Esta tarde de martes, Silvia Aguilar, dirigente de Gana y candidata a alcaldesa de San Salvador, está presentando la visión que su partido tiene sobre una Ley de partidos, y subraya la relevancia de que se conozca quiénes los financian. 'La identificación de los donantes es fundamental porque esos datos son útiles para saber los pagos de favores de un gobierno para compensar a quienes financiaron la campaña', dice al auditorio reunido en el hotel Real Intercontinental, de San Salvador. Luego explica el mecanismo que cree que funcionaría para regular el financiamiento a los partidos: 'Sería un fideicomiso ciego por medio del cual el candidato no sepa quién le está donando', dice, para dejar perplejos a quienes la acaban de escuchar decir que es fundamental saber quiénes donan.
Quizás las palabras de Aguilar reflejen el panorama que enfrentan los salvadoreños ante las elecciones legislativas y municipales del 11 de marzo, en cuanto al nivel de compromiso de los partidos con la transparencia de sus finanzas. En junio de 2010, reunidos en la Comisión de Legislación de la Asamblea, todos los partidos coincidieron en que la transparentación de sus cuentas y la revelación de sus donantes quedarían excluidas de la Ley de Acceso a la Información Pública, que entró en vigencia en mayo pasado. Esa sería materia para la Ley de partidos, dijeron.
Ahora que están pidiendo el voto, ninguno de los partidos políticos tiene un proyecto claro y libre de ambigüedades para impulsar que el público tenga acceso a la información sobre el origen del financiamiento que reciben. CD es el único que incluye que el público tenga acceso a todos los datos.
En el caso de Gana, Aguilar terminó diciendo el martes de la semana pasada que si el fideicomiso se construye sin saber quién dona, se combatiría el clientelismo porque los candidatos no sabrían a quién le deberían favores. Aguilar no aclaró cómo ese mecanismo evitaría que un donante le haga saber a un candidato que le ha hecho un aporte al fideicomiso. Lo que sí aclaró es que solo de permitiría a una institución contralora el acceso a la información sobre los donantes, pero dicha información no se podría hacer pública. Por ahora, la institución contralora estatal es la Corte de Cuentas, y uno de sus tres magistrados es el presidente de Gana, Andrés Rovira.
La presentación de Aguilar ocurrió en un foro organizado por Fundaungo, Funde, Flacso, UTEC y UCA, con el cual culminó un proceso de trabajo con cinco partidos políticos. Por el FMLN estuvo Norma Guevara, jefa de la bancada legislativa; por Arena la diputada Margarita de Escobar; por CD, el exdiputado Juan José Martel. El Partido de la Esperanza, según los organizadores, aunque participó en las sesiones previas, no llegó a la actividad de cierre. Y Concertación Nacional nunca atendió las invitaciones.
Los políticos salvadoreños llevan 16 años discutiendo una ley que, entre otras cosas, transparente el origen de los fondos que manejan los partidos. Ahora que está por elegirse una nueva Asamblea Legislativa, el rango de posturas va desde el partido que admite que ni siqueira ha discutido el tema, hasta CD, que ofrede en su plataforma impulsar una Ley de partidos que pase por permitir al público acceso total a la información sobre donantes y montos de financiamiento.
Juan José Martel, representante de CD en el foro, propone la creación de de una unidad especializada en la Corte de Cuentas para que esta fiscalice los fondos de los partidos y que esta información sea de carácter público. Esto, explicó, significa que tanto los miembros de los partidos, como el Estado y el público en general tendrían acceso a dicha información. La propuesta de CD es la que más transparencia garantizaría.
El FMLN y los otros partidos ofrecen transparencia, pero sus promesas son limitadas o tienen omisiones que los dirigentes o candidatos a diputados soslayan aclarar. La diputada efemelenista Norma Guevara, por ejemplo, dice que su partido quiere que la información sobre el financiamiento sea pública, pero se refiere exclusivamente al aporte estatal, no a fondos privados. Eso equivale a la situación que ya existe en el país.
En su propuesta de trabajo legislativo para el período 2012-2015 el FMLN incluye en la sección Sistema Electoral y Transparencia la promesa de crear una Ley de partidos que regule el funcionamiento y el financiamiento de dichas instituciones, pero no especifica qué tipo de regulación se haría ni si la información sería pública. Esta no es la primera vez que el FMLN promete la creación de dicha ley. La plataforma legislativa de 2009-2012 también incluía la promesa, que hasta la fecha está incumplida. Sin embargo, en el texto de la plataforma para la legislatura que todavía no termina, el FMLN se mostraba más enfático sobre la publicación de los donantes que ahora. 'Aprobación de la Ley de Partidos Políticos que obligue a transparentar y poner límites a sus fuentes de financiamiento', se comprometió el partido de izquierdas.
Casi tres años después de esa oferta, Guevara hizo una alusión al tema durante el foro de la semana pasada: 'Una ley debe contar con elementos básicos que deberíamos profundizar en un debate: (...) Transparencia e información. Debemos ser fuerzas políticas normadas por nuestros estatutos, comunicados con la sociedad'.
Cuando El Faro le preguntó sobre los mecanismos para fiscalizar los fondos de los partidos, la legisladora respondió que creía que la Corte de Cuentas y el Ministerio de Hacienda deberían cumplir con su rol fiscalizador, pero no quiso aclarar si esto significaba hacer pública dicha información. Cuando el público preguntó si creía conveniente la propuesta de CD, de crear una unidad especializada dentro de la Corte de Cuentas para que cumpliera esa función y que toda la información sea pública, la jefa de fracción del FMLN respondió que en su propuesta piden que la Corte fiscalice el financiamiento estatal de los partidos.
Sin embargo, en el FMLN hay voces que piden con claridad que el público tenga acceso a toda la información. La diputada Lorena Peña dijo a El Faro que su visión personal es que los partidos deben hacer público su financiamiento y la lista de donantes, y que el principio de transparencia debe ser cumplido para que la ciudadanía pueda escrutar quiénes financian a qué partido.
En julio de 2010 la comisión de reformas electorales inició el último intento por crear una Ley de Partidos Políticos, pero la discusión se atascó después de discutir solo tres artículos del proyecto de ley. Un año después Arena presentó una propuesta redactada por ellos, pero la comisión nunca debatió el proyecto.
En Arena tampoco hay un compromiso de allanar el camino al público para que pueda conocer quiénes financian a los partidos políticos. La Asamblea ha visto pasar por lo menos siete propuestas de ley en un período de 16 años, cuatro de ellas del FMLN. En 1996, Arena presentó una propuesta que pretendía fiscalizar el financiamiento del Estado, pero dejar sin regular el privado.
El partido de derechas también asegura que la transparencia y la regulación de los partidos políticos es necesaria y ahora propone una Ley de partidos políticos que consiste en que cada partido muestre sus cuentas y revele sus fuentes de financiamiento a las instituciones estatales controladas por partidos. En su propuesta legislativa argumenta la necesidad de evitar el financiamiento del narcotráfico y del crimen organizado a la clase política. Sin embargo, en su modelo de ley los donantes de los partidos no podrán ser conocidos por nadie más que los partidos mismos. Arena plantea que sea el Tribunal Supremo Electoral quien fiscalice el financiamiento obtenido por los partidos. En una entrevista con El Faro, el director de información de Arena, Ernesto Muyshondt, argumentó que no desean transparentar el financiamiento por miedo a que los donantes sean acosados fiscalmente.
Esta ha sido la posición histórica de Arena. Anteriormente han dicho que no pueden acceder a que se conozca quiénes son los donantes porque no se sabe si sus financiadores quisieran que se diera a conocer que dan aportes al partido de derechas.
Mientras la propuesta de CD es la más abierta, hay un partido que ni siquiera ha discutido dentro de sus filas qué debería incluir una Ley de partidos o si debería transparentarse el financiamiento. El recién formado CN, que surgió a partir de la muerte del PCN, no participó en el foro porque asegura que todos sus diputados y dirigentes están volcados a la campaña y están concentrados en viajar a los respectivos departamentos. El dirigente de CN Antonio Almendáriz dijo que su partido sí está interesado en la aprobación de una ley que regule a los partidos y su financiamiento, pero explicó que todavía no tienen posición sobre cómo debería ser la fiscalización de los fondos que manejan porque todavía no lo han discutido. Faltando una semana para las elecciones, CN todavía no ha presentado una propuesta de trabajo legislativo de la institución.
Cuando la Sala de lo Constitucional habilitó las candidaturas independientes en 2010, los diputados del entonces PCN fueron de los que argumentaron que no se deberían permitir las candidaturas no partidarias porque estas podrían ser una puerta para que el narcotráfico infiltrara el sistema político. Este argumento fue compartido por otros partidos como Arena. Entonces los argumentos eran que cualquiera podría financiar a un candidato no partidario, incluyendo el narcotráfico. Ninguno mencionó que eso también puede suceder con los partidos políticos ya que no hay un mecanismo para regular quién los financia, como ya ha sucedido antes.
En 2006 el diputado suplente del PCN, Roberto Carlos Silva Pereira, fue acusado de soborno y lavado de dinero y la Asamblea Legislativa le retiró el fuero constitucional para que pudiera ser procesado. Pero Silva Pereira se fugó a Estados Unidos. En Guatemala se le acusa de vínculos con el narcotráfico y de ser el autor intelectual del asesinato tres diputados salvadoreños al Parlacen. En 2009 El Faro reveló que el dirigente arenero Adolfo Tórrez le ofreció a Silva retirarle todo los cargos a cambio de medio millón de dólares. Tórrez fue expulsado de Arena y luego murió a causa de un balazo en el pecho. La fiscalía determinó que el exdirigente departamental de Arena se había suicidado.
Antes, a finales de 2004, el exdiputado William Eliú Martínez, del ya extinto PAN, fue apresado por Estados Unidos en Panamá y trasladado al país del norte para procesarlo por narcotráfico. Fue condenado dos años más tarde a 29 años de prisión por colaborar con los cárteles que transportan cocaína desde Suramérica hacia Norteamérica. Los cables de la diplomacia estadounidense filtrados por WikiLeaks mostraron que el Estado salvadoreño había investigado por narcotráfico a Martínez al menos desde 2001, pero optó por no procesarlo y ayudar a Estados Unidos para que lo capturara en 2003. En mayo de 2011 El Faro reveló que desde hace una década la agencia estadounidense DEA, la Fiscalía salvadoreña y varias instituciones estatales investiban a una organización dedicada al tráfico de cocaína, a la que están vinculados varios alcaldes y diputados.
De todos los partidos, el más ambiguo o tal vez contradictorio en su postura sobre la Ley de partidos o sobre cómo transparentar el financiamiento es Gana. En el foro del martes, Silvia Aguilar mencionó en un lapso de una hora que su partido estaba listo para dar los votos por una Ley de partidos y que al mismo tiempo creían que una Ley de partidos era algo excluyente y que sería mejor una reforma al Código Electoral en lugar de una serie de leyes especiales. El inicio de su discurso lo marcó la sentencia que hizo cuando planteó que no es correcto que se esté forzando a la Asamblea Legislativa a regular la materia. 'Lo que no podemos permitir es que de una manera forzada se esté obligando a la Asamblea Legislativa a estar legislando de una manera disparatada normas que a veces no son coherentes con el sistema', dijo.
