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FMLN propone reforma que arriesgaría independencia de la entidad que vigila a CEPA

Los diputados del FMLN pretenden cambiar la correlación en la directiva de la Autoridad Marítima Portuaria, para que tenga más representantes del gobierno y menos de otros sectores. El cambio supondría que el Ejecutivo controlaría la decisión final de CEPA sobre la concesión del Puerto de Cutuco y también la vigilancia y control que debe ejercer la AMP.


Miércoles, 28 de septiembre de 2011
Patricia Carías

El FMLN propuso en la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley General Marítimo Portuaria que modifica el número de miembros en el Consejo Directivo de la autónoma, poniendo la balanza en la toma de decisiones a favor del gobierno.  

La propuesta del partido de izquierdas llegó hace dos semanas, cuando la Asamblea aprobó la Ley de Concesión del Puerto de Cutuco, normativa que dicta las bases para comenzar a negocias las bases de una concesión en la terminal marítima en La Unión.

Con la aprobación de la ley, los legisladores también sumaron una función más al trabajo de la AMP, que hasta la fecha es la entidad encargada de controlar y vigilar todo lo relativo al uso de espacios marítimos y portuarios, así como la construcción, administración y mantenimiento de los puertos, además de vigilar el trabajo de los operadores portuarios en el país.

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Concesión del Puerto de La Unión, la AMP pasó a ser la entidad encargada de dar el aval técnico y legal a la licitación y al contrato que la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) negocie. Este aspecto le otorga a la AMP la decisión final en cuanto a la aprobación o negación de un concesionario de la terminal del puerto. El problema es que con la reforma al consejo directivo de la AMP, el gobierno tiene posibilidad no solo de manejar CEPA y sus decisiones, sino también de manejar al organismo encargado de vigilar a CEPA y sus decisiones.

A la fecha, el consejo directivo de la AMP está compuesto por cinco miembros propietarios, de los que tres son representantes del sector privado. El artículo 8 de la ley de la AMP establece que el nombramiento de dichos miembros se lleva a cabo de la siguiente forma: los primeros dos, entre ellos el director propietario, son elegidos por el Presidente de la República y el ente rector, que para este caso es el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

De los restantes, dos más son nombrados por el presidente, a partir de dos ternas propuestas por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), y el último es nombrado por los representantes de las facultades de ingeniería de las principales universidades. Las decisiones que tome el consejo podrán definirse a partir de un quórum de tres miembros, siempre y cuando entre estos figuren el director presidente, el delegado del MOP y uno de los representantes de ANEP.

En su propuesta, el FMLN plantea ampliar el consejo a siete miembros propietarios. “Esto busca garantizar el bien común y el ejercicio de la autoridad pública que se ejerce en los órganos de decisión y administración”, como la AMP, dice la moción.

De los dos nuevos directores, el primero sería nombrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El segundo “representaría”, reza el documento, al Viceministerio de Transporte, que en la actualidad está bajo el cargo del efemelenista Nelson García.  

Con esta modificación también cambiaría el mecanismo en la toma de decisiones, dado que la reforma establece un quórum de cuatro directores propietarios como mayoría simple para cada arbitraje del consejo. Esta situación pondría en ventaja los intereses del gobierno, que contaría con cuatro representantes en el consejo.

Esta reforma no solo pondría la balanza a favor del gobierno en la AMP, sino que también colocaría al gobierno del presidente Mauricio Funes como juez y parte en el otorgamiento y vigilancia de la concesión del puerto de La Unión.

En la reforma no se habla de un miembro nombrado por el viceministro de Transporte, sino de un “representante” del viceministerio, es decir, una persona que exprese la visión y opinión de la institución gubernamental. El juez y parte viene cuando el viceministro García también es director propietario de la junta directiva de CEPA.

Además, la junta directiva de CEPA está compuesta por un director presidente y siete directores propietarios, de los que cuatro son nombrados por el Órgano Ejecutivo en los ramos de Obras Públicas, Hacienda, Economía y Defensa Nacional, lo que también pone la balanza a favor del gobierno. Los otros dos provienen de dos ternas que para el efecto son presentadas una por los agricultores e industriales organizados en asociaciones reconocidas legalmente y la otra por los comerciantes organizados.  

Con los votos dentro del consejo de la AMP y la junta directiva de CEPA bajo el dominio del Ejecutivo y con la representación del voto de García en ambas entidades, la función de control y vigilancia de la AMP, en cuanto al otorgamiento de la concesión del puerto en La Unión, se diluiría.

En la pieza, el FMLN también plantea la derogación del inciso quinto del artículo 16 de la ley de la AMP, con lo que eliminaría de la lista de incompatibilidades con el cargo de director propietario el hecho de ejercer un cargo o una función en la administración pública.

La valoración de la propuesta quedará en manos de la Comisión de Agricultura y Economía de la Asamblea. Para aprobar la reforma son necesarios 43 votos favorables, de estos 35 ya están definidos por el FMLN.

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