“El gobierno en su laberinto”, se podría titular una crónica periodística que describa los bandazos que el gobierno de Ortega ha estado dando en relación a los serios y numerosos cuestionamientos que han provocado los “resultados electorales” del Consejo Supremo Electoral (CSE). Y decimos “resultados electorales” del CSE, porque todo mundo sabe son producto de la voluntad arbitrariamente orteguista de ese Consejo, y no de la voluntad de los nicaragüenses.
Un aspecto central de los cuestionamientos ha sido, en el caso de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que al no permitírsele estar en todas las Juntas Receptoras de Votos (JRV) en que había decidido tener presencia para poder obtener criterios objetivos de evaluación, se les había alterado la “capacidad para medir lo que está ocurriendo en el país”, como textualmente dijo el Jefe de la Misión de la OEA, Dante Caputo, en conferencia de prensa que ofreciera poco después del mediodía del propio día de las elecciones.
Frente al hecho que a observadores de la OEA no los dejaron entrar en varias JRV, el Asesor Presidencial Bayardo Arce dijo: “Como dijo Tomás Borge, ese fue un celo mal entendido de los que estaban allí, que más bien nos afecta, porque lo ideal hubiese sido que pudieran entrar”. Y agregó: “¿Qué tenés que ocultar a la hora que estás instalando la mesa? Los tipos de estas mesas cometieron ese error y no tiene ninguna justificación”. (El Nuevo Diario, 14 de noviembre de 2011).
Pues parece que en esta ocasión estaremos de acuerdo con los Comandantes Arce y Borge: el hecho afecta, y seriamente, la credibilidad de las elecciones. Solamente así se explica que pocos días después el gobierno se inventara, a través de las declaraciones de un prisionero político, real o fingido, pero prisionero político en todo caso, una “conspiración” nacional e internacional para afectar la credibilidad de las elecciones.
Y no paró ahí: el mismo Embajador nicaragüense ante la OEA, que una semana antes había felicitado al Jefe de la Misión de ese organismo por el Informe que rindiera ante el Consejo Permanente de la Organización, vino después a decir que tal Informe era parte de esa tenebrosa conspiración. “Hemos afirmado, dijo, que eso es falso, que nuestro Gobierno está haciendo una investigación y documentándola para enviarle a la OEA esa información y dejar claro que el informe de la OEA adolece de la verdad, tiene ese elemento que es falso y se entiende que algunos de los elementos de los acompañantes de la OEA rindieron información falsa”. (El 19 Digital, 21 de noviembre de 2011).
¿A quién creerle, entonces, al Asesor Presidencial y al Subsecretario General del FSLN, o al embajador de Ortega ante la OEA, que una semana dijo una cosa para la siguiente decir lo contrario?.
Pero, bueno, agarremos la palabra al gobierno: si está haciendo una investigación sobre el caso, ¿por qué no dice quienes están haciendo esa investigación? ¿Por qué no aprovecha el gobierno, y para limpiar su credibilidad, integra a esa Comisión a representantes de la OEA, de la Unión Europea, y de muchas otras organizaciones que han expresado sus dudas sobre la credibilidad de los resultados de las elecciones? O si lo prefiere, porque la OEA y la UE ya son parte de la controversia, ¿por qué no invita el Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) para que nombre a una Comisión que establezca los hechos?. Como puede apreciarse, hay opciones para que el gobierno salga de su laberinto.
El asunto es más grave
La Comisión que constructivamente proponemos al gobierno solicite al Secretario General de la ONU, podría de paso desmontar otra de las piezas de la “conspiración” que se ha armado, según el gobierno, para desacreditar a las elecciones del pasado 6 de noviembre: que en un porcentaje significativo de JRV, aproximadamente el 30%, que representan casi un millón de votos, no se permitió la acreditación, o posteriormente fueron expulsados, los fiscales de la Alianza PLI.
Si esta Comisión establece que no es cierto que en casi 4,000 de las casi 13,000 JRV, el FSLN contó a solas los votos, entonces toda la “conspiración” se vendría abajo, y quedarían sin sentido alguno los señalamientos críticos que han hecho numerosas organizaciones gremiales y de la sociedad civil, y desde luego, carecería de todo fundamento la posición de la Alianza PLI, que debería, sin vacilaciones, reconocer los resultados y renunciar a las protestas pacíficas a las que ha llamado.
Esa Comisión de la ONU, también podría desautorizar a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), que en su segunda declaración, del 17 de noviembre, lamentó “que la escasa transparencia de las autoridades electorales nicaragüenses señalada en la Declaración Preliminar de la Misión del 8 de noviembre se haya mantenido e incluso agravado durante la sumatoria de los resultados en los distintos niveles de la administración electoral y su posterior publicación”.
En esa segunda declaración, la Misión de la Unión Europa agrega: “Los informes de los observadores de la MOE-UE desplegados en los centros de cómputo del país describen una pauta homogénea en casi todos los departamentos y regiones que se caracteriza por impedir o dificultar el acceso de los fiscales a las operaciones sumatorias de las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). La observación de dichas operaciones por la propia MOE-UE, agrega, solo pudo ser realizada, en la mayoría de los casos, en condiciones que no permitieron una verificación clara y documentable de las sumatorias”. Como se ve, no hay razones para que el gobierno no acepte nuestra propuesta, si sería el único que saldría ganando con la misma.
En sentido contrario
En sentido contrario, si el gobierno no acoge tan constructiva propuesta que limpiaría su imagen de todo polvo y paja, es que tiene mucho que ocultar, y por eso recurre a la teoría de la “conspiración”.
En todo caso, el gobierno debería agregar a su inventario de “conspiradores” a la Conferencia Episcopal de Nicaragua, a numerosos líderes religiosos evangélicos, al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), a la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AMCHAM), al Centro Carter, y a numerosas organizaciones de la sociedad civil que han hecho señalamientos tan graves, o más, que la propia Organización de Estados Americanos (OEA).
¡Pobre gobierno enfrentando ¡a tantos conspiradores!
*Este artículo fue publicado orginalmente en Confidencial de Nicaragua
