El paisaje del narcotráfico se alteró drásticamente desde octubre pasado. Es un cambio sin precedentes. Al menos seis de los principales grupos de narcos locales han sido descabezados. Y tres de las detenciones ocurrieron en territorio nacional, mediante operativos, inéditos, en los que participan –aunque de manera sui generis– unidades selectas del Ejército y la Policía.
La temporada de caza de capos se abrió el 2 de octubre con la captura en Suchitepéquez de Mauro Ramírez, el narco que abochornó a fuerzas policiales, autoridades de Gobernación y asesores extranjeros en el fallido intento de aprehensión de Tikal Futura el 15 de septiembre. El 25 de octubre fue detenido en Belice Otto Turcios, el principal socio de Los Zetas en Alta Verapaz. El 30 de marzo, en Quetzaltenango, fue aprehendido Juan Ortiz Chamalé, quien ha controlado las estratégicas rutas de mar y tierra en San Marcos. El 26 de abril, en El Progreso, fue finalmente capturado Waldemar Lorenzana El Patriarca. Y el 1 de mayo, en San Pedro Sula, Honduras, Mario Ponce.
Tras las capturas y deportaciones de Otto Herrera (Bogotá, 2007) y Jorge El Gordo Paredes (Honduras, mayo 2008), la eliminación física de Juancho León (Zacapa, marzo 2008) y la supuesta emigración a Brasil de las cabezas del grupo Mendoza, las aprehensiones de los últimos siete meses prácticamente completan la barrida de dos generaciones de los más importantes capos locales. No es el fin de los grupos de narcos, pues su negocio ilícito (cada vez más diversificado hacia otras ramas criminales) sigue floreciente; la súbita salida de los líderes mueve el ascensor de las estructuras. De hecho, la presencia invasiva de Los Zetas, a partir de 2008, y la rápida y violenta expansión territorial de su socio, Ponce, habían puesto fin al prolongado armisticio de los grupos tradicionales.
La cacería, empero, tiene impactos sensibles en el corto plazo. Desestabiliza las estructuras criminales, estimulando los apetitos de mandos intermedios (jefes de sicarios) y de líderes emergentes que, ante la incertidumbre, irán tras el control de nuevos territorios. Eso augura más tensión y violencia entre los grupos. Hay un impacto político-electoral asociado al financiamiento de campañas nacionales y locales. Eso se traduce, además, en limitaciones de participación política impuestas por coerción, amenazas y ataques directos a candidatos en municipios y departamentos. En fin, las unidades de elite formadas por EE.UU. comienzan a dar frutos, aunque no es sinónimo de fortalecimiento institucional de la seguridad. El test de las extradiciones pasa ahora al MP y los tribunales.
*Este artículo fue publicado en elPeriódico de Guatemala
