El gremio de los abogados seleccionó este fin de semana al juez Sergio Luis Rivera Márquez como su primera carta de presentación para el proceso de selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Rivera es magistrado de la Cámara Segunda de lo Penal y acumuló 1,973 votos de 25,000 posibles para afianzar el primer lugar de una lista de 15 candidatos que serán sometidos a consideración de la Asamblea Legislativa.
Según una primera lectura de los mismos abogados que votaron, entre los 15 seleccionados predominan abogados conservadores o etiquetados como allegados a partidos políticos de derecha, como Gana y Concertación Nacional.
'Al contrario de la elección anterior, cuando todos eran vinculados con la izquierda, ahora es al revés. Pero más que pensamiento político son personas que han estado cerca de sus gremios y que no se ha conocido un verdadero plan de trabajo, lo que han hecho son cocteles, fiestas”, dijo la jueza Nora Montoya.
Entre los primeros tres abogados más votados destaca el magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema Ulices del Dios Guzmán, quien aspira a la reelección para otros nueve años y quiere convertirse en presidente del máximo tribunal.
Una fuente de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes), organizadora de la elección del gremio de abogados, coincidió con la visión de Montoya en cuanto a que el sector de derecha resultó triunfador en la jornada electoral. 'Resultaron electos mucha gente de derecha y ellos esperan que la actual Asamblea Legislativa elija a los nuevos magistrados”, dijo la fuente, que pidió que no se le identificara por su nombre debido a su rol como organizador de la elección.
Por ley, la Asamblea Legislativa debe considerar dos listas de candidatos cada tres años para renovar un tercio de la Corte Suprema de Justicia. Una lista sale de la selección del gremio de abogados y otra lista de 15 candidatos la prepara el Consejo Nacional de la Judicatura. Hace tres años, sin embargo, los diputados terminaron eligiendo una nueva Corte que no necesariamente respondía a las propuestas de los abogados o a la del CNJ. Por lo tanto, la elección de este domingo no necesariamente es vinculante para los legisladores.
Aunque Rivera Márquez fue asesor en la creación de la Ley para las Escuchas Telefónicas y uno de los redactores del nuevo Código Procesal Penal, sus colegas no lo relacionan con ningún partido político. El gremio que apoyó su candidatura, el Círculo de Abogados Salvadoreños (CAS), es el mismo que sirvió de paraguas para candidatos vinculados con el partido Gana o con el PDC. “Tradicionalmente (sobre el CAS) se ha pensado que es de derecha”, admitió la fuente de Fedaes.
El CAS, por ejemplo, apoyó a Gloria Lizama de Funes, actual magistrada de la Cámara Especializada, quien ganó el segundo lugar de la lista con 1,916 votos. Ella es cuestionada por su vinculación con el partido Gana. Lizama fue la carta de este partido para la elección del titular de la Procuraduría General, en 2010, pero también destacó por haber obtenido una pobre nota de 3.60 en el examen de conocimientos realizado a los candidatos que en 2007 fueron seleccionados para dirigir los tribunales especializados contra el crimen organizado y las pandillas, una iniciativa del entonces presidente Antonio Saca.
En el caso de Rivera Márquez, este arrastra una mancha que apareció en su currículo hace ocho años. Como miembro del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, determinó que el expresidente del Banco de Fomento Agropecuario Raúl García Prieto, acusado de actos de corrupción, podía guardar arresto domiliciar mientras se resolvía definitivamente su caso. El Tribunal ya lo había condenado a siete años de cárcel por defraudación a la economía pública, pero justo antes de que se le notificara, García Prieto huyó. La defensa, entonces, alegó que ya transcurrido más del tiempo máximo que la ley establece para la detención provisional de alguien y pidió arresto domiciliar. El Tribunal accedió con la condición de que García Prieto se presentara.
Rivera Márquez asegura que la Corte resolvió aquella vez suspenderlo en sus funciones basada solamente en lo que publicaban los medios. 'Yo estoy abierto al escrutinio público, pero los medios de comunicación lo que publicaron fue que nosotros habíamos modificado la sentencia de siete años de cárcel por arresto domiciliar, y eso no fue así', dice.
Rivera Márquez dijo a la prensa que su intención había sido que el imputado cumpliera su condena. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia optó por suspenderlo. Él calcula que fueron alrededor de dos meses los que duró la suspensión, pero que en todo caso esta no fue impuesta como castigo sino como medida cautelar mientras se investigaba su actuación. Luego la Corte determinó que él no había actuado mal.
García Prieto huyó durante siete años y fue hasta octubre de 2011 cuando fue recapturado. 'Si ahora que se le ha recapturado se confirma la sentencia contra García Prieto, eso será posible porque yo en aquel momento así pensé que debía ser, dice'.
El magistrado de la Cámara Segunda de lo Penal tiene 17 años de ser juez y hace 15 años fue parte de la comisión redactora de la nueva legislación penal. Cuando se le pregunta a cuál Sala de la Corte Suprema le gustaría llegar, en caso de que la Asamblea Legislativa lo nombre magistrado, parece tenerlo claro: 'Por mi trayectoria profesional a mí me gustaría la Sala de lo Penal'.
El tercer lugar en la votación de este sábado se lo llevó Ulices del Dios Guzmán, con 1,620 votos, quien precisamente integra la Sala de lo Penal. Hace nueve años fue nombrado magistrado con el apoyo del Partido de Conciliación Nacional (PCN). Los abogados le dieron luz verde para la reelección, pese a que algunos de sus colegas magistrados lo cuestionaron en 2009 por participar con viáticos en un viaje oficial que lo llevó a la participación de foro denominado “la pupusa power” en Estados Unidos. Asimismo, ha sido acusado abiertamente por algunos de los magistrados de la Corte como un personaje que sabotea los intentos de resolver en sesión plenaria las denuncias de corrupción contra centenares de jueces.
El cuarto lugar de la lista quedó reservado para Armando Serrano, un litigante que logró liberar a varios procesados por el asesinato de la niña Katia Miranda, que defendió a editores de El Diario de Hoy en un pleito contra Cintec y que fue fiscal especial del caso ANDA. Serrano, además, participó a mediados de los 90 en el equipo de redactó la nueva legislación penal.
En la lista sigue Ricardo Mena Guerra, quien hace una década fue representante legal del MOP y luego pasó a dirigir el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio.
Finalmente, en la posición sexta, aparece alguien vinculado a la izquierda, representada en parte por el Foro de Jueces Democráticos –gremio que hace tres años logró ubicar al actual magistrado Sidney Blanco en el primer puesto de la lista-: el juez Martín Rogel Zepeda.
Cuando la Asamblea Legislativa tenga en sus manos la lista de los abogados y la del CNJ, procedería a nombrar a 10 magistrados: cinco propietarios y cinco suplentes, que durarán nueve años en sus cargos. La presente legislatura se enfrascó en un enfrentamiento con la Sala de lo Constitucional a partir de julio de 2010, cuando los magistrados emitieron sentencias que tocaron el poder de las cúpulas partidarias. Hubo diputados, como el secretario general del PDC (hoy Pes), Rodolfo Parker, que reiteraron su interés en destituir a los magistrados acusándolos de extralimitarse en sus funciones.
Es muy posible que la actual Asamblea, que termina funciones el 30 de abril, intente hacer la elección de la nueva Corte, que debe iniciar funciones en julio.
El Faro habló con el ganador de las elecciones, Sergio Luis Rivera Márquez, quien considera que se ubicó en esa posición “por la mano de Dios” porque realizó una modesta campaña.
¿Quién patrocinó esa campaña modesta?
No, ningún patrocinador. Primero fue el Círculo de Abogados Salvadoreños el que hizo eventos académicos y tuve el espacio para dar conferencias. La universidad Gerardo Barrios, la Universidad de Oriente, la Universidad Modular Abierta pusieron a disposición sus auditorios y ahí se hicieron eventos académicos. De ahí los espacios de algunos amigos que me invitaban a dar conferencias. No puedo hablar de cenas ni nada de eso.
Había algún candidato promoviendo la eliminación del examen de notariado. ¿Usted promueve también la eliminación?
Ahí tiene que ver el aspecto estructural, tiene mucho que ver. La Corte tiene una multiplicidad de funciones administrativas que muchas veces absorben el mayor tiempo de los magistrados, en detrimento de la función jurisdiccional. En eso está el problema del notariado, que viene a demostrar que la Corte no puede dar bien el ancho para cubrir tantas competencias. Hace cuatro años que no hay exámenes y los que se han hecho han sido para salir del apuro, estimaría que sería conveniente descentralizar esa función de la Corte.
¿Descentralizar la sección que evalúa a los notarios?
No, descentralizar los entes a los que les corresponde el manejo o todo el procedimiento para la autorización de abogados y notarios; por ejemplo, una opción es la creación del Consejo de la Abogacía y el Notariado. Son temas que requieren algún ajuste, estamos hablando a largo plazo; pero a corto plazo la Corte podría nombrar una comisión de notables, de gente con un elevado grado de nivel académico y ético a la cual se le encargue hacer el examen y calificar, que sea una prueba que permita medir conocimiento. No compartiría la idea de eliminar la prueba del notariado porque creo que en el país tanto que se cuestiona el nivel académico y es importante saber si entre los 15 mil abogados tienen el conocimiento que se requiere para ejercer una función notarial. Yo apoyo el examen, pero sin llegar al extremo que otros planteaban de hacer un diplomado porque eso haría más engorroso el procedimiento.
¿Es cierto que ese examen no se ha realizado en los últimos cuatro años porque hay gente en la Corte interesada en que no se autorice más notarios?
No he escuchado eso. El problema es estructural, en un lapso de 17 años la cantidad de abogados se ha duplicado. Las competencias que tiene la Corte ahorita las podemos asociar a las que tenía la Corte allá por los setenta, pero a estas alturas la sociedad está más compleja. La Corte no puede dar el ancho para cubrir todas las competencias.
Y cuando usted habla de descentralizar, ¿aceptaría delegar algunas funciones al CNJ?
En el tema de desplazar la carrera judicial a un consejo requeriría de una discusión nacional de mucha reflexión para determinar cuál sería la conformación. En la conformación actual no estaría de acuerdo que el manejo de la carrera judicial pasara al CNJ, y no me estoy refiriendo a la conformación de los actuales consejales, porque en el CNJ hay buenos consejales, pero de aquí a tres años puede ser que lleguen que no reúnan el perfil necesario. Yo le apostaría a una evaluación, así como en España, Italia, donde hay un Consejo de la Judicatura que puede manejar la carrera judicial pero de una forma más legal y, en el caso nuestro, la mayoría del Consejo está formada por gente que son litigantes, ahí se tiene que pensar qué tan conveniente es para el país en manos del Consejo el manejo de la carrera judicial. Si fuera con la conformación actual, yo optaría por dejar la competencia en manos de la Corte.
Pero la Corte ya tiene esas competencias y no ha dado muestras de efectividad…
Yo diría que si se replanteara la estructura del Consejo, con un porcentaje mayor de jueces, yo estoy de acuerdo.
Dígame tres cosas administrativas que la Corte debe dejar de hacer para dedicarse a temas importantes como la depuración judicial.
El tema de la sección de Probidad, habría que ver quién maneja eso, la Corte está para juzgar, no para estar examinando declaraciones patrimoniales de funcionarios. Ahí tiene ocupada a la Corte en algo que podría estar en otras cosas. El tema de la abogacía y el notariado; el tema de la carrera judicial, que es un tema bien delicado. El problema no es el cambio sino bajo qué estructura estaría el consejo conformado como para poder hacer viable el manejo.
Le pongo otro ejemplo: la Corte ha sido incapaz de decir si centenares de jueces y abogados denunciados por corrupción y negligencia son culpables o inocentes.
En ese tema pienso que los dos extremos son malos: impunidad y arbitrariedad. Cuando hablo de impunidad me refiero a que hay gente que realiza conductas indebidas y el sistema no da ninguna respuesta por alguna razón: mal procedimiento, lentitud, cualquier cosa, pero la cosa es que no hay una respuesta ante el evento que alguien ha cometido un hecho delictivo. Tiene que ver mucho la carga de trabajo de la Corte, tiene tantas funciones administrativas que es difícil que las cumpla todas. La misma carga que tiene la Corte la hace ser ineficiente en el tema de la depuración, yo creo que habría que hacer una reingeniería, de establecer un órgano encargado de investigar y otro de decidir. El problema es que tenemos una Sección de Investigación Judicial y para empezar los investigadores tendrían que ser expertos en el área del juez investigado.
¿La Corte no depura a jueces y abogados corruptos porque tiene malos investigadores?
Eso como que está fallando un poco. Yo siento que en la Corte hay un problema: por un lado una especialidad para investigar a un juez, imagínese que está investigando una resolución, en la Sección de Investigación Judicial debe tener una persona con un conocimiento casi similar al juez o magistrado investigado. Y luego nos vamos al otro extremo, arbitrariedad, la Corte con tanta carga que tiene, no tiene el tiempo para analizar aquellos casos disciplinarios y algunas veces toma decisiones muy arbitrarias, muy precipitadas, muy a la carrera porque no tienen el tiempo. Y ahí veo la idea de que hay muchas cargas que es tiempo de descentralizarlas.
¿Y qué haría si son otros magistrados los que se oponen a la depuración? Algunos funcionarios actuales han acusado al magistrado Ulices del Dios Guzmán de entrampar esa discusión.
En un ente colegiado son 15, lo que diría es que si se va a someter un caso: bueno magistrados, votemos y que razone cada quien su decisión, si se va tomar una negativa de yo no voto, no, pero la cosa es que sí vamos a estar en un ente colegiado.
Supongamos que no es un magistrado sino un bloque de magistrados que se ausenta de la discusión para sacar el tema de agenda.
Hay que empezar a llamar a los suplentes. Imagínese que la Sala de lo Civil para resolver un caso debe tener tres votos, mientras no haya tres votos no hay resolución, entonces cuando hay diferencias empiezan a llamar hasta que se conforman tres votos.
Usted estuvo en la comisión que redactó el nuevo Código Procesal Penal, no ha pasado ni un año y el ministro de Seguridad dice que necesita un nuevo paquete de leyes para combatir a la delincuencia. ¿Lo que propuso no resuelve el problema y por eso se necesitan otras leyes?
Yo parto de dos cosas: primero, se debe tener de punto de partida una visión integral y no… la parte penal es importante, pero no hay que quedarse con eso. El Estado, la sociedad civil, todos tenemos que actuar y no quedarnos esperanzados en que el sistema penal sirva para reducir la delincuencia. Mientras otros factores no sean abordados como la integración familiar, la actividad de los maestros, las iglesias, todos deben de poner su grano de arena. El otro tema, de reformas penales, a mi juicio más bien es de actitud, a estas alturas la delincuencia ha alcanzado niveles que sobrepasan la capacidad del Estado y se exige una respuesta integrada. Había una deficiencia muy elevada en el tema de la investigación y aquí tiene que ver la coordinación con la Fiscalía y Policía, ahí hay algún nivel de falla. La Policía no puede estar caminando por una senda y la Fiscalía por otra, tienen que integrarse. Hace tiempo se integró la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, se forma para discutir el problema y los abordajes de cara al delito, una idea que llevo de esto es que la coordinación debería llevarse a todos los departamentos, que cada uno de los representantes de uno de los elementos de la Comisión debería de discutirse en el interior.
Lo que usted plantea es que si la coordinación sigue fallando, todas las leyes que pida el ministro fracasarán…
En la coordinación hay que ver cuáles son las fallas que están cometiendo la Fiscalía, la Policía y los jueces, porque no las podemos limitar a un segmento. Un tema que para mí es de vital importancia es la protección a testigos, el sistema es muy débil. Yo diría que más que nuevos cuerpos normativos habría que apostarle a fortalecer a la Fiscalía, a la Policía, a los jueces y apostarle a las coordinaciones. Y cuando hablo de coordinación no significa que el juez se va a alinear en un sentido, la coordinación también es para discutir las fallas del sistema y que cada quien asuma correctamente.
¿Cómo califica el trabajo de la Sala de lo Constitucional?
Hay una parte muy positiva, han dado algunos fallos muy polémicos, ha habido posiciones contrapuestas. La Sala de lo Constitucional con la potestad de determinar la legalidad de una ley marca el ritmo del país, vemos en el tema electoral que ha habido unas decisiones importantes que han cambiado el sistema.
¿Y esos cambios son buenos o malos?
Hay algunos cambios muy positivos. Por ejemplo el tema de abrir los espacios para que la gente pueda escoger por el rostro de qué diputado votar, eso potencia la democracia. Hay gente que ha estado en desacuerdo, yo parto de que diferencias de criterio es normal verlas, más en un ente de 15 miembros y tomando en cuenta que la Corte debe estar conformada por personas que respondan a diversas corrientes del pensamiento jurídico.
Tan diversas eran en la Sala de lo Constitucional que el Ejecutivo y la Asamblea querían, por medio del decreto 743, imponer una corriente de pensamiento.
Probablemente el procedimiento estuvo demasiado apurado, pero… buscar la mayor cantidad de votos en una sala para poder dar resolución definitivamente tiene que ver con la sanidad que implica una decisión a nivel de Corte. No es lo mismo decidir a niveles inferiores cuando la trascendencia no es tan generalizada, pero una resolución de la Sala de lo Constitucional afecta a todo el país, es de pensar qué tipo de mayoría se va a requerir. Siento que aún con el 743 el trabajo de la Sala no era de pensar que se iba a entrampar porque están los cinco propietarios y no hay criterio que permita establecer una mayoría, pues entonces se va a llamar al suplente. Si se requieren cinco votos y están cuatro a uno, entonces que llamen al suplente hasta formar cinco votos. Eso es lo que hace la Sala de lo Civil.
Y en ese parámetro de diferencias, ¿la resolución del Juez Quinto de Instrucción que declaró nulo un caso porque el director de la Policía es militar tiene fundamento?
No quisiera opinar porque si en un dado caso se impugna me correspondería decidir.
Estos son los 15 candidatos del gremio de abogados:
1. Sergio Luis Rivera Márquez, 1,973 votos.
2. Gloria Lizama de Funes, 1,922 votos.
3. Ulices del Dios Guzmán Canjura, 1,621 votos.
4. Armando Antonio Serrano, 1,611 votos.
5. Ricardo Mena Guerra, 1,540 votos.
6. Martín Rogel Zepeda, 1,391 votos.
7. Saúl Ernesto Morales, 1,368 votos.
8. Doris Luz Rivas Galindo, 1,189 votos.
9. Ramón Iván García, 1,179 votos.
10. José David Campos Ventura, 1,062 votos.
11. Óscar López Jerez, 1,014 votos.
12. Ovidio Bonilla flores, 980 votos.
13. Eliseo Ortiz Ruiz, 924 votos.
14. María Venancia Zapata Cañas, 886 votos.
15. Alfredo Rigoberto Estrada García, 615 votos.
