El presidente de la República, Mauricio Funes, ya dijo que le bastaron dos horas desde el momento cuando recibió el decreto que obligaría a la Sala de lo Constitucional a resolver por unanimidad, hasta cuando determinó que era bueno y firmarlo para que se convirtiera en ley. El documento que firmó Funes, sin embargo, no era tan bueno, pues eliminaba un mecanismo esencial en el funcionamiento de los tribunales de máxima instancia: las sustituciones en caso de que falten los jueces titulares.
El decreto 743, propuesto, votado, sancionado y mandado publicar en cuestión de pocas horas la tarde del 2 de junio, reformó la Ley Orgánica Judicial pero de manera distinta a como lo expusieron los diputados de derecha durante la sesión plenaria de ese jueves. Esa tarde, el único cambio que iban a hacerle Arena, Gana, PCN y PDC a la ley era que tanto las inconstitucionalidades, como los recursos de amparo y los hábeas corpus tenían que resolverse con el voto favorable de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, y no con los cuatro como hasta entonces se resolvían las inconstitucionalidades, o los tres con que se sentenciaba los amparos y los hábeas corpus.
Al final, el decreto por el que votaron 47 legisladores de derecha fue una cosa distinta a la que mandó publicar Funes en el Diario Oficial. Esta última es la que mutiló el mecanismo con el que las salas de lo Penal, de lo Civil y de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, más las Cámaras de Segunda Instancia aprueban la sustitución de sus jueces propietarios.
La modificación implica que las tres salas, al igual que los juzgados que se encargan de admitir apelaciones o revisiones de los tribunales inferiores, no podrán sesionar ni emitir resoluciones si les faltan uno o varios de sus jueces propietarios, pues por ahora no hay ley que lo regule.
La controversia por el 743 comenzó el mismo 2 de junio, día de su aprobación, cuando un diputado arenero, Guillermo Ávila Qüehl, dijo que sus principios jurídicos -él es abogado- le impedían votar por lo que consideraba 'una aberración', a pesar de que su partido apoyó el decreto. El escándalo se amplificó el viernes 3, cuando trascendió que el presidente de la República se había prestado a la maniobra y había sancionado algo a quien el mismo Funes llamó 'decreto exprés'. Funes, en sus primeras palabras, dijo que él firmó porque le pareció que el decreto cumplía los requisitos de ley. Seis días después de haberlo aprobado, y ante el reclamo de decenas de organizaciones cívicas de todo signo ideológico, el partido Arena se retractó y, en cambio, el FMLN, que no había votado, aunque llamó 'una locura' al decreto exigió a los magistrados de lo constitucional que lo cumplieran.
El jueves pasado, el diario El Mundo reveló que el decreto leído en la sesión plenaria, que reformaba los artículos 12 y 14 de la Ley Orgánica Judicial, era un texto distinto al que sancionó Funes. De inmediato, el FMLN acusó a diputados del PCN de haber cambiado el texto.
El artículo 12 consta -o constaba antes de su modificación- de cinco párrafos, pero que en el decreto que recibió, estudió y sancionó Funes solo había uno. El presidente admitió que aprobó el decreto sin saber si era el mismo que se había aprobado en el Salón Azul, pues dijo que él firmó el documento que le entregó su secretario jurídico, Ricardo Marroquín. Además, subrayó que él no tenía por qué saber que el texto que había llegado a la Presidencia de la República desde la Asamblea estaba alterado. “Cuando yo recibo el decreto, lo leo junto con mi equipo jurídico (…) yo no puedo saber si omitía o no omitía alguna otra disposición que tenga que ver con el funcionamiento de otras salas y no podía saber si era el mismo que se leyó en la sesión plenaria de ese día y que por lo tanto tenía alguna diferencia de forma o de fondo.”
Los cuatro incisos que desaparecieron del artículo 12 son los que indican cómo las Salas de lo Contencioso Administrativo, lo Civil y lo Penal pueden suplir a los magistrados propietarios que se encuentren ausentes en casos de licencia, vacancia, discordia, recusación, impedimento o excusa o por cualquier otra circunstancia.
Otros párrafos desaparecidos explican cómo deben sustituirse los jueces magistrados en las Cámaras de Segunda Instancia en las ciudades en que tuvieren su asiento una, dos o más cámaras.
El FMLN, que ahora se niega a atender el llamado de Arena a derogar el 743, sostiene que quien provocó la situación debe resolverla, en referencia tanto a los partidos de derecha como a Funes. Tanto el presidente como el partido de izquierdas dicen estar preparando un proyecto de reformas que tocarían tanto la Ley Orgánica Judicial como la Ley de Procedimientos Constitucionales. Aunque no han dado detalles, han dicho que el propósito es establecer nuevas reglas de juego a nivel de Corte Suprema.
'A ver si de esa manera logramos que los órganos tengan un mejor entendimiento y logramos que se garantice lo que la Constitución nos obliga, que los órganos funcionen en forma autónoma e independiente y que se respeten entre sí y que no se entrometan en áreas jurisdiccionales que son propias de cada uno de los órganos del Estado', dijo Funes.
El presidente dijo que someterá a consulta con la Corte Suprema y los partidos políticos dichas enmiendas.
La semana antepasada, cuando se reunieron los presidentes del Legislativo y del Judicial, Sigfrido Reyes y Belarmino Jaime, este se apresuró a advertir que no se habían reunido a negociar nada. Que ni la Sala de lo Constitucional estaba ahí para negociar sentencias y que ni la Comisión Política de la Asamblea había comparecido para negociar decretos legislativos.
Los últimos días, desde el 2 de junio, han sido muy agitados para Funes. El martes 7, el ex coordinador general del FMLN Fabio Castillo dijo que se arrepentía de haber apoyado a Funes durante tantos años, en un respaldo que culminó cuando fue a votar por él el 15 de marzo de 2009. Castillo se refería a la participación de Funes en la maniobra para producir el 743. El miércoles siguiente, Castillo fue notificado de que por órdenes de Funes era destituido de la comisión consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Castillo había dicho en la sección Primera Entrevista, del canal 33 de televisión, que iría a Tierra Santa y aprovecharía para visitar el Muro de los Lamentos, donde podría aliviar su pena por haber respaldado tanto tiempo a Funes. El presidente, apenas tuvo oportunidad dijio que Castillo no debió esperar a que lo despidiera, sino que 'por dignidad' debió haber dejado el puesto en esa comisión. Dijo que lo despidió por perderle confianza. 'Lo menos que puede existir es una confianza tanto del presidente hacia el funcionario nombrado (...) lo menos que podía hacer es buscar a otro funcionario que se desempeñara en lo que él se venía desempeñando dentro de la comisión de límites y que gozara de la total confianza de este servidor', dijo Funes.
'Probablemente (Castillo) no quería perder los privilegios que tenía en su condición de embajador tal como había sido nombrado de acuerdo al decreto que aprobó el entonces presidente Calderón Sol, y como no quería renunciar a esos privilegios no puso su renuncia, pero por dignidad no entiendo un funcionario que no cree en el presidente que hace dentro de una comisión gubernamental, lo lógico es que renunciara, le ahorré ese proceso', subrayó el gobernante.
Miembro de Gana podría asumir presidencia
Dos años esperó el presidente para cumplir con el mandato de nombrar a sus relevos en caso de que no esté disponible el vicepresidente Salvador sánchez Cerén. Esta semana, los diputados escogieron al favorito de Funes, el empresario Nicolás Salume Barake.
Salume Barake, un financista de la campaña electoral de Funes, es el segundo en la línea de sucesión presidencial. En caso de que Funes no estuviera disponible para ejercer la presidencia, su rol lo asumiría Sánchez Cerén. Y en ausencia también de este, Salume tomaría las riendas del Ejecutivo. Si esa situación ocurriera, se cumpliría la ironía de que un miembro del partido de derechas Gana podría tomar la presidencia de la República en el primer gobierno de izquierdas de El Salvador.
En los gobiernos anteriores ya ha ocurrido que se ausentan del país tanto presidente como vicepresidente -o vicepresidenta- y entonces asume el primer designado.
La Asamblea Legislativa recibió hace dos semanas tres ternas. La primera era encabezada por Salume, y la completaban la dirigente del partido Gana Silvia Aguilar y el ex alcalde capitalino por el FMLN Héctor Silva. Llamaba la atención que siendo Funes del FMLN, propuso a la Asamblea como sus favoritos a dos personas del partido Gana. En la segunda terna, para que los diputados nombraran al segundo designado presidencial, Funes puso en el primer lugar a su secretario de Asuntos Estratégicos, Franzi Hato Hasbún. Este fue nombrado en el cargo. Los dos nombramientos se produjeron con el respaldo de 83 diputados.
