El presidente Funes emprende esta semana el año intermedio de su mandato. Lo hace con un claro descenso en las encuestas, una crisis de seguridad pública, graves problemas de desempleo y una economía que no despega.
Las razones, ciertamente, son múltiples y en muchos casos estructurales. El descenso en las encuestas se explica a partir de la desilusión que ha causado en muchos la ausencia de cambios dramáticos, notorios en el país.
La crisis de seguridad pública es tal que ciertamente es demasiado exigirle a un gobierno que la solucione en dos años; y el problema con la economía es complejo, y pasa por los efectos de la crisis mundial en un país con economía abierta y dolarizado; por la desconfianza y falta de inversión (¿boicot?) de los grandes empresarios locales que, alegando falta de seguridad jurídica, prefieren invertir en países mucho más inseguros jurídicamente (Honduras aún no termina de salir de los efectos de un golpe de Estado, y en Nicaragua el presidente alteró la Constitución para buscar la reelección) pero en los que aún pueden influir para obtener beneficios del Estado.
La administración Funes ha tenido que bregar con un país en difíciles condiciones, en los que unos quieren percibir de inmediato cambios imposibles de llevar a cabo y otros no quieren ceder un ápice de sus privilegios. Pero también es cierto que, mientras este Ejecutivo intente lidiar y quedar bien con ambas partes, difícilmente podrá traer verdaderos cambios.
El tercer año presenta además la tentación de readecuar todas las políticas públicas a la búsqueda de resultados electorales en 2012. Funes tendrá que soportar las presiones de su partido, y de sus opositores, si aún mantiene los deseos de transformación con los que llegó a Casa Presidencial.
El tercer año es clave para que la administración Funes deje un verdadero legado en El Salvador, pero ello requiere la toma de decisiones difíciles, incluso impopulares, pero sobre todo que afectarán a los poderes económicos del país que ya le han demostrado su poca disposición a apoyar transformaciones nacionales.
El debate no puede seguir encerrado entre el Ejecutivo y las gremiales empresariales. Es urgente abrirlo a la ciudadanía y discutir a fondo sobre cómo mejorar la situación de aquellos que no tienen empleo; aquellos que no reciben los beneficios del sistema; aquellos que no tienen pensiones ni seguridad social; aquellos que están cayendo abatidos por la violencia o están siendo tentados por el crimen organizado.
El Salvador requiere hoy de liderazgos dedicados, comprometidos, concentrados en la transformación del país y en la limpieza del sistema. Casi por definición, el primer llamado a ejercer ese liderazgo es el presidente de la República. Ahora comienza su tercer año. No hay más tiempo que perder.
