Nada de lo que pasó en 2011 en El Salvador ha afectado tanto la vida nacional como la violencia. Los índices de homicidios reportados por la policía indican un deterioro alarmante en un país que ya estaba en los primeros lugares mundiales de homicidios.
La inseguridad ha sido vista hasta ahora como la causa de la poca inversión económica; de la descomposición social; de la falta de confianza de los ciudadanos ante las instituciones; de la emigración; etcétera. Esta es una visión incompleta y maniquea del problema pero que se ha impuesto y provocado la toma de decisiones que hasta ahora han demostrado ser fallidas: priorizar la represión como herramienta casi exclusiva de combate a la violencia, como si se tratara de un fenómeno abstracto que no requiere explicación.
La violencia no solo es causa de muchos problemas, sino también consecuencia de otros que han sido estudiados y que requieren ser abordados para obtener soluciones permanentes y no meros parches. Entre estos están la desigualdad, la corrupción, la debilidad institucional y la impunidad, conviviendo en un entorno culturalmente violento y en un población resignada a vivir así.
Evidentemente resolver estos problemas es muy complicado y requiere más tiempo del que nuestros políticos pueden permitirse, porque los tiempos y las dinámicas electorales, y las encuestas de popularidad, los condicionan. Es más fácil prometer medidas que han demostrado ser tan populistas como fallidas (primero fue la Mano Dura; después la Mano Súper Dura; ahora el Ejército). Pero el problema ha sido abordado de manera tan demagógica que ni siquiera hay un mínimo consenso en el diagnóstico entre el Ministerio de Seguridad, la Fiscalía y la Policía.
La tendencia del crecimiento de la violencia no es nada alentadora. Las estructuras criminales están penetrando la institucionalidad mientras socialmente la violencia y el crimen avanzan hacia la normalidad. No basta combatir las estructuras más visibles con estrategias de guerra (conquista de territorios, captura de prisioneros, la búsqueda del Estado de Derecho por la fuerza). Es necesario que la institucionalidad del Estado a cargo de la seguridad haga un esfuerzo por comprender las causas de esta violencia, a partir de su propia debilidad para afrontarla.
