Opinión /

La crisis de los acreedores


Lunes, 10 de octubre de 2011
Laura Aguirre y Christian Ambrosius
Imaginemos que un día - uno de esos habituales entre eternas crisis económicas, violencia, falta de empleos, etc.- el presidente del país emite un comunicado de prensa nacional diciendo que El Salvador se ha quedado sin dinero. Únicamente queda en las arcas lo suficiente para cumplir con los pagos de este mes, no estamos en capacidad de pagar las deudas adquiridas con otros países y fondos internacionales y por lo tanto es imposible pedir nuevos préstamos.

Por supuesto, no nos explica por qué se acabó el dinero, ni cómo llegamos a esta situación. Sin embargo, nos consuela diciendo que nuestros acreedores están dispuestos a darnos más dinero para ayudarnos a cumplir con nuestros compromisos de pago ¿A cambio de qué? A condición de cumplir inmediata y estrictamente un plan de ajustes y reformas, diseñado por ellos, que incluiría entre otras cosas: suprimir 150 mil empleos en el sector público hasta el 2015; paralizar las contrataciones y aumentos de salario, y recortar el 16% de los sueldos en este sector, incrementar el IVA hasta el 23%, aumentar en un 10% los impuestos de los carburantes y del alcohol, y pagar un nuevo impuesto por cada metro cuadrado de tierra o vivienda que se posea. Estas medidas no nos sacarían de la crisis, pero evitarían declararnos en bancarrota y admitir que no podemos devolver los millones y millones que nos han prestado. Esa es la situación actual de Grecia, y quizá muy pronto la de otros países problemáticos de la Unión Europea (EU) como España y Portugal.

En los últimos meses, el país de la gran Acrópolis ha vivido presionado desde afuera por los grandes – UE, Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) - que le exigen, a cambio de su dinero, cumplir a cabalidad el Plan de ajustes estructurales; y desde adentro, por miles de ciudadanos que ya no aguantan más los costos de la 'ayuda' ofrecida por estos acreedores, entre los cuales se encuentran los hermanos fuertes de la Unión Europea. Lo que más llama la atención es que, mientras Alemania y Francia siguen apostando por los ajustes duros, cada vez se escuchan más voces disonantes, no solo dentro de Grecia, que opinan que las medidas, denominadas en los primeros borradores como Plan Marshall Europeo, solo lograrán profundizar la recesión y mantener la caída del PIB por varios años más.

Las palabras 'ajustes estructurales' tienen historia en nuestro país y en Latinoamérica. Bajo el llamado 'Consenso de Washington', que describía los convicciones neoliberales de las décadas de 1980 y 1990, muchos de los países de la región siguen viviendo, justamente gracias a esos cortes de presupuestos públicos, el crecimiento de los índices de pobreza y la desaparición de sus clases medias. Los años 80 todavía se recuerdan como una década perdida para el desarrollo económico en Latinoamérica. Ahora, a Grecia se le ha recetado la misma medicina y probablemente sufrirá consecuencias parecidas a las de nosotros. Muchos economistas coinciden que la alta deuda dejará a la economía griega estrangulada, agonizando, y que tendrá perspectivas de crecimiento muy pesimistas para un largo tiempo. Y probablemente ni así serán capaces de pagar la totalidad de su deuda ¿Por qué se sigue insistiendo en estos ajustes como forma de solucionar la crisis griega?

En la mayoría de los países, cuando una empresa ya no es capaz de cumplir con sus obligaciones de pago, la ley permite que se declare en bancarrota y que entre en un proceso de insolvencia. Un banco que le presta dinero a una empresa sabe que siempre existe la posibilidad de que el negocio – sea por culpa del empresario o no - no genere suficientes ganancias para cumplir con el pago de sus deudas. En este caso, el banco perderá parte del dinero. Por eso, la tarea del banco es la de aprobar prestamos sólo después de una evaluación previa y positiva de la capacidad de pago del solicitante.

Aunque los préstamos a países funcionan de manera parecida, no existen mecanismos y procesos de insolvencia para cuando el deudor no logra generar capacidad de pago. Mientras que los empresarios que declaran la bancarrota, y cierran sus tiendas o fábricas, pueden abrir negocios bajo otro nombre y con nuevos prestamos; un país no tiene la posibilidad de comenzar de nuevo porque – en teoría – siempre podrá pagar. Solo hay que apretar los tornillos lo suficiente. Las recetas estándares son bajar los gastos públicos, reducir los sueldos y jubilaciones, privatizar recursos naturales, vender las últimas empresas estatales, y, si se puede, devaluar la moneda (opción que no le queda a Grecia por ser miembro de la Unión monetaria y significaría una multiplicación del valor real de su deuda).

Ya que no existen mecanismos de insolvencia y criterios claros como proceder en el caso de incapacidad de pago de países, la pregunta de quién pagará la cuenta de la fiesta se convierte en una cuestión de negociación entre prestamistas y deudores. En general, los prestamistas son los que dictan las condiciones de pago, mientras que los deudores siguen dependiendo de nuevos créditos y dinero fresco para mantener la máquina andando. La posición de los alemanes y otros prestamistas frente a Grecia es clara: ¿Por qué los alemanes (o los bancos alemanes o el gobierno alemán) van a ser responsable del mal manejo de fondos de los griegos? ¿Por qué vamos a hacer concesiones con quienes han puesto en peligro el proyecto de la moneda europea común? Si no cumplieron, que asuman las consecuencias.

Jeffrey Frieden, politólogo y economista de la Universidad de Harvard preguntó en una conferencia hace algunos meses: '¿Qué es peor, gastar descuidadamente el dinero de otros, o prestar descuidadamente el dinero de otros?' Lo primero, se puede reprochar al gobierno griego. Lo segundo, hay que reprochárselo a los bancos de Alemania y de otros países prestamistas que probablemente se dejaron apantallar por lo que parecían ser inversiones seguras y con grandes ganancias a través de los intereses. Ellos tienen las misma responsabilidad en este lío como los deudores. Y el no reconocerlo es una muestra de la falta de una gobernanza adecuada del sistema financiero y de la irresponsabilidad de bancos que se siguen aprovechando y haciendo burla de la supuesta racionalidad de los mercados. Cuestión que quedó revelada desde que, en 2008 con la quiebra del banco Lehman Brothers, se desatara la crisis que sigue sacudiendo la economía global.

Grecia es en definitiva solo el más reciente, aunque probablemente no el último, síntoma de la crisis de los mercados financieros internacionales actuales. Síntoma que ha evidenciado, en este caso, la incapacidad de los estados miembros de la Unión Europea para coordinarse e instaurar un sistema de gobernanza económica y financiera entre ellos, que realmente haga alarde del modelo de desarrollo que tanto pregonan y que no solo responda a los intereses de los fuertes.

Si Grecia logra seguir al pie de la letra las medidas recetadas mantendrá su capacidad de pago, pero al mismo tiempo quedará paralizada dentro de un estado de endeudamiento, no se sabe por cuánto tiempo, y con pocas posibilidades de invertir en el sistema de educación, de salud y en nuevas tecnologías que podrían generar crecimiento a largo plazo ¿Por qué? porque el grueso de los ingresos que generen irán al pago de deudas. Todo esto ya lo hemos visto en Latinoamérica y muchos otros países del sur.

Mientras tanto la pregunta de otra posibilidad, de otra manera de salir de la crisis ya no se considera posible para Grecia. La suerte parece estar echada. Bajo el plan actual de ajustes estructurales, los que finalmente pagarán la cuenta de los prestamos sin cuidado, de la irresponsabilidad de los banqueros y del maquillaje fraudulento de las estadísticas por parte del gobierno griego, como sigue pasando en la mayoría de países latinoamericanos, serán los que menos culpa tienen: los hombres y mujeres de las clases medias y empobrecidas, trabajadores comunes, medianos y pequeños empresarios y empresarias que ven sus negocios quebrar, empleados (as) del sector público con sueldos que no alcanzan y con cada vez menos prestaciones, usuarios de servicios estatales de educación y salud precarios...Tal vez será esa la lección que Grecia aprenderá de Latinoamérica: que la cuenta siempre la pagan los que menos culpa tienen.

 
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