El presidente de la República, Mauricio Funes, envió este día al parlamento sus observaciones al decreto aprobado por sus socios legislativos (FMLN, Gana y CD) el pasado jueves 30 de septiembre, cuando con 52 votos aprobaron una iniciativa que limita la tasa de interés que las casas emisoras de tarjetas de crédito pueden aplicar a los clientes. La medida pretendía poner un techo que a juicio del mandatario va en contra de la seguridad jurídica del país.
Funes dice coincidir con los argumentos de la banca en cuanto a que con el decreto se volvería inviable la emisión de decenas de miles de tarjetas. La obligación de que los emisores de tarjetas no puedan cobrar un interés superior a ocho veces el interés que pagan a los ahorrantes por sus depósitos a un año plazo, las hará incosteables para aquellos usuarios que suelen destinarlas para financiar sus operaciones productivas, comerciales o de consumo, dice el presidente.
También acepta el argumento de los legisladores sobre la existencia de abusos de parte de los emisores. 'La Presidencia comparte el espíritu de los legisladores en su iniciativa de poner límite a las tasas de interés, en muchos casos usureras, que aplica el sistema financiero a los usuarios de tarjetas de crédito y la intención que de ello deriva de proteger a los consumidores".
Sin embargo, expone a la Asamblea, la manera adecuada de lograr el mismo objetivo estaría en una ley más amplia que la de tarjetas de crédito, y que permita regular los cobros que imponen otras personas naturales o jurídicas que sin ser emisoras de tarjetas de crédito, también otorgan préstamos con tasas exorbitantes.
'Aquellos consumidores que deseen un crédito por medio de tarjeta contarán con una restricción más para acceder a este, por cuanto los bancos dentro de su libertad de contratación excluirán a un amplio segmento de usuarios que no encajen con el perfil que impone la nueva norma, como se desprende de los datos y, como consecuencia natural, se verán en la necesidad de acudir a entidades o personas al margen de la regulación pretendida, quienes otorgarán el mismo financiamiento a tasas excesivamente altas y, por tanto, perjudiciales para su bienestar económico', dice Funes a los diputados.
El presidente dice inclinarse más a la emisión de una ley contra la usura que abarque a todo el sector que se dedica a otorgar créditos. 'Es necesario, por tanto, crear una ley más general que regule e incluso, prohíba, las prácticas financieras abusivas, pero respecto de todos los sujetos que pueden realizar dichas actividades en detrimento del patrimonio de los salvadoreños, tales como las leyes contra la usura implementadas en otros ordenamientos jurídicos, pues la Ley del sistema de tarjetas de crédito es un cuerpo especial, que deja sectores fuera de la reglamentación.'
Esta reforma a la ley de tarjetas de crédito aprobada por los diputados habría sido la única regulación a los márgenes de ingresos que las instituciones financieras puedan acreditarse.
Con la reforma se dicta una fórmula proporcional entre tasas de interés activas y pasivas, es decir, se ancla el cobro que los emisores de tarjetas pueden hacer a los clientes, al pago que están dispuestos a reconocerle a los ahorrantes por el dinero que les depositan. “Los emisores o coemisores no podrán establecer tasas de interés efectivas superiores a ocho veces la tasa de interés ponderada que pagan los bancos al público por los depósitos a un año plazo”, reza el decreto.
De acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de Reserva, con base en las tasas de depósito a plazo que ofrecen los bancos, el interés promedio que se concede en depósitos de hasta 360 días ronda el 2% anual. Por lo que, al multiplicar los ochos puntos que dicta la reforma la tasa de interés en tarjetas de crédito no debería superar el 16%.
En su comunicado de prensa, la presidencia dice que en el país circulan 558,349 tarjetas de crédito, de las cuales solamente 36,695 tienen una tasa de interés menor al 18%, otras 187,550 cobran tasas de entre 18% y 30%, y 102,828 tarjetas tienen tasas de interés que varían entre el 30% y el 36%. Casi la mitad del total, 231,006 tarjetas, tienen interés superior al 36%.
Ahora que Funes devolvió observado el decreto, los diputados pueden ignorar los comentarios del presidente o incorporar algunas de sus observaciones al decreto y votar de nuevo para aprobar la reforma. Si los legisladores consideran que todas las observaciones del gobernante son válidas, prácticamente tendrían que retractarse de estas enmiendas a la ley de tarjetas de crédito y emitir una ley contra la usura.
