En el análisis de la propuesta lo primero y más importante a señalar es que ella no sube el IVA, que aunque es una forma más sencilla y eficiente de recaudar impuestos, castigaría a todos por igual, lo que la haría regresiva. Lo segundo es que ya era hora de actualizar el sistema tarifario, el ISR estaba vigente desde 1991, incluso la tabla para su cálculo está en colones. Lo tercero es lo equitativo de la propuesta actual la cual divide el tratamiento para las personas naturales de las jurídicas (empresas) y carga más a los de mayores ingresos. Ella propone aumentar el límite exento de pagar la renta de las personas naturales con renta anual baja, el límite de ingreso mínimo para pagar ISR sube de $2,514 a $4,064 al año, ello beneficiará a unos 82,000 salvadoreños que ya no pagarían ese impuesto. Uniformiza y eleva las deducciones por salud y educación a $1,600/año y simplifica la forma de declarar el impuesto para los asalariados con ingresos hasta $ 60,000/año a los cuales se les continuará deduciendo el impuesto de planilla, pero ya no tendrán que presentar declaración de ISR. Las personas con renta media, entre $4,064 y $21,500 mantienen el mismo impuesto. Las personas con salario anual entre $27,001 y $80,000 contribuirán en promedio unos $130/año adicionales. Las personas con ingresos mayores a $80,000/año (unas 3,700) pagarán un 5% más.
En el régimen tributario propuesto el ingreso adicional sustantivo viene de las personas jurídicas (menos de 16,000), aunque para ellas la tasa efectiva de impuesto es menor que para las personas naturales y el impuesto se mantiene regresivo, o sea las empresas continúan pagando porcentualmente menos que los asalariados y entre empresas las de mayores ingresos continúan pagando porcentualmente menos. Es importante notar que los incentivos para las empresas no se modifican con la nueva propuesta. Las tasas de impuestos sobre la renta en El Salvador son las menores de toda Centroamérica y Panamá, con el cambio propuesto las tasas en el país se igualan a la mayoría de los otros países del istmo. Por ello, la nueva ley no debe servir de pretexto para no invertir en el país.
La propuesta es necesaria ya que hay consenso en que el gasto social, el invertir en los más pobres debe continuar y para ello se necesitan más recursos. Es solidaria pues beneficia al que tiene menos y grava a los de mayores ingresos. Es difícil para los políticos porque a nadie le gusta subir impuestos, pero las características de esta propuesta pueden incluso atraer votos para los que la respalden y ponerle un estigma negativo a los que la opongan. Pero la propuesta es también incompleta. La propuesta es incompleta porque ella debe ir acompañada de por lo menos otras dos medidas: la reforma tributaria administrativa y la reducción de gastos. La reforma administrativa implica mejorar la administración de los impuestos, sobre todo para disminuir la evasión. En la reducción de gastos dos son los rubros principales a trabajar: los subsidios y los gastos suntuarios; el primer gasto se debe racionalizar porque implica un costo muy alto e ilógico en la mayoría de los subsidios. Los gastos suntuarios de las finanzas públicas se deben corregir para disminuir el déficit fiscal, aunque no son una partida clave para ello, pero sobre todo por razones de ética y transparencia.
Con la propuesta de ley el Ejecutivo da un aporte valioso hacia unas finanzas públicas más sanas y un proceso de desarrollo sostenible. Ojalá los políticos y diputados no la vayan a parar o deformar agregándole excepciones y reducciones que la hagan inútil, y que el Ejecutivo continúe trabajando e impulsando los pasos que faltan como son la reforma administrativa fiscal y la reducción de gastos.
