La dinámica mercantil ha sido modificada por efectos y para necesidades del empresario. Que la demanda construye la oferta ha sido invertida, ahora la oferta construye su demanda; por medio del proceso de construcción de la demanda se garantiza la condición de que esa demanda nunca debe ser satisfecha; la mercadotecnia o marketing (para estar en el esnob) ha imbuido al comprador de la necesidad de tener lo más nuevo, generando una carrera desbocada por obtener lo más moderno y, más importante aún, ha generado una sensación de angustia por no tenerlo. Nos entretiene la búsqueda por satisfacer lo propio y lo privado.
En aras de apropiarse de los dineros flotantes de la remesas se establecieron en nuestro país políticas que privilegian el comercio y no la producción. La matriz productor-consumidor se ha transformado en vendedor-comprador; quizá algunas expresiones de ello sean la carente mano de obra agrícola nacional y la elevada acumulación económica de grupos empresariales, como el de los Poma, que venden bienes de consumo -entretenimiento, habitación, centros comerciales y automotores. Las características de los bienes de consumo son la satisfacción directa de las necesidades del que lo adquiere, pero no producen otros bienes o servicios.
Esto en sí no es malo, es deficiente, pues la fortaleza del consumo no deriva del desarrollo y la fuerza de los sectores productivos o primario y secundario como le dicen en economía. Refleja un tipo de régimen económico que no descansa en las fuerzas estructurales propias y por lo tanto requiere de un continuado y progresivo sistema de convencimientos al comprador, son las “ilusiones necesarias” requeridas para que el sistema funcione.
Este régimen económico no es garantía y mucho menos sustento para obtener niveles propicios para la generación de riqueza y su distribución, para el abordaje a las crisis alimentaria, climática y energética que son el marco de referencia a la enraizada vulnerabilidad que nos caracteriza en la actualidad. Así no obtendremos niveles de soberanía económica que nos permita navegar en el tempestuoso mar de la interdependencia. Este régimen, en el que la mercadotecnia es la fuerza propulsora, no nos proveerá ni de los tiempos ni de los recursos para superar la violencia y la inseguridad, para luchar contra la pobreza absoluta y relativa, para desterrar la violencia doméstica, para desterrar la violencia contra la mujer, para actuar en la fortaleza de los derechos económicos, políticos y de ciudadanía de mujeres y hombres. Pero eso sí, es bueno para estimular la diáspora que sostenga la remisión de divisas para satisfacer la categoría de comprador que requiere el sistema, una especie de pogromo contra los que conforman la “chusmocracia”, tal como un matutino nacional adjetiva a la población no “ilustrada y pudiente”.
Además de mantenernos entuturutados esperando comprar el teléfono celular que todavía no ha sido inventado, además de mantenernos embobados en creer que la panza desaparecerá si compro tal o cual ungüento, además de atrofiar la producción, este régimen económico distorsiona perversamente el componente fiscal pues prima la recaudación por la vía de los impuestos indirectos al consumo. Son impuestos regresivos ya que afectan a los que tienen menos y no guardan relación con la riqueza que se posee. Su lógica es que al estimular las compras aumenta la recaudación y así los grandes empresarios evaden su responsabilidad tributaria a través de los impuestos directos a la renta o a las ganancias.
Se ha pregonado que para obtener un clima propicio para las inversiones y para el crecimiento económico es urgente establecer un plan de seguridad, plan que para su implementación debe ser financiado por el sector empresarial –tanto por que se beneficia directamente como por tener los recursos económicos. A ese fin el gobierno requiere gravar transitoriamente al gran empresariado; pero nuevamente este gran empresariado da muestras de ese permanente espíritu egoísta y perverso de generarse ganancias a costa de las grandes mayorías de compradores y del erario público. Luego de la reunión entre el gobierno y las gremiales del sector privado para discutir el plan de seguridad y su financiamiento, el 8 de julio, Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, externó diáfanamente su honda preocupación por nuestro país ya que –según lo registra un matutino nacional- él manifestó que “.. el impuesto de Seguridad afectará la economía salvadoreña porque tocará el costo de la canasta básica.”
Estas declaraciones no dejan duda de que ellos transferirán a los precios al consumidor su valioso y magnánimo aporte al costo del plan. Podemos inferir que ellos, sin los atributos del legislador, legislaran un impuesto semejante al establecido en 1981 por el decreto 762, el impuesto al Fondo de Estabilidad y Fomento Económico –FEFE. Pero la recaudación será hacia sus arcas.
No solamente legislaran, esa magnanimidad los llevará a ser una Corte de Cuentas y una Sala Constitucional. Ellos velaran por que el gobierno debe ser “austero, transparente y eficiente en el uso de los fondos públicos”. Sin someterse al escrutinio rigen con mandatos impositivos, definen los designios nacionales. Con esa habilidad de construir consentimientos por medio del mercadeo venderán lo expresado por Mena Lagos: “Ve qué bonito, castigar al virtuoso y premiar al que tiene un vicio financiero”
En ellos prima el celo por las posesiones, el recelo a la “chusmocracia”. Perseverar en ese su rumbo facilita que emerja la nueva calidad y condición empresarial que requiere nuestro país. Acelerar esa emersión es tarea de la “chusmocracia”. Me atrevo a conjeturar.
