Nacionales / Política

Diputados dispensan exigencias de calidad y seguridad a colegios privados

Sin previa discusión en la comisión de Educación, los legisladores de derecha unieron sus votos este miércoles para avalar que puedan operar sin problema unos 750 colegios privados que o carecen de planes curriculares aprobados o no cumplen exigencias de seguridad para enfrentar terremotos o incendios y que estaban amenazados de ser cancelados si no corregían su situación.


Jueves, 2 de febrero de 2012
Patricia Carías

Con 45 votos, los diputados de Arena, Gana, CN Y Pes pospusieron 18 meses la aplicación de las disposiciones de calidad que el Ministerio de Educación (Mined) exigió en 2009 a los colegios privados y que ponían en ruta de cancelación progresiva a las instituciones con peores condiciones de funcionamiento, según una clasificación vigente desde hace tres años.

La posposición de la cancelación oxigena a un 90% de 846 colegios privados salvadoreños que según el Mined no cumplen a cabalidad exigencias de suficiencia en prestación del servicio de enseñanza, en servicios físicos y de infraestructura, por lo cual habían recibido plazos para enmendar sus deficiencias.

Ante la inminencia de la cancelación de los que estuvieran en la peor situación y que no hubieran enmendado sus carencias, la Asociación de Colegiso Privados de El Salvador presentó esta semana una solicitud de prórroga que fue retomada por los diputados de derecha.

Con el decreto, las 846 instituciones educativas privadas que iniciaron funciones a inicios de este año podrán ofrecer sus servicios, aún sin contar con las condiciones adecuadas de educación y seguridad. Y es que de estos únicamente un 10% cuenta con la acreditación del Mined.

Entre las principales demandas, el Minister exige como requisitos básicos a los privados contar con la aprobación de sus programas curriculares y programas educativos complementarios; esto incluye enseñanza de otros idiomas y computación, planificación y organización institucional, infraestructura y servicios físicos; también requiere que tengan laboratorios de física y química, bibliotecas, espacios de recreación. Hasta el momento, más de 700 de estas instituciones incumplen estos requisitos.

Entre las exigencias de infraestructura, la principal queja de las instituciones fue la evaluación y aprobación de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Cuerpo de Bomberos o alcaldías municipales, que asegure que las instituciones cuentan con el espacio y todos los requerimientos de seguridad necesarios para sobreponerse a situaciones de riesgo como terremotos o incendios.

De acuerdo con los datos presentados por la Asociación de Colegios, estos cubren una cuota del 25% en educación nacional, por lo que se estima que este año atenderán aproximadamente a 500 mil estudiantes. En la mayoría de los casos, los estudiantes que optan por la educación privada son los padres de familia que pueden pagar los costos o aquellos que buscan seguridad para sus hijos.    

Con la prórroga, el Ministerio de Educación también contará con un plazo de 60 días para que se reúna con los representantes de los colegios privados y genere un nuevo instructivo para la acreditación de centros de educación privados.

El instructivo original fue creado en 2009 bajo la administración del actual ministro de Educación, Salvador Sánchez Cerén, quien eliminó la categorización de colegios privados que hiciera el gobierno anterior, basada en una escala de calificación por letras. De forma que todos los colegios que obtuvieron calificaciones 'B' o 'C' son algunos de los que solicitaron la prórroga en la Asamblea.

Con el nuevo instructivo, el Mined reevaluó a todas las instituciones y para este año había emitido plazos de hasta 90 días, a partir del inicio de clases anual, para que las instituciones cumplieran los requerimientos, caso contrario estas no podría ofrecer sus servicios.

El decreto aprobado queda ahora en manos el presidente Mauricio Funes, quien puede sancionar, objetar o vetar la decisión de los legisladores si la considera inconstitucional o inconveniente.

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