Unos casos son más claros que otros. La libre expresión tiene límites, especialmente cuando se trata, como la publicidad para el tabaco, de inducir a una sociedad, pero principalmente a sus jóvenes, a un vicio que es dañino para la salud. En este caso aplica también el principio de que el fin no justifica los medios, los beneficios económicos de la industria del tabaco no justifican sus daños. Los costos producidos en la salud del que fuma, de los que lo rodean y de la sociedad que tiene que curarlos, son mucho mayores que cualquier beneficio económico que su industria conlleva.
Los costos de no aplicar regulaciones del medio ambiente y de no imponer altas sanciones que puedan servir para parar industrias contaminadoras, quedan evidenciados en el caso del Sitio del Niño. La contaminación que produjo la fábrica de Baterías Record tiene un costo muy alto para las víctimas, para ese pueblo y para la sociedad. Los intereses privados de unos pocos o de grupos políticos han logrado parar hasta ahora otros rellenos sanitarios en el país así como algunos parques públicos, siendo el caso más conocido el del Parque de los Pericos. A pesar de la inspección de vehículos automotores muchos de ellos siguen circulando contaminando el aire que respiramos. Un estudio reciente cuantificó el costo de la contaminación del aire en la salud de la población de Santa Ana en cerca de $ 5 millones al año.
En el país no se logra imponer el control por parte del estado para preservar nuestros bienes comunes como el aire o parques para esparcimiento. Estos casos dejan claro que en algunas áreas de bien común, como el medio ambiente, la presencia del estado es necesaria para que priven los intereses comunitarios sobre los particulares. Estos casos refuerzan la posición del Ministerio de Salud ante la Ley Antitabaco cuando solicitó más recursos para poder aplicar la ley, dejando claro que no basta legislar, es también necesario regular y hacer valer esas leyes y regulaciones. Para ello es necesario invertir recursos, preparar personal y difundir las nuevas leyes y regulaciones.
El caso del asesinato de los padres jesuitas evidencia algunos principios y lecciones, así como genera polémica en otros puntos. Esa barbarie es un hecho clave en la historia del país; ese asesinato incrementó la viabilidad del fin de la guerra. Fue un acto de ocupación del aparato del estado para un acto violento que involucró a varios niveles del gobierno, desde el más alto hasta los soldados que lo ejecutaron físicamente. Fue un hecho cometido con la intención, por lo menos de algunos, de lanzar un mensaje de total falta de impunidad: si matamos a Monseñor y a los jesuitas, podemos matar a cualquiera. Fue un hecho que trató de imponer la violencia sobre la razón. Todo ello no se puede repetir jamás, y para que ello no se repita es necesario saber públicamente la verdad y que, por lo menos, todos los involucrados pidan perdón. Por la relevancia y significado del caso y para poder escribir correctamente nuestra historia, esto es lo mínimo que el país puede pedir.
El asesinato de los jesuitas fue un caso que se trató de solucionar jurídica y políticamente de una manera falsa, con un juicio que ocultó parte de la verdad, un juicio en el que la mayoría no confió, un juicio que juzgó solo a los actores físicos y no a todos los involucrados. Ello no satisfizo a muchos. La justicia o la verdad a medias no son soluciones. Por ello no es correcto hablar, como la hace Arena y otros, de que se esté vulnerando el estado de derecho y la institucionalidad al tratar de reabrir el caso. El juicio anterior, la forma en que se otorgó protección a varios de los involucrados, eso sí fue una mofa al estado de derecho y la institucionalidad del estado.
España al reabrir el caso, por tratarse del asesinato de varios de sus ciudadanos, nos da una nueva oportunidad de reconciliarnos como sociedad con ese pasado doloroso. No deberíamos desaprovechar la ocasión. Una opción que varios de los más afectados ya han propuesto es que se acepte y dé a conocer la verdad completa y que todos los involucrados reconozcan su pecado y pidan perdón públicamente. Ello puede no satisfacer a la justicia española, pero sería un paso sólido para continuar en el proceso de reconstrucción nacional.
Si aprendemos de esta historia reciente, todos los casos anteriores deberían servirnos para buscar una sociedad en la cual se priorice el bien común sobre el privado. Debemos abogar por una sociedad que se rija por leyes claras que apliquen por igual a todos, en la cual no se permita el uso del aparato del estado para bien de unos grupos o personas, y peor el uso de la fuerza injustificada y desmedida por parte del estado. Debemos aceptar la necesidad de la presencia de un estado fuerte en la aplicación de sus leyes, especialmente en los casos de bienes públicos y, que para que el estado sea fuerte en la aplicación de leyes y reglamentos, se le debe dotar de recursos y capacitar a sus recursos humanos. Y debemos aprender que la verdad y la justicia a medias no son soluciones en la construcción de una patria mejor.
