Opinión /

Políticos vs. ciudadanos


Lunes, 19 de septiembre de 2011
Rafael E. Góchez
 De vuelta a elecciones. Los partidos políticos ya están en campaña con el propósito de  adquirir más poder público en las elecciones municipal y legislativa de 2012. Por su parte, los ciudadanos están concentrados en regresar “sanos y salvos” a su casa y en llevar los alimentos a la mesa. ¿Qué significa esa diferencia? Entre otras cosas, quiere decir que la oferta (partidos políticos) y la demanda (ciudadanos) no se juntan. Este desencuentro es más difícil de superarlo porque las finanzas públicas están en aprietos y el panorama económico es de pronóstico reservado.

Semejante situación pone en apuros a las cúpulas partidarias, ya que no encuentran que ofrecerles a los ciudadanos (votantes) sin caer en la demagogia o el populismo. Razón por la que pareciera que algunos dirigentes políticos se están inclinando por lograr que la agenda nacional gire alrededor de la lucha por la distribución del poder público, dejando en un segundo plano las propuestas de solución y el financiamiento para implementarlas. Habrá, entonces, que analizar si los ciudadanos compran la idea de que “en estas elecciones se decide el futuro del país”. Si los ciudadanos aceptan esa estratagema, es probable que dicha maquinación se amplíe hasta las presidenciales de 2014 y envuelvan al país en una prolongada dinámica electoral. 

Hacer girar el país alrededor de las elecciones y la distribución del poder público es un punto crítico entre políticos y ciudadanos. ¿Por qué? Debido a que el poder público emana del pueblo. Es decir, el quid del asunto es entender que el que manda es el pueblo. Consecuentemente y dado que la estrategia electoral de los partidos políticos pareciera alejarse de las demandas sociales, una opción democrática es que los ciudadanos conozcan, cumplan y ejerzan sus derechos y deberes políticos.   

Urge, por lo tanto, proporcionarle más información, espacio y voz a la ciudadanía. Para lo cual, es clave el papel de los medios de comunicación. Veamos un caso: la mayoría de salvadoreños vive en ciudades fracturadas que se han vuelto fuente de miedos, inseguridades y amenazas. En las ciudades contrastan los numerosos barrios populares (deteriorados) y las pocas colonias modernas (seguras). Este tipo de fracturas se abren más por el desordenado proceso de urbanización v.g. el AMSS está llena de humo, ruidos, rótulos, postes, vehículos, túmulos, cables, muros y  hoyos.

El deterioro socioambiental de las ciudades pareciera ser un tema marginal, cuando el proceso de urbanización debería ser prioridad nacional. Esta situación se constata a través de la pasividad gubernamental y la indiferencia ciudadana. Es decir, los salvadoreños se están acostumbrando a vivir en lugares desordenados, sucios e inseguros. Por otra parte, estas condiciones (hacinamiento, limitado capital social y pérdida de espacios públicos) favorecen la expansión del crimen organizado y la violencia social. Este es el punto. Da la impresión de que dirigentes políticos y empresariales siguen sin entender la naturaleza del problema de inseguridad humana y la desesperación los está llevando a una gran acción policíaca-militar.      

La “bomba social” ya estalló en El Salvador. Para comprobarlo usted solo tiene que caminar por las aceras de las ciudades o transitar de noche por las carreteras del país, para sentirse amenazado, inseguro e impotente. Esta dura realidad debería ayudar a fortalecer la institucionalidad para el desarrollo territorial y a evitar la ampliación de  programas asistencialistas (por reforzar en los salvadoreños la noción de que “papá gobierno” les solucionará sus problemas). Hay que romper el círculo vicioso: a mayor crisis, más asistencialismo; y a más asistencialismo, menos posibilidades de involucrar a la población en la solución de sus problemas. Consecuentemente, los dirigentes políticos están enfrentados con los ciudadanos.         

 


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