Pasaron las elecciones, se eligieron a los diputados responsables de guiar y regular el destino del país; el gobierno central está por empezar sus últimos dos años, tiempo para pensar en sus principales legados; y se termina un periodo de transición único en El Salvador que ha permitido relativizar y cuestionar muchos de los principios y tradiciones que nos regían. Razones todas ellas para pensar en el país, en lo que se puede hacer en estos dos años antes de las elecciones presidenciales para atender lo importante y urgente y afianzar el nuevo rumbo para la patria. Sin embargo, la atención de los medios de comunicación y de los diputados y sus partidos parece concentrada en discutir estrategias electorales, la distribución de plazas en directivas y en nombrar candidatos para futuras elecciones. Contrario a lo que el pueblo pide, no se tiene claro cuáles son las prioridades para el país y para el gobierno para terminar este periodo.
Enfocar en prioridades nacionales viables de ejecutar en esos dos años, es también del interés de los políticos y sus partidos. Los votos que ninguno de los partidos logro movilizar, aparte de sus votos duros, son principalmente aquellos que se sintieron decepcionados por falta de soluciones concretas a sus necesidades y problemas específicos. Ambos partidos tienen ahora posibilidades reales de ganar el ejecutivo el próximo periodo, ambos pues tienen interés en solucionar algunos de los problemas nacionales ahora, ambos tiene necesidad de pensar ahora lo que deberían ser la prioridades de lo que podría ser su gobierno, y es ahora cuando – sin saber quién es el ganador – que es más fácil lograr consensar esas prioridades. Pero para lograr eso se debe tener un enfoque de nación, alejándose de una estrategia de culpar al otro, de tratar de sacar ganancia inmediata populista y de un enfoque de línea dura, ya sea de derecha o izquierda; esas estrategias fueron las que no dieron resultado en esta pasada elección. Por su lado el Ejecutivo, tiene mucho que ganar y muy poco que perder con terminar su periodo mostrando resultados, liderando o por lo menos apoyando una estrategia basado en resultados, que deje claros sus principales legados. Otros actores claves de la vida nacional deben unirse, incluso quizás liderar, esfuerzos en esta dirección; ONG, universidades y gremiales, son por su propia naturaleza, muy adecuadas para desempeñar ese papel; entre más amplio el grupo y el espectro político de ellas mejor, recientemente hemos tenido buenos ejemplos de este tipo de asociaciones en el país.
La restructuración de las finanzas públicas; continuar las reformas al sistema electoral y de partidos políticos; definir, preparar y empezar los proyectos prioritarios de inversión pública para lo que queda de este periodo; preparar un plan de nación que pueda ser base de consenso para el próximo gobierno sin importar que partido gane; y consensuar y empezar a ejecutar la estrategia de seguridad ciudadana, deberían ser algunas de esas prioridades nacionales. Todas ellas son necesidades muy sentidas por la población, no son temas fáciles, pero son temas que hechos recientes demuestran que son viables de hacer en estos dos años.
Las finanzas públicas están en una situación delicada, ello es una tendencia que se empezó en los ochentas y que se agravó recientemente por la crisis económica mundial, no es pues culpa de un solo gobierno o partido, pero si es un problema importante pues de ello depende en parte la salud de nuestra economía, es también un problema que requiere atención inmediata. Este gobierno realizó quizás los pasos más difíciles como fueron las dos reformas fiscales con las que se logro subir los ingresos, pero falta por hacer, incluyendo controlar el gasto, siendo la focalización de los subsidios parte importante de ello. No se trata de eliminar los subsidios a los que de verdad los necesitan, los más pobres, pero sí de quitárselos a aquellos que no les son esenciales; más que eso, como los subsidios que existen ahora, es algo que el país no puede permitirse sin continuar agravando las finanzas publicas. Ejemplos de lo que no podemos permitirnos son el subsidio al diesel que se le da a los dueños de buses, el subsidio a la energía y al gas que no va a los más necesitados, el apoyo presupuestario fijo para la Corte Suprema de Justicia, etc. También esquemas de reformas sociales, como la reciente reforma al sistema de salud, que es eficiente y por sobretodo justa y equitativa, debemos preguntarnos si no es posible financiarla directamente – o por lo menos parcialmente - con un sistema de seguridad social como en la mayoría de países en desarrollo y no del tesoro público. Una reforma de salud financiada directamente con aportes de los usuarios no solo es más sostenible sino que es también la única forma de lograr extenderla a todo el territorio nacional. Pero para que la racionalización de esos subsidios sea posible es necesario que los políticos dejen de echarles la culpa de sus derrotas electorales, de que no usen promesas de aumentos de subsidios en sus campañas – promesas que además no cumplen – para lograr votos y que los ciudadanos seamos responsables y aceptemos y apoyemos esas medidas.
Las reformas al sistema electoral como el voto por candidato y el voto residencial dieron buenos resultados, falta continuar ese proceso para lo cual ya hay buenas iniciativas planteadas como son los concejos municipales pluripartidistas, la ampliación de los periodos de alcaldes, el cambio en la constitución del Tribunal Supremo Electoral, y la ley de transparencia de los partidos políticos. Todas están medidas han sido bastante discutidas, para todas existen propuestas y todas cuentan con bastante apoyo popular; es este pues un buen momento – para el país y para los políticos - para acordar y legislar estas medidas.
El gobierno central ha definido ya sus últimas grandes iniciativas de inversión pública, las cuales hacen sentido para un crecimiento económico y social: el Puerto de La Unión y su zona aledaña, la ampliación del aeropuerto y la zona Pacifica Costera, las cuales serán apoyadas por Asociación para el Crecimiento y Fomilenio II y las inversiones en ciencia y tecnología, el sistema de transporte del AMSS y caminos rurales, entre otros, que serán apoyados por créditos internacionales. Urge ahora concretar los detalles de esos proyectos y empezar sus obras para ayudar a dinamizar la economía.
Seguridad ciudadana es el gran tema, un tema que cobra todavía mayor actualidad por el pacto reciente con las pandillas. Ese pacto con todo su drama, lleno de metidas de pata, de mentiras y de preguntas éticas, ha demostrado, así como son los temas de la legalización de las drogas y el de la participación ciudadana, que existen otras formas de abordar el tema. Esos diferentes ángulos y posibles soluciones han incrementado también la esperanza de que se puede solucionar, de que el país puede enfrentar el problema, el elemento clave que todavía no está allí para la solución al problema es la transparencia, el quebrar la impunidad, y el Gobierno todavía debe demostrar que los recientes cambios en la PNC van en esa dirección.
Por último, es necesario empezar a pensar en el futuro, para lo cual es básico un plan de acción consensuado en sus componentes principales para el próximo periodo de gobierno. La iniciativa allí no puede ser partidaria sino más bien de sectores de sociedad civil pero en consulta estrecha con los actores claves nacionales, especialmente los partidos políticos. Ojala por el bien de El Salvador, la atención de los medios de comunicación, de los partidos políticos, de nuestros diputados, de la sociedad civil y del Gobierno, se vuelque ahora hacia los intereses de nación y algunas de las medidas antes expuestas reciban atención y se lleven a cabo ahora, sino estaremos desaprovechando, una vez más, un momento histórico.
