El director general de Centros Penales, Douglas Moreno, aseguró el martes que el hacinamiento en el sistema nacional de cárceles es tal que se verán obligados a dejar de admitir reclusos durante al menos cuatro o cinco meses.
Ahora mismo hay al menos 700 personas que guardan detención en las bartolinas de la Policía y que deberían estar en una de las 19 cárceles del país. Se trata de reos contra quienes un juez ordenó cárcel mientras se les investiga y que no han podido ser admitidos en ninguna prisión.
Basado en las previsiones de presos que van a quedar en libertad en las próximas semanas, Moreno asegura que el sistema podrá asumir a esas 700 personas en unos 15 días, pero que luego deberán cerrar sus puertas a nuevos huéspedes: “Podemos admitir a los 700, pero luego vamos a tener que esperar unos 4 o 5 meses para poder admitir nuevos internos”.
Según los cálculos de la dirección de Centros Penales, cada mes hay un promedio de 350 reos más en el sistema, que deberán permanecer en las bartolinas policiales. Esto implicaría que al cabo de cuatro meses, la PNC custodiaría a 1 mil 400 presos en sus bartolinas, lo que provocaría una situación insostenible para la Policía.
En julio del año pasado ocurrió una situación parecida, pero el período de rechazo de reos en las cárceles fue poco mayor a una semana. Y en ese lapso la Policía sufrió porque se vio forzada a lidiar con la carga de mantener en bartolinas a los reos, con todos los gastos que eso implica, como alimentación y custodia.
Según el subdirector de Seguridad Pública, Hugo Ramírez Mejía, la situación esta vez ya metió en aprietos a la Policía, en parte porque tienen que destinar más elementos para custodiar a los internos y en parte porque no cuentan con los recursos para ofrecer las condiciones mínimas.
“Se nos han ido llenando las bartolinas a nivel nacional, no caben, los reos se resisten e impiden que ingresen más reos. ¡Es un problema grave de insalubridad, enfermedades! Es una saturación de detenidos, no tenemos condiciones para darles alimento, los parientes a veces llevan alimento y los comparten, pero nosotros no tenemos los recursos para mantenernos así”, comentó Ramírez.
El director de Centros Penales asegura que ha estado haciendo propuestas de solución al hacinamiento desde hace dos años, sin que estas hayan hecho mayor eco en sus jefes. “¿Y yo cómo quieren que haga si el sistema es para 9 mil internos y ya vamos a llegar a los 25 mil? Se van a matar, es incontrolable, ya no caben”, argumentó.
El hacinamiento en las cárceles del país es superior al 300% y en algunas prisiones, como la de Chalatenango -donde se apiñan cerca de 1 mil 500 presos en un espacio para 600- se han visto en la obligación de hacer dormir a los internos en los pasillos del penal, lo que hace imposible tener control del mismo incluso durante las horas de encierro.
Moreno propone declarar una situación excepcional y promulgar un decreto de emergencia que le permita a los jueces liberar reclusos que se encuentren en fase de confianza o que hayan cumplido ya la mitad de su pena. Este instrumento, asegura, no solucionaría el problema pero al menos permitiría admitir a nuevos internos en el corto plazo.
Aunque habitualmente se ven en la necesidad de solicitar refuerzos financieros, el presupuesto de Centros Penales es de 31 millones de dólares y el 97% se invierte en alimentar a los reos y en pagar los salarios de los empleados. El restante 3% se utiliza para pagar facturas de servicios.
