La Corte Suprema de Justicia movió de tribunal al juez que desafió al presidente de la república al desconocer la autoridad de Francisco Salinas, general en retiro nombrado como director de la Policía Nacional Civil. De los 14 magistrados que llegaron a la sesión de Corte Plena de este jueves, 10 resolvieron que la posibilidad de que el juez siga soltando delincuentes más peligrosos era suficiente para moverlo a un tribunal al interior del país.
—¿El argumento es que el juez podía 'soltar delincuentes más peligrosos'?
—Sí, el argumento es que ya resolvió dos veces de la misma manera y puede soltar delincuentes en casos más graves, dice un magistrado que participó en debate, pero prefiere no revelar su nombre para poder explicar más claramente lo qué paso en el pleno.
El magistrado que promovió la medida, Ulices de Dios Guzman, lo dijo con otras palabras al El Diario de Hoy:'Las resoluciones del juez eran peligrosas para la ciudadanía'.
Sin embargo, la decisión administrativa disfrazada de castigo no impide al juez de seguir desconociendo la autoridad del director de la PNC desde el juzagado de paz de Zaragoza, lugar en el que inició su carrera.
El juez sostiene que el nombramiento de Francisco Salinas como director de la PNC es 'una violación directa de la Constitución y va en contra de las reformas constitucionales que se hicieron derivadas de los acuerdos de paz, tendientes a limitar el ejercicio del poder militar.'
La primera sentencia del juez es del viernes 10 de febrero, cuando declaró nulo un caso contra un ciudadano salvadoreño acusado de resistirse a la autoridad. Al declarar nulo el caso, el imputado fue absuelto del delito por el cual se le perseguía. El martes 14 de Febrero fue publicada una segunda sentencia del mismo juez, quien volvió a desconocer al director de la PNC y liberó a dos acusados de receptación, comprar objetos de forma ílicita, en este caso: cuatro teléfonos móviles que se presumen fueron hurtados o robados.
La segunda sentencia conocida fue lo que motivó a los magistrados de Corte Plena, ante una expocisión de Ulices de Dios Guzmán, a discutir el traslado que ante la opinión pública es una sanción. Llegaron al acuerdo de sacar del juzgado quinto de instrucción a Lizama y mandarlo a un Juzgado de Paz del interior del país.
'Lizama empezó soltando a un acusado de un delito de bagatela y luego soltó a otro acusado de un delito un escalón más grave, ese es el argumento y el fundamento' comentó un magistrado que participó en la sesión de Corte Plena, pero que no intervino en el debate.
Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Mirna Perla y Marcel Oreste Posada se abstuvieron de votar y uno integrantes de Corte Plena no llegó, el magistrado Rodolfo González.Meléndez, Blanco y González se abtuvieron de votar porque si emitían opinión en el debate tendrían que renunciar al derecho de conocer el caso en la Sala de lo Constitucional. 'Yo le dije al magistrado presidente que me iba abstener de opinar porque el caso podía llegar a la Sala', comentó el magistrado González. Melendez también usó el mismo argumento al ser consultado por El Faro.
Lo inusual de este acuerdo de Corte Plena es que también fue firmado por el presidente, Belarmino Jaime, aunque no fue posible obtener la postura que llevó al presidente Jaime a firmar la medida.
El debate entre magistrados comezó el martes pasado, cuando el magistrado Ulices de Dios Guzmán promovió devolver al juez al tribunal donde estaba asignado Lizama cuando inició su carrera judicial.
En la sesión de ese día, 10 magistrados votaron por realizar una auditoría a las resoluciones del juez. Sin embargo, ante la segunda sentencia, los magistrados decidieron firmar un acuerdo administrativo que ordena el traslado. El puesto del Juez Quinto de Instrucción, silla que una vez ocupó el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, aún sigue vacante.
Lizama estaba en el juzgado 5to de instrucción como interino y al no poseer rango de titular o propietario del juzgado puede ser trasladado por una orden administrativa. En los casos de sanciones o destituciones, un juez titular tiene aseguradas las garantías necesarias para su defensa y un procedimiento de investigación más largo que inicia en el departamento de investigación judicial.
Los magistrados tienen facultades de firmar ordenes administrativas a partir de las deliberaciones de la Corte Plena. En este caso, ordenaron un traslado.
—¿El juez puede seguir desconociendo la autoridad del director de la PNC?
—Claro, pero desde Zaragoza, él no ha sido destituido, pero lo puede hacer desde Zaragoza, explica un abogado constitucionalista, que también aclara que Lizama no ha sido juzgado por haber infringido ninguna norma.
Los informes sobre jueces
El martes pasado hubo dos casos de jueces en la agenda de la Corte Plena. El segundo terminó en el desafuero del juez de Paz de San Antonio del Monte, Carlos Alfredo Castro Hernández, juez de Paz de San Antonio del Monte, a quién la Fiscalía General de República incrimina en una banda internacional dedicada al robó de vehículos de lujo.Una publicación de Diario El Mundo revela que en la banda el juez tenía la función de legalizar vehículos robados a partir de documentos falsos.
En ese debate, 11 magistrados votaron a favor de quitar el fuero al juez y autorizar el juicio. La Prensa Gráfica en su nota publicada el miércoles 25 de este mes lo consigna de la siguiente manera: 'Once magistrados votaron a favor de que se procese al juez. Cuatro votaron en contra: (Ulices de Dios) Guzmán, (Néstor) Castaneda, (Miguel) Trejo y (Mario) Valdivieso. “El proyecto de resolución lo repartieron ayer (lunes) al cierre de la tarde. No votamos por respeto al debido proceso”, explicó Guzmán.
