En cuestión de cuatro meses los dos partidos con mayor representación legislativa pasaron de querer maniatar a la Sala de lo Constitucional a buscar la manera de otorgarle más poderes, incluso ante los mismos magistrados que internamente se oponen a aquellos cuatro que llegaron a la Corte Suprema de Justicia en julio de 2009. Cuatro meses después del decreto 743 que disponía que estos cuatro magistrados no podrían sentenciar inconstitucionalidades sin el apoyo del quinto magistrado, el FMLN y Arena discuten la posibilidad de quitarle a Corte plena la facultad de depurar jueces, de manera que sea la Sala la que se encargue del proceso de saneamiento.
El proyecto de reformas a la Ley Orgánica Judicial tiene como propósito 'contribuir' con una tarea de depuración que según algunos magistrados la Corte Suprema no ha podido hacer debido a que entre ellos hay quienes protegen a jueces corruptos.
Lo de la contribución lo mencionó hace cuatro semanas el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, del FMLN. Y lo de la supuesta protección lo mencionó en septiembre pasado el magistrado Florentín Meléndez, uno de los cuatro que se incorporaron a la Corte en julio de 2009, cuando denunció que su colega Ulices del Dios Guzmán lidera un sabotaje a los intentos del máximo tribunal de evaluar las denuncias contra decenas de jueces acusados de corrupción.
Un mes más tarde, los diputados del izquierdista FMLN y los de la derechista Arena discuten quitar, por ejemplo, la voz y el voto a magistrados como Guzmán, de la Sala de lo Penal, para que solo sean los constitucionalistas los que se encarguen del saneamiento judicial.
La Sala de lo Constitucional está integrada por cinco jueces. El presidente es Belarmino Jaime, y los vocales son Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Néstor Castaneda. Los primeros cuatro, que tomaron posesión hace 27 meses, han funcionado como una orquesta en algunas de las sentencias de inconstitucionalidad más importantes que ha visto el país desde el fin de la guerra. Castaneda, por el contrario, no ha dado su voto en aquellas decisiones que significaron un golpe a los intereses de los partidos o a los de los medios de comunicación.
El Faro tuvo acceso al borrador único que han estado discutiendo Arena y FMLN. Ambos partidos coinciden en que la Sala de lo Constitucional pueda decidir el futuro de los jueces acusados de corrupción con cuatro de cinco votos posibles. Esta visión contrasta con la que recogía el decreto 743 del 2 de junio pasado, que pretendía obligar a la Sala a resolver inconstitucionalidades con cinco votos. En su proyecto, los legisladores parten de la importancia en la ejecución y el cumplimiento de las atribuciones que el artículo 182 de la Constitución da a la Corte. Entre esas figura el conocimiento de los expedientes disciplinarios de jueces, abogados y notarios.
La medida contribuiría a que las decisiones, respecto a la investigación y posterior depuración de jueces corruptos, sean fácilmente evacuadas aún y cuando un magistrado de la Sala no esté de acuerdo -como en reiteradas ocasiones ha sido la postura del magistrado Néstor Castaneda-. La Sala retornó a su mecanismo de votación habitual después de que la misma Asamblea derogara el 743 el 27 de julio, a pocos días de cumplir dos meses bajo el régimen impuesto por los legisladores. De todas formas, los magistrados habían decidido declarar inaplicable el 743 por inconstitucional en al menos una ocasión.
La idea de los partidos se basa en el artículo 173 de la Constitución, que mandata que todas las funciones de la Corte sean “distribuidas entre las diferente salas”. De esta manera proponen que la Sala de Civil se encargue de realizar exámenes de suficiencia a notarios, la Sala de lo Penal emita los informes y dictámenes sobre indultos y conmutaciones de penas y la Sala de lo Contencioso Administrativo tenga bajo su cargo la depuración de abogados y notarios.
Debido a que la Sala de lo Constitucional y la de lo Contencioso Administrativo serían las encargadas de las depuraciones, tanto de jueces como de abogados y notarios, estas contarían con el apoyo directo del Departamento de Investigación Judicial y de la Sección de Investigación Profesional, respectivamente.
En junio de este año, Florentín Meléndez, en una entrevista con El Faro, denunció el filibusterismo en la Corte, pero decidió no mencionar nombres. Fue hasta el pasado 15 de septiembre cuando Meléndez acusó a su compañero de la Sala de lo Penal. Otros magistrados, como Rodolfo González, incluso han utilizado las redes sociales para reflejar parte de lo que ocurre en las reuniones de la Corte. En la sesión del 22 de septiembre, González mencionó por esa vía lo que estaba ocurriendo: “El Jefe de Investigación Profesional ha comenzado a exponer los proyectos de resolución para inhabilitar a los notarios, en los casos que quedaron pendientes el pasado martes”, escribió. Y añadió algunos nombres. “A esta hora nuevamente han abandonado el salón de Corte Plena los magistrados Mario Valdivieso, Miguel Trejo y Ulices del Dios Guzmán, quienes por la mañana votaron en contra de suspender al juez Tejada”.
Hasta la fecha, tal y como manda la ley, las decisiones de la Corte en pleno deben ser tomadas con una mayoría simple de ocho votos favorables de los 15 magistrados. En la Corte existen alrededor de 700 casos de denuncia contra jueces en todo el país, el 10% de estos están relacionados con corrupción. El número adquiere mayor relevancia si se toma en cuenta que en El Salvador laboran únicamente 556 jueces, lo que significa que hay más denuncias que jueces. Pero lo que sucede es que varios jueces tienen varias denuncias. En mayo de este año la Corte comenzó el estudio de los casos considerados de mayor gravedad, y el resultado fue la destitución de dos de los 75 jueces demandados por situaciones graves.
Aunque la propuesta de reformas aún está en borrador, varios diputados expresan ya seguridad de que apoyarán los cambios. Sigfrido Reyes se refirió hace más de tres semanas a los problemas de depuración judicial. “Yo le puedo asegurar que en la Asamblea Legislativa estamos dispuestos a revisar la legislación, con el propósito de que la depuración judicial sea efectiva y que contribuya con ello al castigo con los criminales. Si la Corte por sus propios medios no lo puede resolver, la Asamblea Legislativa va a contribuir, examinando reformas que permitan una efectiva depuración del Órgano Judicial a todo nivel”.
Norma Guevara, también del FMLN, confirmó en una entrevista con El Faro que existían puntos en común entre su partido y Arena, uno de ellos el interés en el saneamiento en la administración de justicia. “Creemos que en la Ley Orgánica Judicial podría mandatárseles tener procesos diferentes. Un camino es que ellos mismos se regularan, pero no está fuera de nuestro alcance o del presidente de la República una iniciativa que les mandate procedimientos más expeditos de manera que puedan como consecuencia de mejorar esto enfocar su atención a la justicia”.
Para el Frente, las reformas no se limitan a la distribución de funciones. Guevara explicó que el propósito es llegar a transparentar las sesiones de la Corte, lo que permitiría conocer la línea de pensamiento de cada magistrado. “La Corte es algo como una torre de Babel oculta que también va siendo tiempo que también los aspectos más importantes los deliberen con transparencia a la ciudadanía para poder identificar a qué corriente de pensamiento jurídico está alineado cada magistrado y ser más cuidadosos en la elección”, dijo.
Otro de los cambios que mencionó Guevara es la agilización en la lectura de actas en la Corte. “Las lecturas ocupan el 80% de las sesiones y eso no puede ser”, se quejó. De esto se han quejado los mismos magistrados que asumieron cargos en julio de 2009, pues dicen que esta es otra táctica de filibusterismo con el propósito de agotar el tiempo de las sesiones para que no alcancen a discutir los expedientes de los jueces acusados de corrupción.
En el partido Arena el diputado Guillermo Ávila Qüehl defiende la necesidad de una intervención legislativa por medio de reformas a la ley, pero un dirigente aclaró que aún no hay una decisión en la organización de derechas. 'Yo estoy convencido de que el Órgano Judicial tiene una deuda de que no ha depurado jueces, no ha depurado abogados ni notarios. No ha hecho lo que le corresponde. Para mí debería haber una depuración que dé resultados y si para eso es necesaria una reforma a la Ley Orgánica Judicial para facilitar y operativizar esas depuraciones, en lo personal estoy 100% convencido de que hay que hacerlo”, dijo.
Un miembro del Consejo Ejecutivo Nacional, que pidió el anonimato, aseguró que él prácticamente no tiene dudas de que su partido apoyará las reformas, pero aclaró que la decisión aún no está tomada. Dijo que eso se debe a que la dirección nacional aún no ha discutido suficiente la propuesta de reformas. En Arena, partido que votó en favor del decreto 743 y que posteriormente se retractó, los votos parecen aún estar divididos, pues hay quienes continúan creyendo que la Sala se ha sobrepasado en sus atribuciones, especialmente en materia electoral y de partidos, dijo el dirigente.
En el FMLN -que no votó por el 743 pero luego de que el presidente Funes lo avalara fue el más enérgico demandante de que la Sala lo acatara- parece haber consenso. Los efemelenistas fueron quienes luego terminaron redactando con Arena un decreto que devolvió a la Sala su sistema de votación original.
Hay dos aspectos en los que ambos partidos coinciden. El primero de ellos se refiere a que de todas las salas de la Corte sea la Constitucional la que se encargue de la que podría ser la tarea más delicada e importante de todas. Según efemelenistas y areneros, la depuración judicial es una de las labores que por naturaleza le atañen a la Sala. ¿Y por qué a esta Sala? Porque es la que los diputados creen que ha mostrado voluntad de depurar, aunque no haya podido obtener el respaldo suficiente de los otros magistrados. “Lo que es evidente es que el resto de la Corte, más allá de la Sala, no busca una solución, no mira una salida a ese estancamiento de depuración de notarios y depuración de jueces. Entonces hay que buscar un camino”, dijo Guevara.
El dirigente de Arena da casi por hecho que su partido votará en favor de las reformas. “Para Arena estas cosas son eminentemente judiciales y administrativas y por eso no le vemos problema. Con el 743 después nos echamos para atrás, pero ahora creemos que la Sala es la que tiene las obligaciones judiciales para tratar esto”, afirmó.
Según diputados de Arena y del FMLN, la posibilidad de hacer reformas fue una coincidencia que surgió cuando ambas partes se reunieron varias veces después de la promulgación del decreto 743. En esa ocasión tanto magistrados como diputados concurrieron en la necesidad de buscar reformas a la ley que rige la Corte con el fin de contribuir a la ejecución eficaz de los procesos internos, entre ellos la depuración.
La semana pasada, El Faro intentó obtener una versión de parte de Meléndez, presidente en funciones de la Corte, pero este se rehusó a dar declaraciones al respecto.
El paquete de reformas que están evaluando los partidos también incluye modificaciones a cinco normativas paralelas a la Ley Orgánica Judicial, entre ellas la Ley de la Carrera Judicial, la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, la Ley del Notariado y la Ley de Ocursos de Gracia.
FMLN y Arena, que tienen 35 y 19 diputados, respectivamente, suman 54 votos, suficientes para reformar la ley. Pero luego las enmiendas tendrían que recibir el visto bueno del presidente Mauricio Funes, quien también fue parte de la maniobra para atar a la Sala con el 743. Si Funes vetara los cambios a la Ley Orgánica Judicial, la Asamblea requeriría el voto de al menos dos tercios de los 84 diputados (56) para superar el rechazo del gobernante.
Funes, además, luego de la crisis por el 743 propuso al parlamento una reforma a la Ley de procedimientos constitucionales que, por un lado, derogaría el 743, pero que por el otro obligaría a la Sala a declarar las inaplicabilidades de una ley por razones de inconstitucionalidad con el voto de todos los magistrados. Por ahora basta el respaldo de cuatro de los cinco. Los partidos políticos no han expresado hasta ahora ni entusiasmo por el proyecto de Funes ni apoyo.
