Opinión /

2012, una oportunidad para la transparencia


Martes, 17 de enero de 2012
Claudia Umaña

El año 2012 será transcendental para que finalmente los salvadoreños podamos ejercer el derecho humano de acceso a la información. Sin duda este derecho es un requisito previo para un ejercicio pleno de la libertad de expresión y uno de los elementos fundamentales del funcionamiento de una democracia de calidad. Si bien hace más de doscientos años que se inició a nivel internacional este camino, no fue hasta el año pasado que aquí en El Salvador se adoptó la tan anhelada ley. Esta viene a romper con la cultura del secreto que tanto ha imperado en nuestro país en donde en las madrugadas se toman algunas decisiones de transcendencia nacional que esconden actuaciones perversas y además se dan pactos políticos que llegan hasta atropellar nuestros derechos fundamentales.  

La ley ha tenido un proceso escalonado para su entrada en vigor y en la fase actual nos encontramos frente a plazos que están pronto a cumplirse como son el 23 de enero en el cual será la fecha última en la que se puedan inscribir los candidatos a formar parte del instituto que velará por su aplicación y posteriormente se llevarán a cabo el 28 de este mismo mes, las asambleas sectoriales  por medio de las cuales se elegirán las ternas que pasarán al conocimiento del Presidente de la República, quien contará con 30 días para hacer la elección de propietarios y suplentes.  

Existen algunos desafíos en este procedimiento puesto que la sociedad civil que ha logrado impulsar la ley tiene la responsabilidad de proponer a candidatos idóneos. Por ahora, los sectores provenientes de las asociaciones gremiales empresariales, profesionales, periodistas, sindicatos y universidades se encuentran haciendo todas las gestiones y en algunos casos ya han cumplido todos los procedimientos de selección de los candidatos en estas entidades proponentes. Existen sombras que deben de abordarse de manera decidida puesto que para eliminar los conflictos de intereses la ley señaló como incompatibilidad el ejercicio de cualquier otra actividad remunerada, excepto la docencia. Sin embargo, luego de haber hecho algunos intentos de obtener información sobre el financiamiento del nuevo instituto, nuestros gobernantes no dan respuestas claras sobre cuánto será el monto asignado a esta nueva entidad y por lo tanto cuál sería el salario para los comisionados. Es un tema a reflexionar puesto que se puede morir de inanición una ley cuyo instituto no tiene financiamiento o lo tienen muy pobre. Así que felicito a todos esos candidatos que sin saber a ciencia cierta el tema de la remuneración se lanzan al vacío en pro de contribuir con esta gesta de transparencia.

Veremos qué sucede cuando lleguen las ternas a las manos del señor Presidente y esperemos que el artículo 73 de la ley que fue de esos negociados de manera inconsulta y que dejó una amplia discrecionalidad para poder ejercer de manera muy discrecional y sin mayores justificaciones la decisión de eliminar a alguno de los candidatos para ocupar el cargo de comisionado y se devuelva el proceso a fases anteriores. Debemos recordar que los gobernantes hicieron todo lo que estuvo a su alcance para postergar la entrada en vigor de la ley y estaremos vigilantes para que ahora que existe no se vaya a utilizar el texto de la misma, reglamentos e instructivos para que de alguna forma puedan lograr el objetivo inicial de postergar su pleno vigor. 

De por sí contamos con un reglamento que, si bien desarrolla la ley, limita el ejercicio de ese derecho puesto que se incluye una nueva categoría de información reservada, que es la “seguridad política”, en la que existe un concepto vago para evitar dar toda aquella información que pueda incomodar al gobierno. Este sería un ejemplo de un reglamento que vuelve inoperante nuestros derechos, que eventualmente serviría para encubrir la opacidad y que a mi criterio es una violación a nuestros derechos constitucionales. 

Insto a las organizaciones de la sociedad civil para que podamos llevar a candidatos independientes y capaces, exhorto a nuestros gobernantes, tanto del Congreso como del Ejecutivo, para que nos brinden claridad sobre el financiamiento de esta importante Institución que velará por el cumplimiento de la ley. Lo que se ha avanzado, y que le ha valido a El Salvador hasta reconocimientos internacionales por contar con una de las mejores leyes del planeta, se puede venir abajo con una implementación débil. 

El año 2012 trae retos importantes: elección de magistrados, cambio de  Asamblea Legislativa, dos temas que ocuparán los espacios mediáticos y pensamientos de nuestros gobernantes y dejar en segundo plano la correcta implementación de la ley. Este es el reto que tenemos todos para que no saquemos de la agenda nacional el tema de la transparencia, ya que, si priva la transparencia, también podemos contar con mejores y más visibles procesos de elección. 

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