El presidente de la República, Mauricio Funes, no está de acuerdo con que la nueva Ley de Ética Gubernamental no obligue a los funcionarios a considerar como un principio ético guardar confidencialidad sobre alguna de la información que conozcan en función de su trabajo, y devolvió a la Asamblea Legislativa el decreto aprobado por los diputados hace dos semanas. Los legisladores, al emitir la nueva ley, habían decidido que el principio de confidencialidad era contrario a los propósitos de la ley de transparentar la función pública como parte de la lucha contra la corrupción, pero Funes pidió conservarlo.
Funes, en el documento que hizo llegar este lunes a la Asamblea, explica que el principio de confidencialidad debe mantenerse cuando se trate de información de carácter reservado o privilegiada. La información de carácter reservado es la definida por la Ley de Acceso a la Información -vigente desde el pasado mayo- y se refiere a aquella que por razones de seguridad nacional convenga mantenerse fuera del alcance del público. La información privilegiada no aparece en la Ley de Acceso a la Información, pero en otras normativas se habla de información privilegiada como aquella a la que un funcionario puede tener acceso y que en manos de terceros -o del mismo funcionario- podría otorgar a su poseedor ventajas competitivas inadecuadas favorables a sus intereses particulares. Esto aplica particularmente en los contratos o licitaciones del gobierno.
La observación de Funes es una de tres que hizo a la ley, de tal manera que la nueva normativa aún no cobrará vigencia. Funes también cuestionó la prohibición que dicta la ley a los ex funcionarios públicos para que estos puedan laborar con las empresas que ganaron licitaciones en la institución en la que laboraron, hasta después de un año de haber cesado en el cargo. Asimismo, rechaza el mecanismo que planteó la Asamblea para efectuar la imposición de multas a servidores públicos. “Algunos artículos de la ley aprobada, no concuerdan con la finalidad que motivó su aprobación”, alegó el mandatario en el documento que remitió a la legislatura.
La Ley de Ética Gubernamental vigente desde 2006 incluye una serie de 'principios éticos' del desempeño público. Entre estos se encuentra el de confidencialidad, que en el proyecto de nueva ley fue retirado por los diputados de la comisión de Legislación con base en dos argumentos: uno, la falta de coherencia en la normativa, porque se contradice con otro principio, el de transparencia, que obliga a los servidores públicos a ser accesibles ante la ciudadanía en materia de su trabajo; y dos, porque permitía a los funcionarios públicos guardar reserva sobre hechos e información lícita que conozcan como parte del ejercicio de sus funciones, y eso entraría en contradicción con la apertura que establece la Ley de Acceso a la Información.
Funes, sin embargo, piensa que hay que mantener la restricción para los dos tipos de información mencionados. “El principio debe incluirse siendo reducido a la no utilización, para fines privados, por parte del funcionario público o empleado público, de la información reservada o privilegiada, es decir aquella que no es de acceso al público en general y a la vez formularlo como una prohibición ética”, pide el presidente, en el documento enviado a los legisladores.
Sobre las prohibiciones para ex funcionarios públicos que se plantea en el artículo 7 de la normativa, de manera que estos no presten servicios a las empresas que hayan ganado licitaciones con las instituciones en las que laboraron durante el siguiente año después de haber cesado en sus cargos, el presidente alegó que la medida atentaba contra el derecho a la libertad de contratar y el derecho al trabajo que plantea la Constitución en los artículos 23 y 37. Por ello, solicitó que se quite el inciso.
Los diputados aún no tienen valoraciones claras sobre las objeciones del gobernante. El diputado de Arena y presidente de la Comisión de Legislación, Guillermo Ávila Qüehl dice que la medida que se planteó en la ley únicamente busca evitar que los funcionarios pacten con algún empresario una licitación de forma que el terminar sus funciones en el cargo público este pueda conseguir empleo a cambio de las licitaciones que ofreció en su período. “Hay que estudiar las observaciones que envió el presidente. Aunque yo creo que lo que quiere es hacernos la plana”, dijo.
En la tercera objeción de Funes, este argumentó que la medida que plantearon los diputados de permitirle a la institución, donde labore el sancionado, descontar directamente la multa del sueldo del mismo, está en contra del orden jurídico ya establecido para este tipo de procedimientos.
De acuerdo con las formas jurídicas las deducciones en los salarios solo se pueden efectuar a través de órdenes de descuento, es decir, cuando el empleado acuerda que le retiren cierta cantidad de dinero, o a través de un embargo, cuando un juez así lo dicta. Por lo que el presidente considera necesario que el Tribunal de Ética Gubernamental no pueda disponer por sí solo que se le descuente de su sueldo una multa a un funcionario, sino que debe notificarlo a la Fiscalía para que esta realice el cobro por vía judicial.
