Con el nombramiento del general Francisco Salinas como director de la Policía Nacional Civil termina de confirmarse el viraje total de Seguridad Pública en este gobierno. Es lo que el nuevo ministro de Seguridad, el general David Munguía Payés, probablemente pidió cuando asumió el cargo. Ahora controla todo el aparato y lo ha puesto, todo, en manos de militares.
Él mismo, además de ministro, quedó como coordinador del gabinete de seguridad, una función que antes desempeñaba el Secretario de Asuntos Estratégicos. En el Organismo de Inteligencia del Estado colocó a Ricardo Perdomo, un civil asesor suyo, y a un militar, el coronel Molina Montoya, debajo de aquel. Además, desde luego, la Fuerza Armada conservó el ministerio de Defensa.
El general Salinas, quien pasó a retiro justo el día en que fue nombrado director de la policía, es ahora, en palabras del presidente, un 'civil' y por tanto su nombramiento no contradice la prohibición constitucional de que un uniformado esté al frente de la policía. Con el mismo argumento, Funes también negó que se esté militarizando la seguridad pública.
Funes habrá analizado la conveniencia de entregar a los militares el gabinete de seguridad. Pero decir que no son militares, y decirlo públicamente, expresa o ingenuidad de su parte o irrespeto hacia los ciudadanos al negar algo tan evidente.
Supone el presidente que al hacerlo, al menos jurídicamente, ha salvado los impedimentos constitucionales para poner militares donde los puso. Corresponde a los magistrados determinar si la prohibición se ha salvado con la solicitud de baja de todos los uniformados. Pero más allá de la letra, el presidente ha violado el espíritu de la constitución. Las reformas constitucionales emanadas de los Acuerdos de Paz tienen una razón clara: apartar a los militares de la política nacional y del control de los aparatos de seguridad pública. Es una lección de la historia.
Este presidente ha hecho todo lo contrario. Ha dejado todo el aparato en sus manos. De paso, ha puesto en riesgo a la Fuerza Armada, porque ahora serán ellos los responsables de cumplir con la promesa del Ministro de Seguridad, de disminuir en 30 por ciento los homicidios en un año (le quedan diez meses), una promesa muy difícil de mantener.
No bastándole, Funes coronó el nombramiento del nuevo director con el llamamiento al coronel retirado Sigifredo Ochoa Pérez a formar una comisión limítrofe, como representante de la Fuerza Armada, y llamándole a volver al servicio activo.
Paradójicamente, esta semana el editorial de El Faro hacía eco de las palabras del mandatario en El Mozote, posicionándose fuertemente contra actitudes como la de Ochoa Pérez que saltó en defensa del coronel Monterrosa, quien estuvo al mando del batallón Atlacatl durante la masacre de El Mozote. Las palabras de Ochoa Pérez, desafiando al Estado, significaron el punto más bajo de la controversia desatada por el discurso presidencial. Pero el llamado para que vuelva al servicio activo, que le niega a Ochoa Pérez el derecho a seguir optando por una diputación en las elecciones de marzo, es una acción de poca estatura que está al mismo nivel que las declaraciones de Ochoa Pérez. Lo lamentable es que provenga del presidente. Y que abuse del Estado para callar a un opositor.
Es lamentable y alarmante, por los visos de autoritarismo. Pero además es paradójico que Funes llame a servicio activo a un militar como Ochoa Pérez, con más de dos décadas de retiro, pero que considere civil a otro como Francisco Salinas, que amaneció el 23 de enero siendo general activo y al mediodía ya estaba retirado y dirigiendo la policía.
Ojalá, dentro de dos décadas, el presidente de turno no se vea obligado a pedir perdón a nombre del Estado y ordenar a la Fuerza Armada que revise su paso por la seguridad pública en el Siglo XXI.
