Salvadoreños que solicitan asilo y viven como refugiados. Parecen expresiones del tiempo de la guerra, pero son muy actuales. Y es que los perseguidos y refugiados están volviendo a ser protagonistas de la migración salvadoreña. Las causas: persecución por pandillas e incapacidad del estado de garantizar su protección.
Rosa quiere vivir como refugiada en México. Es una salvadoreña, jefa de hogar y madre soltera de un hijo y una hija de la que escuché aquí en Tapachula. Su hijo mayor, con veintitantos años, era el sostén principal de la casa en El Salvador. Había conseguido un trabajo fijo de esos pocos que, en nuestro país, pueden durar para toda la vida. Después de un tiempo comenzó a recibir amenazas de muerte. Miembros de una pandillas lo matarían a él y su familia. Rosa decidió tajantemente que se irían. Lo hizo el día en que dos de los compañeros de trabajo de su hijo aparecieron descuartizados. De la noche a la mañana, los tres huyeron del país dejando su casa, amigos, trabajo fijo. Todo. Y así, prácticamente sin nada, cruzaron la frontera mexicana.
Este tipo de historias se han vuelto comunes en la frontera sur de México. Hombres, mujeres, familias enteras centroamericanas que huyen de sus países para conservar la vida. Señor X, extorsionado por pandillas y amenazado de muerte porque no pudo seguir pagando la renta. Mujer Y, con dos hijas menores de 10 años, ex pareja de un jefe de pandilla, violentada al intentar separarse de su pareja. Joven Z, soldado asignado a un penal, amenazado reiteradamente de muerte por pandilleros por no querer aceptar soborno. Familia de Rosa, amenazada de muerte por pandilleros debido al trabajo de su hijo.
Dice la Convención Universal de los Derechos Humanos que si alguien decide salir de su país por miedo de persecución “tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”, sobre todo cuando a ese miedo se suma la incapacidad y/o renuencia del Estado de dar protección.
Es este derecho al que muchos centroamericanos están apelando en México, Estados Unidos y Canadá. Y en el último quinquenio han sido tantos que, en 2008 la Washington Office on Latin America (WOLA) y, en 2010, la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) publicaron unas “Notas de Orientación” para evaluar las solicitudes de asilo de las víctimas de pandillas organizadas. Se escribieron con especial dedicatoria a Centroamérica, pues en el mundo somos la región que más gente expulsa por persecución de pandillas. Solo en 2011, México concedió asilo por esta causa a 37 personas salvadoreñas.
Para un solicitante de asilo es importante demostrar que el estado del que proviene es incapaz de protegerlo y garantizarle la vida. Los salvadoreños no tenemos mucho problema con eso. En las notas de orientación tanto de ACNUR como de WOLA se señala que las políticas hasta ahora implementadas en la región (en referencia especial a los planes Mano Dura, Super Mano Dura y utilización de militares como fuerza de seguridad pública) no se tomarán como prueba o parámetro de que los ciudadanos tiene acceso a protección eficaz del Estado. Todo lo contrario, a este tipo de políticas focalizadas en la represión relacionan el aumento de la violencia, la complicación del fenómeno de las pandillas y la disminución de la capacidad del estado para protegernos.
Por como van la cosas en El Salvador, ahora con ese “nuevo” plan de unidad nacional para la efectiva captura, procesamiento y condena de los pandilleros, me temo que tendremos más de lo mismo o peor. La continuación de políticas que apuestan solo a la represión da poca oportunidad para ser positivos. No nos extrañe entonces escuchar cada vez más de los refugiados, de los que huyeron, de esos que se fueron por miedo.
