Arena cree necesario que los partidos políticos sean subvencionados por el Estado, además de que continúen recibiendo el dinero que para fines electorales obtienen por medio del mecanismo conocido como deuda política.
Estas propuestas van incluidas en las 36 páginas que comprenden el borrador de la Ley de partidos políticos que presentó el partido de derechas, por medio del diputado Alberto Romero, ante la Asamblea Legislativa para su discusión. En ella, los areneros sugieren que el Estado mantenga financieramente a los institutos políticos mediante cuatro subvenciones trimestrales cada año para su “funcionamiento ordinario”.
Esta nueva asignación monetaria complementaría a la que en período preelectoral reciben los partidos en concepto de financiamiento para propaganda con base en los votos que han obtenido en la última elección en que participaron, y la cual hasta ahora no puede ser auditada por nadie, solo por la Corte de Cuentas.
El documento del partido Arena también deja claro que las nuevas subvenciones estatales contemplan un mecanismo de vigilancia con el concepto de los políticos vigilan a los políticos. Esto es, que el uso del dinero no podría ser escrutado por el ojo ciudadano, sino que solo por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), según se recoge de la propuesta que servirá como insumo en la comisión de reformas electorales del parlamento y que ya tiene varias propuestas.
Esta ley de partidos políticos que propone Arena derogaría buena cantidad de artículos del Código Electoral que detallan los procedimientos y reglas para la fundación, la inscripción, y el funcionamiento de estas organizaciones. Entre lo más novedoso está lo plasmado en el Título VII “Recursos económicos de los partidos políticos”, que hasta ahora nadie sabe en detalle de dónde provienen y cómo son gastados.
La propuesta replica el mismo mecanismo con el que actualmente los partidos reciben “la deuda política” pero también establece un apartado titulado “Subvenciones estatales”. A estas las define como erogaciones que serán entregadas a los partidos políticos cada año y que se obtendrán del presupuesto ordinario que el TSE reciba de Hacienda.
Las subvenciones anuales se entregarán repartidas en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año a los partidos políticos previa liquidación ante el Tribunal del trimestre anterior.
¿Cuánto costará esa “mesada” al Estado?
Arena propone una fórmula para que el Estado calcule cuánto dinero recibirán en general los partidos en concepto de subvenciones anuales. Este monto se determinará al multiplicar el número de personas con capacidad de votar inscritas en el Registro Electoral por el 15% del salario mínimo diario para trabajadores del comercio y servicios.
Para 2009, el Registro Electoral daba cuenta 4,226,479 salvadoreños inscritos para ejercer el sufragio. El salario mínimo para el sector comercio y servicios de entonces era de 6.65 dólares, y su 15% es 1. Por lo tanto, para el año 2010, la subvención estatal de los partidos habría sido de más de 4 millones de dólares que tendrían que haberse repartido entre todos los partidos inscritos.
La propuesta arenera también establece la manera en que será repartido ese gran total. Dice que el 50% del monto se dividirá equitativamente entre todos los partidos legalmente inscritos, que por ahora son ocho, y que el restante se repartirá en base a la cantidad de diputados que cada uno tenga en la Asamblea Legislativa.
Será obligación de los partidos, según el borrador de ley, destinar el 10% de los fondos que reciban como parte de la subvención en “tareas de educación y capacitación política; investigación socioeconómica y política del país”; la difusión de los valores democráticos, de sus ideas y programas por medio de tareas editoriales, y el 5% para la capacitación, promoción y el desarrollo de liderazgo político de las mujeres y jóvenes afiliados”.
Parece poco claro a qué se refiere “la difusión de valores democráticos”, y su diferencia con la propaganda electoral.
Proponen auditoría interna
Lejos de permitir que la ciudadanía pueda fiscalizar la manera en cómo gastan los partidos el dinero que reciben, Arena propone que este control lo ejerzan las autoridades actuales.
Para fiscalizar este dinero, los areneros proponen que cada partido político lleve su propia contabilidad de todas sus transacciones, y la cual sería de exclusivo acceso para el TSE. También proponen que se obligue a los partidos a contar con su propia unidad de auditoría interna la cual sería igualmente responsable si no informa de irregularidades detectadas al Tribunal.
Serán los magistrados del Tribunal los únicos que podrán ordenar y practicar pruebas, revisar libros y documentos contables de los partidos, y podrán hacerlo solo cuando alguien interponga una denuncia formal. El TSE no podrá actuar de oficio, según el borrador de ley. Los magistrados del TSE y el resto de empleados del Tribunal deberán guardar además “normas del secreto bancario”, con lo cual no está clara la manera en cómo podría surgir una demanda de cualquier persona natural o jurídica ajena al Tribunal ante una posible anomalía financiera.
El diputado de Arena Guillermo Ávila Qüehl, ex secretario jurídico de la presidencia de Armando Calderón Sol y presidente de la Comisión de Legislación de la Asamblea asegura que el Tribunal solo debe guardar normas del secreto bancario cuando las contabilidades partidarias estén normales y no presenten irregularidades.
El legislador dijo que en caso de encontrar anomalías, los magistrados podrán informar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, aunque esto no está expresado en la propuesta que presentaron. “No tengo el detalle ahorita pero creo que ahí está aclarado que el Tribunal puede informar de las irregularidades encontradas, y si no está, pues lo podemos agregar. Esta propuesta la podemos mejorar”, añadió.
Para que un partido pueda recibir dinero estatal o privado, deberá acreditar ante el Tribunal un sistema de auditoría interna, según el borrador.
Este lunes, El Faro informó que Arena presentaría su propia propuesta de ley de partidos en la cual uno de los puntos novedosos sería la regulación del financiamiento. Y así fue. Los areneros también han establecido los límites para la cantidad de dinero que una persona natural o jurídica quiera entregar a un partido político. También dejaron explícito qué tipo de financiamiento estaría prohibido.
Arena pide que se prohíba a los partidos recibir dinero de cualquier entidad de derecho público, empresas del Estado o que tengan participación de este, o de cualquiera de los Órganos del Gobierno “ya sea directa o indirectamente”. Asimismo prohíbe que Estados, agencias de gobiernos, partidos políticos, fundaciones y organismos no gubernamentales extranjeros brinden aportes o contribuciones a partidos salvadoreños.
También estarán vetados de financiar las personas naturales o jurídicas extranjeras que no ejerzan actividades económicas en El Salvador, así como las empresas propiedad o con participación de los gobiernos extranjeros, sea directa o indirectamente. Tampoco podrán dar dinero congregaciones religiosas, sindicatos, gremios, y no se permitirá que reciban dinero de contribuciones y colectas con carácter anónimo.
La propuesta de ley establece también un régimen sancionatorio, y en él, las faltas están divididas como muy graves, graves y leves. Cuando se cometa cualquiera de ellas, el Tribunal Supremo Electoral iniciará un “procedimiento sancionatorio”. Las infracciones graves podrían conllevar una multa (agotado el debido proceso) de entre 6,000 hasta 8,000 días de salario mínimo vigente para el sector comercio y servicios, es decir, una multa de entre 133,740 y 178,320 dólares.
Sin embargo, si un partido político recibe financiamiento de cualquiera de las instancias vetadas será acreedor de una multa especial, equivalente “al doble de la aportación ilegalmente aceptada”, reza el borrador.
Arena no ve necesario el ojo ciudadano
“La ciudadanía no tiene por qué fiscalizar la contabilidad de los partidos”, respondió el diputado arenero Guillermo Ávila Qüehl a la pregunta de si no hace falta que los partidos rindan cuentas de todos sus ingresos y egresos a los ciudadanos.
Ávila Qüehl considera que las autoridades son las idóneas para mantener un control sobre los gastos y los ingresos que tenga un partido político.
“Imagínese que cualquier ciudadano va a ir a ver en qué está gastando un partido o cuánto se gastó en tal cosa. Para eso hay autoridades que tienen que fiscalizar, pues. No puede haber intromisión de todo mundo”, dijo, sin saber explicar por qué la ciudadanía, que financia de su bolsillo a los partidos, no puede tener acceso a saber cómo se gasta su dinero o quién financia a los gobernantes.
En abril de 2010, la comisión de Legislación de la Asamblea, que estudiaba el proyecto de Ley de Acceso a la Información, desestimó un pedido de la Presidencia de la República para que los partidos políticos también estuvieran obligados a poner a disposición del público la información sobre sus cuentas y sobre sus fuentes de financiamiento. 'Para eso ya vamos a preparar una Ley de Partidos Políticos', dijo en aquella ocasión el diputado Ávila Qüehl.
Pero lejos de cumplir lo dicho, Arena sigue considerando que la rendición de cuentas de sus fondos debe ser cosa privada. Ávila Qüehl considera que cada partido debe ser transparente con su militancia y debe rendirles cuentas “pero de manera general, sin entrar en detalle pues”.
Se le insistió sobre sus declaraciones de hace un año y respondió que la Ley de Acceso a la Información aprobada a inicios de año ya permitirá al ciudadano exigir cierta información al Estado.
El financiamiento de los partidos políticos, mientras tanto, seguirá siendo un misterio. Nunca se supo –al margen de la llamada “rendición de cuentas” que algunos partidos hicieron de manera muy general ante sus militantes— cómo se gastaron buena parte de los casi 11 millones de dólares que el Estado le dio a los partidos en concepto de “deuda política”. Ni se diga el financiamiento privado.
A la Asamblea Legislativa han llegado múltiples propuestas de ley de partidos políticos. La primera fue presentada por la fracción legislativa de Arena el 25 de julio de 1996, y con los años se agregaron seis más, casi todas del FMLN y una del exmagistrado del TSE por el FMLN Félix Ulloa.
Ávila Qüehl explicó este martes que todas esas propuestas fueron estudiadas por la Unidad de Asesoría Técnica de la Asamblea Legislativa, la cual redactó una especie de proyecto resumen que contenía los elementos de todas las propuestas. Este borrador y el de Arena servirán de insumos para que los partidos políticos se pongan de acuerdo e echen a andar la ley de partidos políticos.
