Las direcciones de los partidos de Conciliación Nacional (PCN) y Demócrata Cristiano (PDC), que no acaban de desaparecer, contemplan la posibilidad de aprovechar el río revuelto y pescar doble ración del adelanto de la 'deuda política' que el Estado otorga a los partidos para que financien sus campañas electorales, aunque tienen dudas sobre la conveniencia de hacerlo.
La máxima autoridad en materia electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los había dado por muertos hace un mes -siete años después de cuando debieron desaparecer, a la luz de la ley electoral de 2004-, pero una de las salas de la Corte Suprema de Justicia les devolvió a la vida provisionalmente esta semana, de tal manera que sus dirigentes e integrantes ahora tienen un pie en los partidos moribundos y otro en las nuevas organizaciones que crearon para intentar no quedar fuera de la contienda legislativa y municipal de 2012.
La Sala de lo Contencioso Administrativo anuló este miércoles la decisión que había tomado el TSE hace un mes y cuyo efecto era borrar del mapa electoral tanto el PCN como al PDC, después de 50 años de existencia del primero, y tras 51 años de vida del segundo. El efecto inmediato de la nueva sentencia es que ambas agrupaciones pueden seguir su carrera a elecciones y, por lo tanto, cobrar la deuda política que el Estado brinda a los partidos politicos para que estos costeen sus campañas proselitistas.
Este panorama se traduce en la posibilidad de que las dirigencias del PCN y del PDC puedan cobrar una doble deuda política. Una bajo las banderas antiguas y la otra mediante las nuevas agrupaciones creadas en el último trimestre. El PCN creó Concertación Nacional (CN) y el PDC está en transición hacia el Partido de la Esperanza.
Al PCN y al PDC les tocaría más de medio millón de dólares a cada uno, en virtud de los votos obtenidos en la última elección legislativa. A eso habría que sumarle los 57,000 dólares que el Código Electoral establece para los partidos políticos nuevos. La lucha por sobrevivir del PCN y PDC tiene nueve meses, y este miércoles tuvo su último capítulo. En febrero, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia había sentenciado que ambos partidos debían desaparecer por no haber logrado la cantidad mínma de votos requerida en las elecciones presidenciales de 2004, y a partir de entonces estos emprendieron una lucha férrea en el ámbito judicial.
Este miércoles, la encargada de revivir a ambos partidos fue la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que dirime los litigios sobre la legalidad de las actuaciones de instituciones del Estado. No es la primera vez que ambos partidos vuelven a la legalidad y, por el contrario, desde 2004 han pasado por varios momentos de aparente desaparición.
El PCN y el PDC acudieron a esta Sala a principios de octubre con una demanda contra las autoridades del TSE, a raíz de que estas habían ratificado la cancelación de los democristianos y los pecenistas con una cantidad de votos (tres de cinco) menor a la requerida, según el régimen de funcionamiento del Tribunal. Aunque en primera instancia el TSE decidió con tres votos cancelar a los dos partidos, ya en apelación, según el Código Electoral, la resolución inicial solo puede ratificarse con cuatro votos. Sin embargo, los mismos tres magistrados que habían emitido la decisión de cancelación en primera instancia argumentaron que no procedía la apelación porque una sentencia de la Sala de lo Constitucional es inapelable y el TSE lo único que estaba haciendo al desinscribir a PCN y PDC era cumplir una sentencia de la Sala de lo Constitucional.
La resolución del miércoles establece que el TSE había violentado el principio de legalidad garantizado por la Constitución de la República pues para borrar del mapa a ambos partidos debió haberlo acordado con la venia de al menos cuatro votos (de cinco posibles) de los magistrados del Tribunal. La Sala ordenó que se suspendiera el acto controvertido, es decir, la cancelación de los institutos. Los magistrados que resolvieron así son Lolly Claros de Ayala, Evelyn Roxana Núñez Franco, Miguel Ángel Cardoza y Ricardo Rodrigo Suárez.
'Amanecimos con nueve partidos pero anochecimos con 11', dijo este jueves Eugenio Chicas, magistrado presidente del TSE, para ironizar la resucitación de los dos partidos. Chicas dijo que respetarán la resolución de lo Contencioso-Administrativo aunque tengan diferencias con la misma. El efecto inmediato de esta actitud es que en el diseño de la papeleta de votación ya fueron incluidas nuevamente las banderas del PCN y PDC.
Antes del miércoles, la papeleta de votación tenía únicamente nueve banderas: FMLN, Arena, Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), Partido Nacional Liberal (PNL), CD, Concertación Nacional (CN), Partido de la Esperanza, Gana y Partido Popular (PP).
La misma noche del miércoles, el TSE sesionó y acordó con mayoría (tres de cinco votos) que al día siguiente se interpondría un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, porque consideran que la Sala de lo Contencioso-Administrativo invadió funciones que son de exclusiva competencia del Tribunal como máxima autoridad en materia electoral. Chicas, Eduardo Urquilla (magistrado por la CSJ) y Gilberto Canjura (magistrado por la CSJ) fueron los que acordaron interponer la demanda. 'La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo es administrativa-electoral, y al ser el Tribunal Supremo Electoral la máxima instancia en materia electoral, consideramos que ha habido injerencia en nuestras funciones', dijo Chicas, este jueves, antes de ingresar a la Corte Suprema a presentar el recurso.
Se le preguntó a Chicas cuál sería el efecto inmediato de haber interpuesto el recurso de amparo, a lo que respondió que no podía adivinar en qué sentido resolvería la Sala de lo Constitucional o siquiera si esta instancia admitiría su demanda. 'Nosotros somos respetuosos de la institucionalidad. PCN y PDC mañana mismo pueden pedir la deuda política que les corresponde y pueden solicitar también inclusión en los organismos temporales electorales. Tienen todo el derecho de hacerlo porque están legalmente constituidos y están con vida', dijo el magistrado Chicas, también miembro del directorio del FMLN.
Aunque Chicas no se atrevió a dibujar un panorama, efectuó reiterados llamados para que se evaluara con lupa lo que llamó 'una situación compleja'. 'Yo responsabilizo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de que los partidos en mención puedan cobrar a doble gaveta la deuda política', dijo Chicas, en alusión a que tanto CN como el Partido de la Esperanza están legalemente inscritos y listos para competir en las elecciones municipales y legislativas de 2012.
'Espero que la Sala de lo Constitucional tome en cuenta el contexto, que estamos a unas horas de convocar oficialmente a las elecciones, que estamos a 120 días de las elecciones y los gastos económicos en que incurriría el Estado', esbozó Chicas. El presidente también enfatizó el hecho de que ambos partidos y sus respectivos partidos gemelos podrían cobrar los salarios para sus integrantes de los cuerpos temporales electorales, como las juntas receptoras de votos. Un decreto de abril aprobado por el FMLN y Gana reformó el Código Electoral de tal manera que fueran los partidos políticos con presencia en la Asamblea los que tengan derecho a formar parte de los organismos temporales. Esto implicaba que Gana, sin haber competido legalmente en elecciones, iba a ocupar un puesto con el que se premia a los institutos políticos que han recibido un determinado caudal de votos en las votaciones anteriores.
PDC y PCN cautelosos
Tanto el PCN como el PDC tienen todas las credenciales para participar en las elecciones de marzo de 2012. Sin embargo, ambas agrupaciones ya habían adelantado escenarios e inscribieron a otros dos partidos, con los cuales también podrían recibir su tajada de la deuda política que da el Estado para financiar las campañas proselitistas. Son 57,000 dólares los que, según el Código Electoral, debe recibir cada partido político nuevo.
Este panorama abre la posiblidad para que los pecenistas y los pedecistas reciban deuda política por partida doble. Ambos institutos, según manifestaron sus dirigentes, negaron que fueran a cobrar ambas partidas. De hecho, aun no tienen claro sobre qué caballo van a montarse para jinetear las elecciones del año próximo.
'Eso de cobrar las dos deudas políticas es una suposición del magistrado Chicas, es lo que él piensa, pero nosotros no estamos evaluando eso. Tenemos que decidir con qué agrupación vamos a participar, o si lo vamos a hacer de manera coaligada, todo eso lo tenemos que decidir por lo menos en el próximo mes', dijo Ana Guadalupe Martínez, secretaria general adjunta y diputada suplente por el PDC.
-¿Van a cobrar o no las dos deudas? -le preguntó una periodista a Martínez
-¡No lo sé -respondió la diputada.
De manera similar respondió Ciro Cruz Zepeda, secretario general del PCN, aunque este, en la última seman,a hizo al igual que el resto de diuptados pecenistas: pedir a la junta directiva de la Asamblea Legislativa que ya no los considere legisladores del PCN, sino del nuevo partido Concertación Nacional. 'La verdad es que tenemos derecho de los fondos pero hay que pensar bien porque así como cobramos, así vamos a tener que pagar con votos. Si no alcanzamos cierta cantidad, nos tocará reembolsar ese dinero al erario público', explicó el pecenista.
Zepeda dijo que el directorio pecenista discutirá bajo qué bandera van a competir en los próximos comicios, aunque todo indica que lo harán con Concertación Nacional. La mayoría de los locales del partido ya tienen los símbolos y nombres de la nueva organización en lugar de los anteriores. Zepeda fue el último dirigente en saltar del barco que se hunde a la nueva nave. 'Creo que ya hice suficiente por el PCN. La misión era hacerlo sobrevivir, y con esta última sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo creo que podemos decir misión cumplida', dijo Zepeda, quien ha fungido como máximo líder pecenista desde 1989. Zepeda dice que en 2012 competirá como candidato a diputado por La Paz, pero que lo hará bajo Concertación Nacional, y que el PCN (partido que a lo largo de la historia salvadoreña colocó a cuatro militares en la presidencia del país) deberá nombrar un nuevo secretario.
