Con 76 votos a favor de todos los partidos, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves una nueva Ley de Ética Gubernamental, que deroga la de 2006 y que incorpora el castigo de multas para los infractores, y que da al Tribunal de Ética Gubernamental la facultad de hacer investigaciones de oficio.
La nueva normativa había sido consensuada la semana pasada por las bancadas de FMLN y Arena, y obtuvo el visto bueno del resto de partidos en la sesión que tuvo el lunes la Comisión de Legislación del parlamento.
Las nuevas reglas coinciden con lo que hace dos años propuso la presidenta del Tribunal, Silvia Lizette Kuri de Mendoza, quien se quejaba de que la institución a su cargo carece de dientes para incidir de manera significativa en el combate a la corrupción. Una de las grandes limitaciones que citaba era la imposibilidad de investigar oficiosamente a funcionarios.
Guillermo Ávila Qüelh, diputado de Arena y presidentede la comisión, argumentó que la ley vigente tiene tantos vacíos que ya no era posible solo hacerle cambios, sino que hacía falta derogarla y emitir una nueva.
Hasta la fecha las sanciones que puede aplicar el TEG se limitan a amonestaciones escritas u orales y despidos sin responsabilidad. Sin embargo, la nueva normativa solo contempla la aplicación de multas, que serán impuestas con base en criterios de graduación tales como el daño causado, el resarcimiento posible, la reincidencia y el hecho cometido.
El monto de las multas podrá variar entre un salario mínimo (224 dólares actualmente) hasta 40 salarios mínimos (cerca de 9 mil dólares).
Otro de los cambios que trae la nueva ley es que el TEG tendrá la capacidad de sancionar no solo a aquellos funcionarios infractores que tengan un cargo público, sino también a aquellos que lo hayan dejado hasta cinco años atrás.
El decreto establece que la nueva ley entrará en vigencia en enero de 2012.
