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ANEP propone reformas para que magistrados de Sala Constitucional no puedan ser movidos a otras salas

El tradicional encuentro de la Empresa Privada concluyó con una serie de propuestas que pasan por aseguran al menos un 2% del presupuesto nacional a la Fiscalía General de la República y asegurar un mecanismo más estricto para la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.


Martes, 14 de febrero de 2012
Sergio Arauz

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) realizó este lunes la décimo segunda edición del Encuentro Nacional de la Empresa Privada, Enade 2012, en la que lanzó al país una propuesta de profundas reformas institucionales tendientes a mejorar la calidad de la democracia salvadoreña y a encaminar a El Salvador hacia el desarrollo humano.

El multitudinario acto convocó a los presidentes de los tres poderes del Estado, funcionarios de gobierno, magistrados, líderes partidarios, empresarios, sindicalistas y representantes de fundaciones y oenegés  de diferente índole. 

El fin último del encuentro lo resume un documento de 60 páginas que contiene el detalle de siete apuestas que la clase empresarial propone realizar en la próxima década. Las propuestas generales terminan con proyectos de ley que entregaron al presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes; al presidente del Ejecutivo, Mauricio Funes, y al presidente del Órgano Judicial, Belarmino Jaime. 

Una de las propuestas pide a los diputados que modifiquen las reglas con las que eligen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que los requisitos para llegar a tal cargo sean menos flexibles. Considera, además, que la Sala de lo Constitucional no está libre de interferencias dañinas de otras instituciones, como sucedió cuando entre la Asamblea Legislativa y el presidente de la República Mauricio Funes intentaron maniatarla, descontentos con sus fallos.

En esencia, dicen el documento, 'las reformas propuestas están motivadas por el hecho de que los procesos actuales de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte de la Asamblea Legislativa no aseguran la independencia y defensa del máximo tribunal de justicia de influencias provenientes de intereses políticos o de otra índole, mientras que la forma de toma de decisiones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sigue sujeta a ataques políticos, como quedó demostrado con la aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa, del decreto 743, que obligaba a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a tomar decisiones en forma unánime y no por mayoría'.

El documento habla de asegurar al menos tres requisitos para los futuros magistrados de la Corte Suprema: que posean publicaciones especiales en revistas académicas arbitradas, que tengan experiencia docente y que posean postgrados en alguna rama del derecho o de las ciencias sociales.

Los empresarios, casi en forma de advertencia, proponen un nuevo mecanismo para la selección de magistrados y auguran la posibilidad de que los partidos políticos busquen magistrados más cercanos a los idearios partidarios de cara a la próxima elección. Ante esa posibilidad es que dicen que existe el peligro de que la misma legislatura que nombró en julio de 2009 a los más nuevos magistrados, decida elegir a los próximos magistrados de la Corte, desnaturalizando la intención de que Asambleas distintas nombren a Cortes diferentes.

Ante ese riesgo es que proponen legislar sobre el tema. Dice la propuesta que hay que establecer en el artículo 131 de la Constitución de la República que una legislatura sólo podrá elegir una vez a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, salvo excepciones.

Sobre la Sala de lo Constitucional los empresarios también piden que los magistrados que la integren duren nueve años en sus cargos, y que no puedan ser trasladados a otras salas, como sí puede hacerse actualmente.

La ANEP también propone que la Corte de Cuentas se convierta en contraloría, y que el Tribunal Supremo Electoral sea separado para que una institución se dedique a impartir justicia electoral y la otra haga el trabajo administrativo como la preparación de elecciones.

Otra propuesta pide una reforma constitucional que asegure al menos un 2% de los ingresos corrientes del Estado para constituir el presupuesto anual de la Fiscalía General de la República. Con ello, se otorga independencia presupuestaria a una entidad que es clave en el combate del delito. Sin embargo, esta reforma debe acompañarse de un plan de profesionalización de la investigación del delito, transitando hacia la utilización de mecanismos científicos y personal especializado paratal efecto.

En la elaboración de la propuesta también participaron 126 organizaciones de diferentes especialidades y visión ideológica.

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