Una de las dos dirigencias del Partido Popular (PP), la que encabeza el empresario Catalino Miranda informó este lunes, en un campo pagado, que la expulsión del diputado Orlando Arévalo es definitiva porque venció el plazo y este no presentó un recurso de apelación ante el tribunal de honor que lo consideró responsable del mal manejo de los fondos del partido; Arévalo, a quien acuerpa otro grupo de dirigentes, responde que no reconoce esa autoridad y asegura que quienes están fuera de esa organización son sus detractores, situación que deja al partido con dos direcciones.
“El punto es que no reconocemos la legalidad ni la legitimidad de ese tribunal. No hemos apelado ante nadie porque esto es simplemente un show político”, dice Arévalo, secretario general del partido más joven de El Salvador, quien fue notificado de su expulsión el 14 de octubre pasado. Según el campo pagado, el tribunal de honor notificó al diputado de su expulsión el 18 de ese mismo mes y los estatutos le garantizaban el derecho a una apelación en los siguientes cinco días hábiles. No lo hizo.
“Declárase ejecutoriada la resolución (…) en la cual se estableció su expulsión definitiva como miembro y secretario general”, reza el documento que cita como nuevo secretario del partido a Miranda. El empresario reitera que la expulsión de Arévalo es, en parte, por mal manejo de fondos: “Me dijo que había recibido 980 mil dólares, incluyendo 400 mil dólares para hacer un evento en el estadio Cuscatlán. Argumentando que no se podían abrir cuentas (del partido) él manejaba todo. No he querido ir a los tribunales a la rendición de cuentas porque ya está enfermo y si lo voy a denunciar se va a morir y no quiero llevar ese cargo de conciencia”, explica.
Miranda y otros políticos que han desfilado por varios partidos políticos como Rónal Umaña, ex secretario general del PDC; Horacio Ríos, exdiputado de Arena y PCN y exdirigente del ya desaparecido PAN, le recriminan al diputado que todos los fondos los destinaba para afianzar su próxima candidatura como diputado por La Libertad. Arévalo defiende que manejó esos fondos porque algunos empresarios como Enrique Rais, presidente de MIDES, le entregaron donaciones con la condición de que él las controlara.
Además del manejo del dinero, las diferencias en la cúpula del PP también están relacionadas con el reparto de puestos en la Junta de Vigilancia Electoral y en las candidaturas para alcaldes y diputados. El interés por esas dos cuestiones, dice Arévalo, llevaron a que ocho de los 15 miembros de la comisión política promovieran su expulsión ante el tribunal de honor. “El primer error que cometen es que toman acuerdo como comisión política que no había sido convocada por la persona que es la responsable de convocar, que es tu servidor. Ellos hacen la reunión de la comisión en forma clandestina y subversiva”, dice.
La versión de Miranda es que el tribunal de honor “detectó irregularidades” casi desde la fundación del partido, el 13 de enero de 2010. Y aunque enumera el manejo de las finanzas como una de los principales motivos de la expulsión, también habla de una pugna por el reparto de puestos: “No se puede convivir con alguien que quiera conservar una dictadura con una cara democrática… (Arévalo) defensor de los campesinos es paja. Es un individuo que no se puede trabajar colegiadamente, discutir el tema de repartir los 14 departamentos a 14 directores, a 14 diputados para que compitan en las nuevas elecciones”.
Por eso, el grupo de Miranda dice que la expulsión es definitiva; por eso, ya se proclamaron como la nueva cúpula. Arévalo, entonces, hace números para explicar por qué sigue siendo el secretario general del PP: 91 de los 124 fundadores del partido le autorizaron a convocar a una nueva convención para reestructurar la comisión política. Esa convención, dice, le dio luz verde para dejar fuera a Miranda y sus seguidores.
El pleito por el control del PP podría pasar a la agenda del Tribunal Supremo Electoral (TSE) esta semana. “Le he pedido al TSE que legalice la reestructuración porque si aceptan la expulsión es un precedente peligroso, es como poner en manos de criminales el partido”, dice Arévalo. “Se ha cumplido con la legalidad”, replica Miranda, quien adelanta hasta una demanda en la Corte Suprema si la resolución del TSE le resultara desfavorable.
