, aporten al desarrollo de la civilidad. Así modificaremos la práctica establecida por tantos golpes de estado, fraudes y negaciones a los derechos políticos de la población. En ello, el crucial rol pedagógico de los medios de comunicación es ayudar a demarcar el ámbito público del privado.

La posible declaración de inconstitucionalidad por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema del decreto del 2005 que mantiene vivos al PCN y al PDC; también lo actuado por la Fiscalía en torno a los hechos delictivos del ex- ministro de Salud Maza, son elementos por los que podemos sentirnos estimulados y saber que el camino a mejores condiciones de convivencia política –sin muchas marrullerías- se está desbrozando por el accionar de la justicia en El Salvador.

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