Opinión /

Laberinto 2012


Domingo, 8 de mayo de 2011
Rafael Ernesto Góchez

El Salvador está saturado de mensajes entrecruzados que confunden al ciudadano, dificultándole el entendimiento del desempeño de los partidos políticos. Tal es el caso del esfuerzo legislativo por superar la sentencia que declaró inconstitucional las listas cerradas y bloqueadas para la votación de diputados. En este contexto se realizarán elecciones para alcaldes y diputados en 2012, las cuales quizá generarán una nueva correlación político-partidaria. Es oportuno, entonces, que los institutos políticos expliquen sus planes a favor de la descentralización y el desarrollo local sostenible.

La crisis está apretando y las comunidades presionan a las municipalidades para que les ayude a salir adelante. Sin embargo, las finanzas municipales están disminuidas y el GOES les está transfiriendo fondos vía préstamos externos (en compensación al FODES), lo que vuelve a las municipalidades más dependientes del gobierno central. Por otra parte, las economías locales están deprimidas y ello impide que las municipalidades generen más ingresos propios. En síntesis, la demanda social local está creciendo y numerosas municipalidades están optando por subsidiar sus servicios públicos, a través del FODES y otras fuentes. Los candidatos a alcaldes deberían tratar públicamente este punto. De lo contrario, sus ofertas de campaña serán ficticias.  

De los 262 municipios, el 79% tienen menos de 25,000 habitantes. Estos datos reflejan un proceso desequilibrado de urbanización, haciendo que 28 municipios concentren más del 50% de la población total y que el mayor “mercado electoral” esté representado por: San Salvador, Santa Ana, Soyapango, San Miguel, Mejicanos, Apopa, Santa Tecla,  Ciudad Delgado, Ahuachapán, Ilopango, Colón, Tonacatepeque, Opico, Chalchuapa, Usulután, San Martín, Sonsonate, Izalco, Cuscatancingo, Zacatecoluca, San Marcos, Ilobasco, Ciudad Arce, Metapán, San Vicente, Quezaltepeque, Acajutla y Cojutepeque.  

El territorio nacional puede leerse desde varias dimensiones: (1) los departamentos más urbanizados y con mayor acceso a servicios: San Salvador, La Libertad, Santa Ana, Sonsonate, Cuscatlán, Usulután y San Miguel, concentran el 73% de la población total; (2) los departamentos más rurales y con menos oportunidades económicas: Ahuachapán, La Paz, Chalatenango, Cabañas, San Vicente, Morazán y La Unión, registran el 27% de la población total; (3) los departamentos con una importante zona costera y marítima: Ahuachapán, Sonsonate, La Paz, Usulután y La Unión; (4) los departamentos con zonas y flujos fronterizos: Ahuachapán, Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, San Miguel, Morazán y La Unión; (5) las cabeceras municipales y departamentales de mayor vulnerabilidad ubicadas en las cordilleras volcánicas.

La presente lectura sugiere que las ofertas municipales y legislativas sean diferenciadas. Esto es clave debido a que, por una parte, las realidades locales son desiguales; y por otra, las fuerzas conservadoras tienen más votos en los municipios y departamentos menos populosos. El partido oficial tiene gran aceptación en los municipios del AMSS y los departamentos más poblados. En este sentido y dado que las circunscripciones más populosas tienen un mayor número de diputados, el “poder legislativo” se definirá en los departamentos más poblados, violentos y urbanos.    

¿Cómo se sale de este laberinto? La llave está en conocer las tendencias demográficas, las características población-territorio y las demandas socioeconómicas locales. Por ello, se sugiere prestarle atención a los siguientes puntos: (1) cimentar las agendas municipales y legislativas en las realidades y particularidades locales; (2) adoptar el enfoque de ciudades sostenibles para los centros urbanos; (3) incluir en las propuestas 2012 la promoción de inversiones y empleos a nivel local; (4) favorecer la asociación municipal, la transparencia y la carrera administrativa municipal.

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