El último día de septiembre tiene como límite el Gobierno para presentar ante la Asamblea Legislativa el Presupuesto General de la Nación para el año 2012. A partir de ese momento se abre el debate político en torno a su aprobación en la Asamblea Legislativa y comienza la politiquería, el estira y encoge de siempre en la votación, en la que por definición los partidos de la oposición no están de acuerdo con el proyecto de presupuesto presentado por el Ministro de Hacienda y alargan la discusión tratando de sacar provecho electoral del debate hasta diciembre donde finalmente después de mucho ruido lo terminarán aprobando.
Ya se sabe que la cuestión será como todos los años: el Órgano Ejecutivo seguirá diciendo que los programas sociales son su prioridad y que aumentará el presupuesto a Educación. Salud y Seguridad. Pero la realidad es que en términos del presupuesto no habrán mayores sorpresas. El ministro de Hacienda ya dijo que el Presupuesto General de la Nación para el 2012 será de unos $4,400 millones. La cifra es casi la misma de 2011.
El presupuesto tiene tres objetivos básicos de política económica: En primer lugar asignar recursos para la prestación de servicios públicos esenciales para el bienestar de la población como la educación, la salud, la seguridad, la justicia, la construcción de infraestructura básica como carreteras, puentes etc. El Estado debe de asignar recursos en la cantidad adecuada para que estos servicios lleguen a la sociedad.
El presupuesto en segundo lugar tiene como objetivo una función de redistribución del ingreso, pues a través de una correcta política tributaria se debe transferir riqueza de las personas con mayores ingresos hacia las de menores ingresos y en tercer lugar el presupuesto puede favorecer la evolución favorable de variables macroeconómicas como el crecimiento y el empleo por medio de la inversión pública.
El análisis presupuestario debe responder a las siguientes preguntas: ¿A quién se asigna el presupuesto? ¿En qué se gasta?, ¿Para qué se gasta? Y ¿Cómo se financia lo que se va a gastar?
El presupuesto refleja las prioridades del gobierno: “Donde está tu tesoro, allí está también tu corazón”, dicen los cristianos. El Ministro de Hacienda informó que en el caso del presupuesto para Educación el monto asignado tendrá un incremento de $100 millones para 2012, lo que significa que la inversión en educación aumentará del 3.09% del Producto Interno Bruto (PIB) al 3.39%. Cuando se dice que la inversión en educación representará el 3.39% del PIB, lo que se está indicando es que por cada dólar producido en la economía, solo 3 dólares con 39 centavos se utilizarán para educación y este porcentaje es muy bajo si se toma en cuenta las necesidades educativas del país.
En números absolutos un incremento de 100 millones de dólares en el presupuesto de educación parece mucho, en términos reales que el porcentaje del PIB que se invertirá en educación llegue al 3.39% es muy poco. Históricamente en El Salvador nunca se ha invertido lo que debe de ser en educación, ni en sueños nos hemos acercado, al 7% del PIB invertido en Educación como lo recomiendan los organismos internacionales.
No nos engañemos: la prioridad que el Estado otorga a un programa no se mide por lo que se dice; se mide a través del porcentaje del PIB invertido en cada área. Esta medida da cuenta del valor que el gobierno otorga al financiamiento de la educación, y El Salvador es junto con Guatemala y Haití uno de los países latinoamericanos que menor porcentaje del PIB asigna a la educación.
Si bien es cierto que es difícil para un país alcanzar la recomendación que hace la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para el gasto educativo. Lo anterior no descalifica que, para lograr avances significativos a mediano plazo en Educación, se requiera destinar al menos el 7% del PIB a Educación.
Es muy claro que el problema presupuestario no se puede reducir a cuánto se aumenta el presupuesto; también es necesario determinar en qué se va a gastar y cómo se va a administrar el monto asignado; el gasto debe estar altamente concentrado en el caso de la educación en la asignación de recursos al mejoramiento de la calidad educativa, para hacer obras, para la formación de maestros, ampliar la cobertura educativa y no tanto centrado en gastos corrientes como pagar sueldos y salarios, papelería, pagar el agua, luz, teléfono de las oficinas del Ministerio de Educación y en la entrega de los paquetes escolares. No hay dudas de la insuficiencia del presupuesto asignado a educación y la utilización ineficiente de esos recursos incide en graves deficiencias en la cobertura y calidad de los servicios educativos.
Todos queremos educación de calidad, todos decimos que la educación es clave para el desarrollo del país, en todas las encuestas el funcionario que siempre sale mejor evaluado del gobierno es el Ministro/a de Educación. Pero cuando se habla de pagar el precio de una educación de calidad no estamos dispuestos a pagarlo.
Un caso emblemático es la parte del presupuesto de educación asignado al Programa Nacional de Alfabetización que según lo declarado por el Ministro como un programa insignia:
La asignación presupuestaria al Plan Nacional de Alfabetización es muy limitada en relación con los alcances esperados y las necesidades del país. De acuerdo con los organismos internacionales el 3% del presupuesto de educación se debe invertir en la alfabetización de adultos y en El Salvador estamos lejísimos de esa cifra. El MINED tiene como objetivo garantizar el derecho a la educación permanente en la población joven y adulta, reduciendo drásticamente el índice de analfabetismo que es muy alto: el 17.97%; y los recursos invertidos son muy bajos.
Hablar en serio de presupuesto en educación seria plantearse que exista una asignación por mandato constitucional que asegure que una proporción fija del presupuesto nacional cada año por ley sea canalizada a la educación que no puede ser menor que el 7% del PIB.
