La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador ordenó este martes la recaptura del ex ministro de Salud José Guillermo Maza Brizuela y de seis subcontratistas que son acusados de apropiarse ilegalmente de equipo médico y de cobrar millonarias cantidades por obras no realizadas en el hospital Santa Teresa, de Zacatecoluca, en La Paz.
Maza Brizuela fue capturado el 5 de abril de 2011, pero una semana después el Juzgado Segundo de Paz lo benefició con la libertad condicional. Este día por la mañana, la Cámara anuló ese beneficio y ordenó que sea trasladado a las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía. Aunque la orden de recaptura está en vigor desde la mañana, un trámite burocrático provocó que la Policía recibiera el documento casi a las seis de la tarde.
“La posibilidad de encontrarlos es un poco difícil, el factor sorpresa es nulo”, dijo el subdirector de investigaciones de la corporación policial, Howard Cotto. El jefe policial explicó que después de la notificación a la Fiscalía y defensores de los procesados, el documento pasó al Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, instancia que giró las órdenes de captura. Por la noche, los policías buscaban a los imputados en sus viviendas donde gozaban de libertad condicional y, al cierre de esta nota, no se reportaban capturas. “Realmente dudo mucho que se encuentren ahí”.
Además de Maza Brizuela, en las bartolinas de la DAN también deberá permanecer detenido provisionalmente René Arturo Portillo Montalvo, el representante legal de la empresa Materiales Técnicos (Matesa). Ana Miranda, una de las fiscales del caso, explicó que los magistrados decidieron no enviar a los dos procesados a un centro penal porque al momento de su detención presentaron constancias médicas que daban cuenta de su “quebrantamiento de salud” y la necesidad de tratamiento constante.
El fallo también es desfavorable contra dos empleados de CPK Consultores: el gerente general, Herbert Leonel Perdomo Ulloa y el coordinador de construcción, Carlos Armando Jovel. Ellos trabajaban para la empresa que, en 2007, ganó el contrato de 10.4 millones de dólares del proyecto de Reconstrucción de Hospitales y Extensión de Servicios (RHESSA), fondos que provenían de un millonario crédito internacional.
CPK subcontrató a cuatro empresas para la construcción del hospital y, sin la autorización del financiador del proyecto –el Banco Mundial-, negoció con Maza Brizuela modificar el sitio de la obra, situación que le permitió apropiarse de equipo médico. “Es una estructura organizada que estaba integrada por funcionarios públicos, constructoras, empresas subcontratistas, empresas conciliadoras que son los que se pusieron de acuerdo para sustraer esos fondos”, dijo el fiscal general, Romeo Barahona.
Las palabras del fiscal parecen estar respaldadas por la resolución de la Cámara. Los magistrados ordenan la captura del representante de la empresa Advanced Technology, Guillermo Rafael Alfaro García; y la del representante legal y la del gerente de Proyectos y Ventas, Manuel Eduardo Coronado Paiz y Arturo Ernesto López Mejía, respectivamente.
Esas empresas –Advanced Technology y Proyectos y Ventas- rechazan participación en el fraude y aseguran que por el contrario denunciaron las anomalías. Un año antes de la acusación fiscal, dicen, presentaron una denuncia contra el dueño de CPK, Gerardo Enrique Osegueda Gine, por falsificación de documentos contables. Esa querella nunca prosperó. Este martes, el fiscal Barahona insistió en que todas las empresas estaban conscientes del fraude. “Queremos reafirmar que tenemos la fortaleza probatoria para llegar a una sentencia de culpabilidad de estas personas que se apropiaron, que sustrajeron fondos del Estado”.
Los fiscales también habían solicitado a la Cámara que ordenara el congelamiento de cuentas bancarias contra los procesados, en un intento de garantizar el respaldo de fondos por si eventualmente se determina obligación de reparos económicos para los acusados. Sin embargo, esa solicitud no tuvo éxito. “La Cámara rechazó la petición respecto al congelamiento de cuentas, quedando desprotegidos los intereses del Estado”, se quejó la fiscal Celina Calderón.
Es la segunda vez que esa solicitud es rechazada. El pasado mayo, el Juzgado Cuarto de Paz también consideró que no hay fundamentos jurídicos para congelar las cuentas bancarias de Maza Brizuela y otras personas que son investigadas por otro caso de corrupción: el hospital San Pedro, en Usulután. Barahona se limitó a señalar que siguen investigando esas irregularidades y que pronto presentarán el caso ante un juez.
La defensa de Maza Brizuela y de otros subcontratistas dijeron que la resolución les fue notificada hasta este martes por la tarde y que estudiaban los argumentos para tomar una decisión. Mientras tanto, Barahona aseguró que la captura de Maza Brizuela y de las otras seis era responsabilidad de la Policía, institución que ya realizaba las gestiones respectivas.
