El Faro intenta siempre mantener altos estándares de calidad periodística que permitan a nuestros lectores confiar en la información que les proporcionamos. Tenemos un proceso editorial exigente, que somete la información a rigurosos procesos de verificación.
La semana pasada fallamos en la aplicación de estos procesos. En una nota titulada Los más pobres en El Salvador tributan el 30% de sus ingresos, y los más ricos el 11%, incluimos una lista proporcionada por la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que mencionaba a varias empresas acusadas por la legisladora de evadir impuestos durante el ejercicio fiscal 2008.
Los datos proporcionados por la diputada Lorena Peña estaban incompletos y no sustentaban las aseveraciones de evasión fiscal porque no incluían el pago a cuenta efectuado por las empresas mencionadas.
Peña es la presidenta de la Comisión de Hacienda y desde esa autoridad entregó a varios medios de comunicación esta información, de gran relevancia e interés público, que tenía además otra característica: por tratarse de información reservada, a la que nunca antes habíamos tenido acceso, prometía permitirnos por primera vez consignar las aportaciones tributarias de grandes contribuyentes y asomarnos, con información en la mano, a la evasión fiscal.
La información correspondía además al año 2008, el penúltimo del gobierno de Antonio Saca. Según el actual ministro de Hacienda, los anteriores gobiernos dispensaron a algunas de las más grandes empresas del pago de impuestos. El ministro nunca ha proporcionado los nombres de estos contribuyentes y por eso, ahora que la presidenta de la Comisión de Hacienda proporcionaba esta lista, parecía una información de gran valor. El hecho de que fuera revelada por una autoridad que se hace responsable de la misma nos hizo otorgarle mayor credibilidad.
Esto, combinado con la prisa por sacar una primicia que sabíamos que también estaba en manos de otros medios, nos llevó a publicarla sin someterla a procesos más rigurosos. El reportero consultó a un representante de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, que no quiso comentar los casos ahí mencionados en ese momento, y eso pareció al periodista y al editor de la nota suficiente para cumplir con el contraste de fuentes. Evidentemente no lo fue.
Precisamente debido a que se trataba de información difícil de verificar debimos haber puesto especial atención en el contexto en que esta nos fue entregada y en los intereses de la fuente: en medio de un tenso clima de enfrentamientos verbales entre las gremiales de la empresa privada, el gobierno y el partido FMLN por la aprobación de una reforma a la ley del impuesto sobre la renta.
Debimos haber cuestionado cada una de las cifras que aparecían en ese documento y, de haberlo hecho, habríamos notado que, en la mayoría de los casos, las cifras de pago a Hacienda, los ingresos y las utilidades reportadas por las empresas dejaban por pagar casi exactamente la cantidad que correspondía al pago a cuenta.
Debimos haber consultado a expertos en finanzas para que nos ayudaran a entender el documento y debimos haberlo contrastado también con representantes de las empresas señaladas antes de publicar. Pero no lo hicimos. Cometimos un error y estamos aprendiendo lecciones de él.
Desconocemos si la información proporcionada por la diputada Peña, que provenía del ministerio de Hacienda, estaba incompleta porque la diputada o su fuente en el Ministerio actuaron con dolo o simplemente con negligencia.
Aun hoy, la diputada sostiene que estas empresas han evadido impuestos, pero las declaraciones de renta que algunas de ellas hicieron llegar posteriormente a esta redacción demuestran lo contrario al menos en estos casos.
Lamentamos no haber sido lo suficientemente rigurosos como para evitar que El Faro sirviera de plataforma para diseminar información incorrecta sobre estas empresas. A ellas, y a nuestros lectores, les pedimos disculpas. Nos precipitamos en nuestro afán por aportar esta información de interés público al debate nacional.
Seguiremos abordando el problema fiscal en El Salvador, que consideramos muy importante para comprender y explicar los grandes problemas que enfrenta nuestro país. Para analizar los problemas de desigualdad, pobreza y redistribución del ingreso. Seguiremos también buscando información que nos permita denunciar la evasión fiscal y demandando de las gremiales empresariales un mensaje contra la evasión mucho más contundente que el que han mantenido hasta ahora.
Estamos comprometidos con mantener nuestros estándares de calidad y ofrecerles a ustedes información confiable. Las lecciones extraídas de esta experiencia nos ayudarán a ello.
