Las lluvias que aún nos mantienen en vilo han puesto a prueba el sistema de atención e emergencias y confirmado nuestra tremenda vulnerabilidad. Estos diez días han dejado registros históricos de lluvia, que habrían causado estragos casi en cualquier lugar del mundo. Ha sido una depresión mucho más intensa, pero no distinta a las que nos afectan todos los inviernos. Treinta y dos muertos y más de cincuenta mil damnificados, hasta el cierre de este editorial, hablan de las dimensiones de lo que nos ha caído.
Pero algunas tareas fueron hechas con eficiencia, y eso ha evitado que la tragedia sea mayor. Las obras de mitigación llevadas a cabo por el MOP durante los dos últimos gobiernos, principalmente en el área metropolitana de San Salvador, evitaron que las cifras de muertos se multiplicaran. Han sido obras importantísimas para disminuir los efectos de la tormenta.
Los sistemas de alerta, las evacuaciones preventivas y la reacción de los comités de emergencia fueron muy oportunas, y confirmaron la idoneidad de haber convertido al director del Sistema de Protección Civil en Secretario Presidencial de Asuntos de Vulnerabilidad, lo cual le da mucho mayor autoridad y jerarquía en la administración pública. El sistema de emergencias ha mejorado muchísimo en los últimos dos años. De aquel sistema de protección civil ineficiente, difícil de mover y desorganizado, ahora, de no ser por algunos alcaldes que deliberadamente desobedecieron las órdenes del Secretario, funcionó de manera oportuna para desalojar a las poblaciones más vulnerables.
Esos alcaldes, los que deliberadamente se negaron a cumplir las órdenes del gobierno central, deben ser sancionados por haber incumplido la ley de protección civil. No solo han puesto en riesgo a sus municipios, sino que no han servido para el auxilio de otras poblaciones más vulnerables. No puede tolerarse que un capricho político arriesgue las vidas de ciudadanos.
Esta tormenta ha, como todos los años, confirmado también la ausencia del Estado para poner en orden otras violaciones que aumentan la vulnerabilidad. Hay asentamientos que, debido al lugar en que se encuentran, son vulnerables y objeto de repetidas tragedias. Son muchos. Son lugares como Montebello, en el que incluso después de la tragedia de 1982, que demostró que no era habitable, se siguió construyendo a pesar de prohibiciones expresas. O todas las construcciones por encima de la cota mil que se han seguido llevando a cabo. O la Cima IV… etcétera.
El Bajo Lempa es otro ejemplo: todos los años, debido a la saturación de las presas, esas tierras terminan totalmente inundadas y sus pobladores pierden todas sus pertenencias. Y a comenzar de nuevo. No es un lugar habitable, a pesar de su fertilidad, debido a que las presas obligan a su inundación deliberada todos los años.
A pesar de ser uno de los países más vulnerables del mundo, y a que cada año estamos expuestos a estos fenómenos naturales, apenas en marzo de este año fue aprobada la Ley de Ordenamiento Territorial. Ahora es urgente aplicarla.
