Profesionista, moderadamente politizada, no tan afecta a asistir a las marchas, esta antropólga se movilizó hace un par de sábados por la tarde hacia la columna del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, convocada por el twitter. Raro, muy raro en ella. “Es que, ¿sabes? -me comentó- ahora sí tengo miedo”.
Como todos, pensé yo, que también –raro, muy raro en mí-- respondí a la convocatoria del tal twitter.
Este mismo día una fotografía dominó las primeras planas de los diarios.
Vestido de luto, como se ha visto obligado a presentarse ante la nación ya varias veces durante su mandato en las puestas en escena que se acostumbran para hacer frente a los episodios críticos de violencia que han escalado sin cesar, el presidente de México, Felipe Calderón declaró en cadena nacional: “Déjennos hacer nuestro trabajo. Dejen a un lado la mezquindad política y los intereses que buscan, precisamente, frenar la acción de las fuerzas federales simplemente para obtener, quizás, un lucro mediático y político”.
En un par de líneas, Calderón transmitía dos mensajes simultáneos: en uno negó una vez más el reclamo de múltiples voces y movimientos que claman un cambio en su cuestionada estrategia para combatir al crimen organizado. En otro develó que los últimos golpes violentos ya no solo se leen en el marco de la confrontación con el crimen organizado sino que tienen una clara dimensión política, dentro de la soterrada guerra por el poder. Finalmente introducía, de manera oficial, la palabra que en Washington esperaban incorporar en el vocabulario político de México: Terrorismo. Ahora sí, tienen abierta la vía para lo que llaman “combate al terrorismo”. Calderón es el portero.
Como telón de fondo en el escenario de esa foto se despliega la fachada de lo que fue un gran casino en la ciudad de Monterrey. De la puerta principal solo queda un boquete negro. Detrás de ese agujero obscuro, detrás de los muros ahumados, en la cavidad calcinada, murieron el jueves 25 de agosto, en las primeras horas de la tarde, 53 personas. Unos quemados vivos, otros asfixiados por los humos tóxicos. Se han identificado 39 mujeres, 10 hombres. Cuatro cuerpos más están carbonizados y no se ha determinado su género.
No fue un accidente. Fue un incendio intencional, ejecutado para eso, causar el mayor daño posible a ciudadanos inocentes. Fue perpetrado en un horario en el que, se sabe, las salas de juego están llenas, frecuentadas especialmente por señoras clasemedieras, ya mayores, que pasan el rato desafiando al azar frente a las máquinas tragamonedas. En una de esas tienen una buena tarde y regresan a casa con algún billetito extra.
Pero les tocó la de malas. Los jefes de algún grupo violento --¿paramilitar? ¿narco? ¿narcopolítico?-- habían dictado sentencia para esa tarde. El blanco del atentado más cruento hasta ahora en este México ensangrentado se dispara para todos lados y ofrece lecturas múltiples a más de un destinatario. Rebasa todos los terrores.
Un escalón mas
Los ensayos del atentado venían engarzados, uno tras otro. El 14 de agosto, en el famoso Acuario de Veracruz, una importante atracción turística en pleno malecón del puerto, estalló a mediodía una granada. Un muerto y tres heridos, según la versión oficial. Seis días después, 20 de agosto, en Torreón, Coahuila, se desató una balacera en las inmediaciones de un partido (el local Santos Laguna vrs. Monarcas de Michoacán) en el estadio Corona. Fuera del pánico generalizado y un policía herido, no hubo bajas. Pero el miedo, la estampida de la multitud, el escalofrío generalizado fueron televisados. Dos días más y el 22 de agosto una balacera en un centro comercial de Morelia, Michoacán, un supuesto asalto a una joyería, repitió las escenas de psicosis colectiva. El jueves 26 fue el turno del Casino Royale en Monterrey.
Hemos descendido un peldaño más en la escala de la inseguridad. Ahora la certeza es que la violencia nos puede pegar a todos, una tarde cualquiera. Ya no queda ni rastro de la estabilidad “a la mexicana” que hasta hace no mucho tiempo dábamos por descontada, pese a nuestros saldos históricos de autoritarismo, déficit demorático y sistema de justicia defectuoso.
El incendio intencional ocurre en Monterrey, la Sultana del Norte, el enclave del México industrializado, la capital de las inversiones extranjeras, con no menos de 1,200 empresas estadunidenses ancladas en la segunda ciudad del país. Es Nuevo León, el estado que concentra 10 por ciento de de la capacidad manufacturera. Por lo tanto, el golpe pega en un nervio neurálgico.
Los hombres que vertieron los bidones de gasolina rodeando a la gente y le prendieron fuego al combustible ni siquiera se taparon la cara para actuar. Un fragmento del operativo fue captado por las cámaras de seguridad del acceso. Hipótesis: ¿Los propietarios del casino, protegidos por versiones turbias y confusas de las autoridades, le debían algo a algún cartel? ¿Su cuota, quizá? El narco, que se apropió de la industria de la extorsión, lleva al menos cinco años quemando y balaceando negocios que adeudan su derecho de piso en las ciudades del Norte. ¿O hubo problemas en alguna operación financiera (lavado de dinero) de las que suelen manejarse bajo la mesa en este tipo de negocios?
¿O se trata de algo más? Y es que el escenario fue, precisamente, de Monterrey, la metrópoli regia, que el cónsul de Estados Unidos Bruce Williamson –diplomático egresado del Colegio Nacional de Guerra con una maestría en Estudios Estratégicos y ex consejero para Latinoamérica en la Oficina Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado-- clasificó en un cable secreto destinado a la secretaria de Estado Hillary Clinton como “territorio Zeta” apenas hace dos años. Fue uno de los cables que Wikileaks entregó a La Jornada, publicado en febrero de este año.
Monterrey ha sido el escenario de varias guerras intercarteles. Primero fue “plaza” del Cártel del Golfo. Luego fue “territorio Zeta”. Nuevo León es donde, ahora que afloran cadáveres del subsuelo, se han encontrado más fosas clandestinas. Hasta la fecha son 24, con el rescate de un total de 91 cuerpos.
En últimas fechas ha hecho presencia el capo del Cártel del Pacífico, nada menos que Joaquín El Chapo Guzmán, y es posible que este sea el síntoma de una nueva guerra entre dos titanes, los Zetas y la Federación. ¿Puro narco? Los especialistas clasifican ahora a estos corporativos criminales ya no solo como carteles del narco sino como organizaciones transnacionales del crimen organizado. Con ramificaciones profundas en la banca, los juzgados, los partidos políticos, los cuerpos de seguridad (sí, también las Fuerzas Armadas) y los tres niveles de gobierno.
Pero también es posible que ninguna de estas sea la explicación. La brutalidad del hecho, el daño profundo, intencional, parece escapar a la lógica del crimen organizado. Se buscaba, llanamente, sembrar el terror, forzar al Estado a incorporar en su discurso la pieza faltante, la del discurso antiterrorista. Ya lo lograron.
En la Cámara de Diputados sube día a día la temperatura en torno al debate para la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional. Los dos principales partidos políticos, el PRI y el PAN, con aquiscencia de algunos menores y una fracción del PRD, avanzan hacia su aprobación pese a las movilizaciones sociales en contra.
A nombre del Movimiento por la Paz con Democracia y Dignidad, integrado por víctimas de la violencia, el sacerdote y activista Miguel Concha advirtió a los legisladores en un reciente encuentro: “Los especialistas y las organizaciones de derechos humanos prendimos la alerta sobre el peligro que su contenido entraña para la muy deficiente democracia y los derechos, ya severamente dañados por la instrumentación de una equivocada y necia estrategia de militarización de la seguridad pública”.
Pero el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas tienen prisa de imponer este cuerpo de leyes para blindar legalmente al ejército en un escenario en el que, en el supuesto combate al narcotráfico, derechos de los ciudadanos se criminalizan y atropellan en total impunidad.
Para el ejército, la LSN significaría enterrar de manera definitiva la presión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar que los abusos y delitos de los militares contra civiles sean juzgados por los propios tribunales castrenses. También significaría derribar las últimas barreras constitucionales para legalizar la acción del ejército y la marina en labores policiacas. Finalmente, eludiría los candados legales actuales para decretar suspensión de garantías individuales en situaciones como, precisamente, la de Monterrey.
La legitimidad y visibilidad del Movimiento por la Paz, que encabeza el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado, complicó la aprobación de la LSN en los tiempos previstos por el Ejecutivo. Ahora le toca a las fuerzas que presionan a favor de esta ley mover sus piezas en el tablero para aumentar la presión. ¿Eso fue lo que hicieron en el Casino Royale?
Pero Monterrey también es un espacio donde se libra una guerra más. Desde Toluca, en el céntrico Estado de México, el PRI ha avanzado varias casillas para posicionar al gobernador Enrique Peña Nieto de cara a las elecciones presidenciales del año próximo. Hay mucho en juego en ese jaloneo que libran PRI (por regresar a Los Pinos) y PAN (por mantenerse ahí). Ahora vemos que debajo de la mesa la batalla por el poder también contiene un ingrediente de violencia. Es la guerra por el poder.
