Quienes han expresado temor de que la legislatura saliente elija a la nueva Corte Suprema de Justicia pueden ir desmontando sus recelos: el FMLN, el único partido que por su cantidad de diputados puede bloquear la elección de los nuevos magistrados, se compromete a dejar que sea la Asamblea Legislativa venidera la que tome esa responsabilidad.
Los dirigentes del FMLN y los de Arena, cuyos diputados ya en julio de 2009 eligieron magistrados, aseguraron que a pesar de que la Constitución no explicita que una Asamblea solo puede elegir una vez magistrados de la Corte Suprema, el espíritu de la ley primaria es que cada Asamblea renueve una sola vez a un tercio de la Corte.
El compromiso surge en el momento en que un consorcio de organizaciones cívicas ha denunciado públicamente tener conocimiento de que hay legisladores interesados en repetir lo que hizo la Asamblea 2003-2006, cuando algunos de los partidos políticos, temiendo pérdida de poder en la legislatura entrante, eligió magistrados en las últimas semanas de mandato de la legislatura saliente.
“Nosotros siempre hemos pensado que a una legislatura le toca elegir una vez, aunque la Constitución no lo dice expresamente”, dijo Roberto Lorenzana, vocero del FMLN y miembro de la comisión política del partido de izquierdas, cuando se le preguntó si iban a elegir nueva Corte Suprema antes de finalizar sus tres años de mandato, aunque aseguró que la cúpula aún no lo discutía hizo hincapié en que el partido mantedría su postura.
El FMLN ocupa 35 de las 84 curules en la Asamblea y por ende tiene la llave de la mayoría de dos tercios que se requieren para elegir a los máximos jueces del país. Cinco magistrados terminan sus nueve años en mayo próximo, y los diputados ya tienen el insumo que necesitan para preparar la elección: la lista de 30 nombres de personas propuestas por el Consejo Nacional de la Judicatura y por el gremio de abogados. De esas 30 personas, la Asamblea debe escoger 10 para designar cinco magistrados propietarios y cinco suplentes.
La semana anterior, el martes 21 de febrero, representantes de Aliados por la Democracia -un conglomerado de más de 100 organizaciones cívicas- denunciaron que algunos diputados pretenden elegir nueva Corte Suprema en esta legislatura. Advirtieron que esa posibilidad va contra el espíritu de la Constitución de que a una Asamblea renovada le corresponda renovar a la cúpula del Órgano Judicial.
Ahora, tanto FMLN como Arena, que entre ambos suman 54 diputados, piden tranquilidad. El diputado Donato Vaquerano, jefe de los diputados de Arena y miembro del Consejo Ejecutivo Nacional del partido de derechas, negó que su organización tenga intención de adelantar la elección de magistrados. “Nosotros nos estamos de acuerdo con que se haga esta legislatura pero lógicamente no podemos obviar nuestra participación, si en un dado caso no lo pudiéramos detener. Nosotros quisiéramos participar si se diera, no somos impulsores pero no nos vamos a oponer”, dijo.
A Arena no le conviene que sea esta Asamblea la que elija, porque no tiene suficientes escaños como para bloquear la elección, mientras que sí aspira a tenerlos a partir del 1 de mayo próximo. A pesar de que en las elecciones de 2009 los ciudadanos le dieron ese poder al concederle 32 diputaciones, Arena sufrió una significativa erosión en octubre de ese año, cuando 13 de sus diputados se rebelaron y optaron por formar una nueva organización, sin más explicaciones que estar hartos de la 'derecha mercantilista' que según ellos representa Arena.
El proceso de renovación de magistrados de la Corte se lleva a cabo en dos etapas. La primera es la integración de dos listas de 15 candidatos cada una. La primera está formada por 15 abogados elegidos el 11 de febrero pasado en una votación organizada por laFederación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes). La segunda lista la propone el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), institución que este martes oficializó sus 15 aspirantes. El CNJ envió hoy mismo a la Asamblea los 30 nombres, de los cuales los diputados deberían escoger 10.
Aunque se supone que la Asamblea debe hacer los nombramientos a partir de las 30 propuestas, en 2009 hubo un entrampamiento que se resolvió hasta julio de ese año y bajo la mesa, y hasta con el concurso del presidente de la República, Mauricio Funes. Así surgió la presidencia de Belarmino Jaime, quien junto a otros tres de los cinco magistrados elegidos entonces se convirtieron en unos incómodos actores que con sus sentencias desde la Sala de lo Constitucional golpearon el poder de la presidencia de la República y de las cúpulas partidarias. Esas resoluciones llevaron a los diputados a intentar maniatar a los magistrados obligándolos a resolver por unanimidad y algunos plantearon repetidas veces la moción de destitución.
Tras conocer la nómina propuesta por el CNJ, el diputado arenero Guillermo Ávila Qüehl, miembro de la Comisión Política de la Asamblea y presidente de la Comisión de Legislación, hizo su valoración sobre la lista diciendo que estaba cargada de personas con carrera judicial: “Es un listado inclinado más al sector judicial que al sector profesional”. Luego dio a entender que le parecía raro que el CNJ hubiera enviado ya la propuesta de 30 nombres, como si quisiera ayudar a apresurar la elección. “No hay duda de que el CNJ ha hecho un súper veloz escogimiento, todo aparenta que quieren ponerle a esta legislatura los listados completos. Me parece extraño que habiendo tanto tiempo para elegir magistrados la manden con tanta anticipación, no sé si es para evitar presiones”.
Sin embargo, la discusión ahora es si a esta Asamblea le corresponde realizar dicha elección o no, dado que de acuerdo con algunos abogados constitucionalistas este es un tarea que deben realizar los legisladores únicamente una vez durante el período para el que son electos, esto a pesar que le Constitución no lo expresa directamente.
El tema de la posible renovación anticipada de la Corte surgió en las últimas semanas primero cuando la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), en su Encuentro Nacional de la Empresa Privada propuso reformas legales para, por ejemplo, garantizar que a los magistrados de lo Constitucional no se les trasladará de sala mientras dure su mandato de nueve años y que a cada legislatura corresponde elegir solamente una nueva Corte Suprema. Posteriormente, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) en uno de sus boletines planteó esa última propuesta, y la semana pasada el consorcio Aliados por la Democracia pidió lo mismo y denunció un supuesto intento de adelantar la elección.
Lorenzana subrayó que su partido no participará en ningún intento de elección anticipada de magistrados, pero habló con fastidio sobre los discursos que enarbolan ANEP y Fusades en estos días. “Yo siempre he dicho que sería bueno que ellas hicieran una crítica a lo hecho en el pasado porque la legislatura pasada eligió dos veces y eso no fue criticado, en su momento fue hasta aplaudido. Entonces si ahora es malo, antes también lo era”, dijo, refiriéndose a la doble elección que hizo la Asamblea del período 2003-2006 y que llevó a la Asamblea 2006-2009 a optar por no elegir magistrados.
Durante su Enade, la ANEP también planteó establecer en la Constitución que los magistrados de lo Constitucional no puedan ser trasladados a otras salas. Arena y FMLN coincidieron en que ellos entienden que la elección de estos magistrados es para nueve años. “En mi opinión estrictamente de abogado, yo considero que en la Constitucional se nombra a los magistrados por nueve años y yo sostengo que a pesar de que en la Constitución no está expresamente dicho, estos cuatro deberían de continuar en la misma sala”, expresó Ávila Qüehl, en referencia precisa a los cuatro magistrados contra quienes la Asamblea ha apuntado sus baterías en más de una ocasión, como cuando emitió el decreto 743 para obligarlos a sentenciar por unanimidad.
Vaquerano secundó a su correligionario. “En esta legislatura deberíamos impulsar que no se movieran. La Constitución tiene vacíos que pueden impulsar a que se muevan a los magistrados de la Sala de lo Constitucional pero el espíritu constitucionalista no fue ese”. Consultada sobre el mismo punto, la diputada Carmen Elena Calderón de Escalón subrayó que su partido entiende que a los magistrados de la Sala de lo Constitucional se les nombra para nueve años, por lo que no están pensando en trasladarlos.
En la bancada del Frente impera el mismo criterio. “Yo considero que eso no se puede hacer porque esta es la única Sala que se menciona en la Constitución y que la Asamblea elige específicamente con 56 votos”, dijo la diputada Margarita Velado, integrante de la Comisión de Legislación de la Asamblea. Exactamente lo mismo dijo Zoila Quijada, también diputada efemelenista.
Un criterio que para ambas bancadas inhibe la elección en esta legislatura es que la Asamblea saliente no representa más la decisión ciudadana expresada en las urnas en 2009, dado que a lo largo de estos tres años ha habido cambios significativos en los grupos parlamentarios que la forman. El principal fue la ruptura de Arena y que marcó el nacimiento de Gana. A ellos se suman el independiente Orlando Arévalo, que fue elegido como parte del ya desaparecido PCN, y la salida de tres de los cinco diputados del también ya extinto PDC para recalar en Gana. Otro diputado de Arena, Eduardo Gomar, coqueteó con Gana pero al final quedó independiente.
Los magistrados que están terminando sus nueve años de mandato son Néstor Castaneda, de la Sala de lo Constitucional; Mirna Perla, de la Sala de lo Civil; Ulices del Dios Guzmán, de la Sala de lo Penal, y Miguel Ángel Cardoza y Marcel Orestes Posada, ambos de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Guzmán, Castaneda y Cardoza quieren reelección. Guzmán ya dio el primer paso para ese propósito, pues logró que el gremio de abogados lo pusiera entre sus 15 favoritos, a pesar de los señalamientos directos que le han hecho sus colegas magistrados por supuestamente boicotear la depuración de jueces corruptos y por abusar de los recursos de la Corte Suprema de Justicia participando en actividades en el extranjero como el festival 'The pupusa power', a la que Guzmán asistió en 2008 con gastos pagados porque el viaje fue clasificado como misión oficial.
