Nacionales /

Diputados acuerdan prorrogar por 12a. vez el requisito del seguro vehicular obligatorio

Cinco días antes de que la disposición entre en vigencia, los diputados de la comisión de Obras Públicas dictaminaron por unanimidad que solicitarán al pleno legislativo que la adquisición de los seguros obligatorios por daños a terceros no sea requisito de ley sino hasta el próximo año.


Lunes, 27 de junio de 2011
Ludwin Majano

Los diputados de la comisión de Obras Públicas acordaron este lunes prorrogar por seis meses, hasta el 1 de enero de 2012, la entrada en vigencia del decreto 571, el cual exige a los dueños de automotores la contratación de seguros por daños a terceros. El acuerdo fue unánime, y los legisladores esperan que las cinco bancadas (FMLN, Arena, Gana, PDC y PCN) voten juntas en la sesión plenaria de este jueves.

La Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial fue aprobada el 19 de octubre de 1995. Desde entonces, la exigencia de adquisición de seguros por daños a terceros se ha prorrogado 11 veces. La última posposición se hizo por medio del decreto aprobado el 17 de diciembre de 2010, que establece que la nueva normativa debe iniciar el próximo viernes 1 de julio.

Uno de los puntos clave de la legislación, aprobada hace más de 15 años, es el de las estrictas regulaciones en materia de seguros y fianzas, estableciendo que ningún automotor puede circular en las calles salvadoreñas si no posee una póliza de seguros que cubra los gastos médicos, hospitalarios y fúnebres de cualquier persona afectada en un accidente de tránsito. La ley es tan específica que incluso dicta que ningún auto procedente del extranjero puede conducirse en el país sin antes adquirir un seguro de carácter temporal. Hace especial énfasis en el transporte público, ya que en su artículo 115 estipula que “toda persona autorizada a conducir vehículos automotores destinados al transporte colectivo de pasajeros o de carga, deberá de otorgar fianza para responder por daños ocasionados a terceros”.

La disposición, cuando entró en vigencia la ley, contemplaba que transcurriría un año para que comenzara a exigirse el seguro. Pero llegado ese año, la Asamblea decretó la primera prórroga.

Los cinco partidos que apoyarían la prórroga concuerdan en responsabilizar al Viceministerio de Transporte, el cual se había comprometido a enviar a la Asamblea Legislativa una propuesta para hacer efectivo el decreto, pero hasta este lunes a la comisión no había llegado nada. El Faro se comunicó con la oficina del viceministro de Transporte, Nelson García, para preguntarle sobre la acusación de los legisladores. Daniel Hernández, del equipo de comunicaciones de García, dijo vía telefónica que el proyecto que reclaman los diputados ya está listo, pero que no lo han presentado 'porque no ha existido el espacio'. No explicó a qué se refería con que no han tenido el espacio.

Uno de los principales impulsores de la dilatación, Elizardo González Lovo, diputado del PCN y vinculado a empresarios del transporte público, enfatizó la urgencia de los legisladores en que se prorrogue el decreto al recomendar dispensa de trámites para esta plenaria. El legislador pecenista asegura que los seis meses de gracia son indispensables para seguir con la discusión de ciertos puntos neurálgicos de la reforma. Sin embargo, su compañero de bancada Serafín Orantes fue más lejos al asegurar que “seis meses no serán suficientes, y se debería de prorrogarse de una vez por un año, para evitar una décimo tercera prórroga”.

Esos puntos neurálgicos son, según Carlos Reyes, presidente de la comisión y legislador por Arena: la cobertura del seguro, quién será el administrador y el monto de la cuota de las pólizas. El diputado opositor se mostró crítico respecto al papel del Estado en llevar las riendas del seguro: “Las autoridades han mostrado su incompetencia e incapacidad”, dijo. Apuntó que la fracción tricolor no apoyará de ninguna manera que el decreto entre en vigor el próximo viernes.

Mauricio Rodríguez y Dolores Rivas, ambos de Gana, se mostraron en sintonía con el presidente de la comisión. Rodríguez aseguró tener en su poder documentos que comprueban que la atención a víctimas de accidentes de tránsito cuesta al sistema de salud pública más de 7 millones de dólares al año. Bajo esta premisa, la bancada naranja azul, junto al PCN, propone que la cobertura del seguro sea a través del sistema privado de salud.

Desligar al Estado de la ejecución de los seguros es otro punto en el cual habría un inicio de acuerdo entre las cinco bancadas. Incluso la efemelenista Margarita Rodríguez dijo que su partido apoyaría el otorgamiento de las pólizas al sector privado, pero fue cautelosa ya que eso implicaría establecimiento de cuotas mayores al margen de entre 35 y 50 dólares que se había establecido hasta el momento. Su compañero de fracción, Guillermo Olivo, fue enfático al establecer que el Frente esperaba que el decreto hubiese entrado en vigencia el 1 de julio, pero al haber quedado a la espera de la propuesta del Viceministerio, la prórroga es ineludible.

De hacerse efectiva la más que probable aprobación de la prórroga, sería un importante retraso en los intentos de reforma a la Ley de Transporte que ambiciona el Ejecutivo. De hecho, el pasado 1 de marzo el gobierno acordó con los transportistas públicos que, a cambio del desembolso del subsidio estatal, los buseros y microbuseros deberían asumir una serie de compromisos entre los cuales destacaba la adquisición del seguro.

La obligatoriedad del seguro por daños a terceros no es la única disposición de Transporte que está en consideración por parte de la Asamblea. Desde hace una semana, las bancadas del PCN –a través de González Lovo- y Gana –a través de Mauricio Rodríguez- proponen que se reduzca la rigurosidad con la que el Estado emite las nuevas placas de circulación.

Actualmente, el Viceministerio de Transporte exige una revisión minuciosa de los automóviles antes de otorgar las placas, la cual incluye prueba de emisión de gases, de sistema eléctrico completo, sistema de frenos, chequeo general de motor, entre otros. Tanto en la reunión de la semana pasada como en la de este lunes, González Lovo mocionó en nombre de su fracción una suavización de los requisitos, al quejarse de la presencia de agentes de tránsito en las instalaciones del VMT: “Ahí están la Policía poniéndole multas a la gente por cualquier cosa. La gente no está en condiciones de asumir ese tipo de gastos en plena crisis”, aseveró el diputado.

González Lovo pasó por alto ese criterio a la hora de proponer que los seguros fueran administrados por privados, aunque eso implique un alza significativa de la cuota mensual de las pólizas. El pecenista también propuso que los dueños de automotores que no cumplan los requisitos de ley reciban de todos modos las placas nuevas, a cambio de firmar una declaración jurada de solución de los problemas detectados en los tres meses siguientes a la emisión de la placa.

En principio, las fracciones de PDC, Arena y FMLN no mostraron interés en apoyar la iniciativa.

logo-undefined
CAMINEMOS JUNTOS, OTROS 25 AÑOS
Si te parece valioso el trabajo de El Faro, apóyanos para seguir. Únete a nuestra comunidad de lectores y lectoras que con su membresía mensual, trimestral o anual garantizan nuestra sostenibilidad y hacen posible que nuestro equipo de periodistas continúen haciendo periodismo transparente, confiable y ético.
Apóyanos desde $3.75/mes. Cancela cuando quieras.

Edificio Centro Colón, 5to Piso, Oficina 5-7, San José, Costa Rica.
El Faro es apoyado por:
logo_footer
logo_footer
logo_footer
logo_footer
logo_footer
FUNDACIÓN PERIÓDICA (San José, Costa Rica). Todos los Derechos Reservados. Copyright© 1998 - 2023. Fundado el 25 de abril de 1998.