Montano es uno de los 20 salvadoreños acusados a principios de año en España por los homicidios cometidos durante la guerra civil de 12 años en El Salvador.
El coronel, ex viceministro de Seguridad Pública, es implicado en el asesinato de los jesuitas porque “participó activamente en la decisión y diseño del asesinato, el 16 de noviembre de 1989, de los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de su empleada doméstica y de la hija de esta”, según el auto de la Audiencia Nacional española emitido por el juez Eloy Velasco.
El documento de la Audiencia agrega que Montano, “además de oficial del ejército y miembro del gobierno, tenía a su cargo la Radio Cuscatlán, emisora oficial del Estado desde el 11 de noviembre de 1989, que difundió, días antes de los asesinatos, amenazas de muerte contra el rector de la UCA, Ignacio Ellacuría y los jesuitas de esa universidad, a los que se acusaba de ser terroristas y cerebro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional”.
Según documentos desclasificados y los testimonios de expertos en el juicio, Montano participó en reuniones celebradas el 15 de noviembre de 1989 “en la Escuela Militar y en los cuarteles del Comando Conjunto del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, donde el Alto Mando del Ejército de El Salvador, con la aquiescencia de altos funcionarios del gobierno, se adoptaron medidas urgentes como el asesinato de civiles de gran relevancia intelectual y política, estando presente, Inocente Orlando Montano junto a otros oficiales, cuando el coronel Emilio Ponce dio la orden al coronel Guillermo Alfredo Benavides de asesinar concretamente al padre Ignacio Ellacuría y asegurarse de no dejar testigos, y hacer uso para llevar a cabo tal asesinato, del comando del Batallón Atlacatl (destacado en San Salvador desde el 13 de noviembre de 1989)”.
El ex militar, de 69 años, ha vivido con su nombre en la ciudad de Everett en el estado de Massachusetts.
El martes fue acusado en una corte federal de Boston de mentir sobre sus antecedentes militares y su participación en la muerte de los religiosos jesuitas con la intención de obtener la situación de protección temporal en Estados Unidos.
De momento no fue establecida fecha para el juicio.
Montaño había negado anteriormente cualquier implicación en los homicidios. Su abogado no respondió de inmediato un telefonema en busca de declaraciones.
