El FMLN tiene previsto promover una reforma a la Constitución de la República para que se cree un tribunal encargado de interpretar la Carta Magna salvadoreña y que esté por encima de todos los Órganos del Estado, incluso de la Corte Suprema de Justicia.
Roberto Lorenzana, diputado y vocero del FMLN, dijo que esta iniciativa por ahora se encuentra en análisis con abogados del partido y con constitucionalistas extranjeros.
El legislador hizo la revelación cuando El Faro le pidió que valorara la propuesta del presidente de la República, de que en los casos en que la Sala de lo Constitucional declare la inaplicabilidad de alguna ley, sean los suplentes los que tengan que definir si la decisión de los magistrados propietarios es correcta.
Lorenzana dijo que la propuesta de Funes sería un insumo más, pero que el partido de izquierdas está interesado en hacer cambios de mayor profundidad. Agregó que aún no tienen fecha para presentar la propuesta y que todavía no la han platicado con otras fracciones legislativas, aunque Gana y PCN dijeron estar muy dispuestos a apoyar una iniciativa de este tipo. Arena mostró distancia de la misma. El diputado Guillermo Ávila Qüehl dijo que más parecía una venganza hacia la Sala de lo Constitucional.
Esta “nueva corte”, como la llamó Lorenzana, “tendría mucho más poder que la actual Sala de lo Constitucional y así como el Tribunal Supremo Electoral trata exclusivamente temas electorales, la Corte vería temas constitucionales”. Cuando se le consultó si esta instancia vigilaría el trabajo de la Sala, volvió a repetir que la idea era darle más poder que el que tiene la Sala en la actualidad.
Esta iniciativa requiere que se modifique la Constitución salvadoreña pues por ahora establece que hay tres órganos fundamentales del Estado, uno de ellos el Órgano Judicial, cuya cúpula es la Corte Suprema de Justicia, que a su vez es presidida por el presidente de la Sala de lo Constitucional, que es la máxima autoridad de control constitucional.
Si se llegara a aprobar la reforma en esta legislatura, para la cual solo se necesitan 43 votos, la próxima legislatura (2012–2015) tendría que ratificarla con mayoría calificada (56 de 84 votos posibles).
Lorenzana no oculta que la propuesta de reforma constitucional del FMLN surge con motivo de la tensión entre los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial que ha llegado a su máximo debido a la inaplicabilidad que decretó la Sala de lo Constitucional sobre una ley que pretendía amarrarlos. Dijo que las reformas a la Ley de Procedimientos Constitucionales propuesta por el presidente Mauricio Funes hace una semana serviría de insumo para una nueva legislación que garantiza “el respeto entre poderes”.
Lorenzana es el mismo que días posteriores a la aprobación del decreto 743 dijo que este se trataba de una locura. Cuando, este jueves,se le interrogó sobre el aparente cambio de discurso, dijo: “Yo no tengo por qué estar de acuerdo con lo que se vota aquí, y yo no voté por ese decreto, lo que sucede es que ahora es ley de la república y hay que respetarla”.
Pese a este discurso, el diputado insiste en que la Sala ahora se arroga funciones que no le corresponden, y por eso justifica la creación de una Corte de Constitucionalidad. “Estamos hablando de un tribunal investido de todos los poderes; estamos planteando una Corte que tenga el poder que `dicen´ tener los (magistrados) de la Sala”, agregó.
El proyecto, dice el diputado, es una idea vieja, del tiempo de los Acuerdos de Paz pero que nunca ha visto la luz. “En los Acuerdos de Paz propusimos una Corte así pero no se logró. Ahora, creo que el país está madurando y que el país puede orientarse por ahí, el país lo está demandando”, dijo.
Cortes de Constitucionalidad existe en Perú, Colombia, Ecuador y otros países de Latinoamérica.
Reacción tibia de partidos a propuesta de Funes
La propuesta del presidente Funes para reformar la Ley de Procedimientos Constitucionales entró esta tarde al pleno legislativo para ser revisada la próxima semana en la Comisión de Legislación. De todas las bancadas legislativas, las de Arena y CD se pronunciaron en desacuerdo con las modificaciones propuestas por el mandatario, ya que según ellos esto solo implicaría otro amarre para la Sala de lo Constitucional.
El diputado de Arena y presidente de la Comisión de Legislación, Guillermo Ávila Qüehl, acusó que modificar la Ley de Procedimientos Constitucionales como lo solicita Funes sería una forma de alargar los procedimientos y además una forma de amarrar el funcionamiento de la Sala. “Están queriendo ver cómo aniquilar a la Sala', dijo.
La posición de Ávila Qüehl recibió el respaldo del jefe de la bancada arenera, Donato Vaquerano, quien dijo que aunque la fracción todavía no había estudiado la propuesta, creían que estas modificaciones significarían injerir en las funciones de otro Órgano del Estado. Milena Calderón, subjefe de la fracción de Arena, también agregó que eso complicaría más los procedimientos dentro de la institución, retardando así la justicia.
El diputado Douglas Avilés de CD comentó que esta propuesta no resuelve el tensionamiento que hay entre las instituciones del Estado y también opinó que una reforma en este sentido complicaría los procedimientos dentro de la Corte. Además criticó la propuesta de Funes de que los suplentes deban ratificar las declaratorias de inaplicabilidad de una ley hecha por los magistrados titulares, pues se les estaría dando a suplentes un rol de propietarios.
A pesar de las posturas en contra, las demás bancadas aseguraron estar dispuestas a analizar la propuesta del presidente. Roberto Lorenzana, vocero del FMLN, no quiso comentar con respecto al artículo que le daría a los suplentes superioridad sobre los magistrados titulares en ciertas decisiones y dijo que lo positivo de esta propuesta es que hay señales de que hay una búsqueda de una solución.
El PCN, en boca del diputado Mario Ponce, dijo que había que estudiar la propuesta y que no había razón para temerle.
Al visto bueno del PCN se agregó el aval de Gana, con dos de sus legisladores exponiendo por qué aprecian el proyecto presidencial. Tanto el jefe de la bancada naranja, Nelson Guardado, como el dirigente ganista y miembro de la junta directiva de la Asamblea, Guillermo Gallegos, dijeron que es necesario que los magistrados suplentes supervisen la decisión de los magistrados propietarios, aunque no precisaron por qué.
-Diputado Guardado, ¿cómo valoran la propuesta del presidente en la que se solicita que los suplentes de la Sala de lo Constitucional avalen las decisiones de los magistrados propietarios sobre la inaplicabilidad de alguna ley?
-Lo que pasa es que el presidente está apegado al derecho cuando de todos es conocido que no se puede ser juez y parte, no se puede ser juez y parte.
-¿Por qué dice que serían juez y parte?
-No, no se puede porque no pueden estar los mismos magistrados conociendo lo que ellos están dictaminando. Por lo tanto sí se es juez y parte. ¿Quiénes son los que rompen eso? Los suplentes y esos pueden ser llamados.
-¿Pero no se les está dando a los suplentes superioridad por sobre los magistrados titulares?
-Ya la ley le permite cuándo se debe de escusar y dice que cuando se es juez y parte. No está sustituyendo la función de alguien sino que cuando algo riñe y hay un criterio adelantado. Es decir, ellos dicen “esto es inaplicable' entonces siempre van a decir que es inaplicable. Por lo tanto los suplentes deben de entrar a ejercer un rol y la Ley del Órgano Judicial establece a llamar a suplente, que se recuse a alguien.
-Pero si cualquier juez, un juez de primera instancia, puede declarar inaplicable una ley, ¿por qué no lo van a poder hacer los magistrados de la Sala de lo Constitucional?
-No, es que sí lo pueden hacer, pero si ya tienen criterio adelantado siempre lo va a tener…
-Pero tiene que ser avalado por los suplentes y la decisión de los jueces no tiene que ser avalada por nadie. ¿Un juez superior…
-No son jueces, son salas, no son ni tribunal.
-¿Ustedes están de acuerdo con este punto?
-No podemos estar de acuerdo con nada si no lo hemos estudiado. Hay que estudiarlo, hay que estudiarlo…
El diputado Guillermo Gallegos dijo compartir el argumento de su compañero de fracción de que los magistrados son juez y parte cuando declaran inaplicable una ley. Además de compartir esta opinión, dejó claro que la prioridad número uno de Gana es que no se derogue el decreto 743.
-¿Cuál es la posición de Gana con respecto a la propuesta del presidente para que los suplentes avalen la decisión de los magistrados?
-Lo primero, estudiarla. No nos comprometemos a más estudio que ese. Simplemente estudiarlas y ver la posibilidad, pero nuestra prioridad es la no derogación del 743.
-Pero, ¿no le parece que esto implica que a los máximos jueces de la Constitución la plana se las tenga que corregir un suplente? ¿Para qué tener titulares entonces?
-En el detalle no puedo entrar porque no conozco todavía la propuesta. Una vez hayamos estudiado y analizado esto en la comisión veremos qué hacemos.
-El diputado Guardado veía correcto que los suplentes supervisaran a los magistrados porque considera que son juez y parte en las inaplicabilidades. ¿Uste lo cree así?
-Claro, pero la primera posición que hemos establecido es mantener el 743. Pero lo que manifiesta el diputado Guardado es correcto y eso es parte del análisis y el estudio que debemos hacer como Gana.
-¿Por qué considera que serían juez y parte?
-Porque por ejemplo a los magistrados se les denuncia por alguna cosa, ellos lo que hacen es manifestar que no estaban… ya se han dado ejemplos. Entonces cuando ellos estén inhibidos tienen que conocer los suplentes.
-Pero en los casos de inaplicabilidad no estamos hablando de una demanda contra ellos, sino que es análisis de una ley.
-Claro, claro, pero ellos no pueden decir que es inaplicable porque prácticamente son ellos los que están emitiendo, por eso es necesario los suplentes…
En ese momento el asistente del diputado le dijo que ya se tenían que retirar y Gallegos se despidió.
-… Nos enredamos ahí, ja, ja, ja -dijo, mientras daba la vuelta y se iba.
