El Salvador se está convirtiendo en el país de las paradojas: mientras reportes de medios, embajadas y declaraciones de políticos consignan actos de corrupción, institucionalmente estos actos se limitan a casos excepcionales que la fiscalía ha sido capaz de procesar. Si se juzga la probidad del Estado a partir de los registros judiciales, El Salvador es con toda seguridad uno de lo países con menos corrupción en el mundo. Apenas casos contados, como el de Carlos Perla, Mario Orellana, el exdiputado Silva Pereira o el ex ministro de Salud Guillermo Maza, parecen manchar una hoja institucional que por lo demás es impecable.
Pero la realidad es contundente: lo que no funciona son las instituciones encargadas de combatir la corrupción: Fiscalía, Corte de Cuentas, Probidad y Tribunal de Ética.
En menos de dos semanas, el Secretario General del PDC, Rodolfo Parker ha sido objeto de dos graves acusaciones de corrupción: una en el pleno legislativo, donde el diputado Francis Zablah lo acusó de convertir su curul en un despacho legal para lucrarse de su cargo legislativo y beneficiar a sus clientes. Otra, en El Faro, donde el alcalde de San Miguel, Wil Salgado, lo acusó de presionarlo para favorecer a empresas que el Secretario General del PDC representaba.
Salgado señala además a autoridades del PCN, como el también diputado Elizardo González Lovo, de presionarlo para otorgar contratos a la empresa constructora de Carlos Roberto Silva Pereira; y de paso hace señalamientos contra funcionarios de todos los partidos políticos, consignando prácticas corruptas en el sistema político que merecerían al menos investigaciones de oficio de parte de la fiscalía.
No se trata de dar por hecho palabras de un alcalde que tiene fama de hablar con ligereza. Pero las sospechas de estas actividades son de conocimiento público, en todos los poderes del Estado. A las únicas oficinas a las que parece que no llegan estos señalamientos son a las de las autoridades encargadas de perseguir la corrupción.
El presidente de la República, Mauricio Funes, ha dicho en varios foros que el crimen organizado ha penetrado las instituciones de seguridad pública y el poder Ejecutivo; el fiscal general, en cambio, públicamente dice no tener indicios de ello.
En mayo pasado, publicamos una investigación titulada El Cártel de Texis, en la que se consignaba la participación de alcaldes, jefes policiales, diputados, dirigentes deportivos y jueces en actividades ilícitas. El presidente Funes dijo después que estaba al tanto del caso, y que sus informaciones coincidían con lo publicado en El Faro. Ni siquiera la palabra del jefe del Ejecutivo bastó para que las instituciones encargadas de combatir la corrupción investigaran y dedujeran responsabilidades.
Cuando los únicos que creen que el país está libre de corrupción son aquellos encargados de combatirla, el Estado está obligado a sustituirlos. A todos. Desde nuestros espacios informativos, en El Faro hemos denunciado reiteradamente irregularidades y abusos en el poder. En nuestros espacios editoriales, hemos exigido reiteradamente investigaciones que determinen responsabilidades. En lo segundo no hemos tenido éxito.
