No es mucho lo que el actual gobierno puede hacer a favor del desarrollo sostenible. Los tiempos son cortos y la lógica electoral domina la agenda nacional. No se van a superar, entonces, los grandes obstáculos en materia de gestión territorial, descentralización y equidad social. Lo anterior no significa que este período carecerá de coyunturas y presiones relacionadas con estos temas; por el contrario, 2012-13 será un tiempo que dejará huella en los temas relacionados a población, territorio y democracia. ¿Por qué?
La primera razón es que se vive un período caracterizado por la incertidumbre a nivel nacional e internacional, como resultado principalmente del difícil panorama económico de Europa y E.U.A. Pocos países son tan sensibles a la variación de la economía norteamericana como El Salvador (mercado de exportaciones, flujo de remesas y dolarización). Esto hace que las localidades vean afectadas sus actividades económicas e ingresos, estimulándose de esta manera la migración interna y externa.
La segunda razón es que la lucha frontal anunciada en contra las pandillas o maras se perfila como una ocupación policiaca-militar de barrios, comunidades y cantones, y la migración del problema a otros territorios. Es probable, entonces, que este iniciando un conflicto social de dimensiones desconocidas y que la injerencia de la economía criminal haga aún más compleja la respuesta estatal al problema de la inseguridad pública y violencia social.
La tercera razón es que próximamente habrá elecciones territoriales (alcaldes y diputados), y sus resultados seguramente cambiarán la actual aritmética legislativa y la distribución partidaria a nivel municipal, lo cual generará una transición entre los resultados de marzo y la toma de posesión en mayo de 2012. Esto es clave porque viene la elección de magistrados de la CSJ, Fiscal General y otros, así como la revisión de las finanzas públicas municipales.
La cuarta razón es que durante la actual campaña, los candidatos a alcaldes y diputados han prometido mejorar la seguridad pública y la economía familiar, cuando en realidad los nuevos funcionarios públicos no dispondrán de los medios ni de los recursos requeridos para enfrentar la creciente demanda ciudadana. Es decir, la presión social aumentará hacia los gobernantes y al no encontrar respuesta, la naciente democracia podría verse afectada.
La quinta razón es que la vulnerabilidad socioambiental del país hará que los próximos eventos naturales causen serios daños a la economía familiar y nacional Los alcaldes y diputados que resulten ganadores en las elecciones 2012 deberían trabajar seriamente con el gobierno nacional en la elaboración e implementación de una política de ordenamiento y desarrollo territorial, así como en el fortalecimiento del sistema de protección civil.
La sexta razón es que los partidos políticos tienen una gran oportunidad para enderezar el rumbo del país. El riesgo está en que las cúpulas partidarias opten por canalizar sus energías hacia las próximas elecciones y en alcanzar la silla presidencial en 2014, cuando lo relevante es construir un proyecto de país. La clave no está en quién obtiene más diputados y alcaldes, lo estratégico está en gobernar bien. Lo decisivo está en que los políticos y la ciudadanía construyan una plataforma programática y una base social para conducir democráticamente los destinos del país.
En resumen, los presentes y futuros funcionarios públicos (de elección popular) deben estar atentos para reconocer la oportunidad que tienen en sus narices y aprovecharla antes de que sea demasiado tarde. Ojala que no se aferren a planes absolutos o triunfos electorales maximalistas. Ideal fuera que los políticos se quitaran la venda de los ojos y leyeran la realidad nacional, para no perder la oportunidad de sacar adelante a El Salvador.
